La Asociación Familiares de Víctimas del Delito y Tránsito de Mar Del Plata envió una nota dirigida al intendente Guillermo Montenegro, en relación a las recientes disposiciones de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en relación a la liberación de presos en el marco de la extraordinaria situación de la Pandemia por el Covid-19.-
Desde la ong dejaron en claro que no comparten el criterio adoptado en la resolución y manifestaron que es preocupante no solo para esta Asociación sino para toda la ciudadanía en general los acontecimientos de este tipo, atento que muchos individuos privados de su libertad estarán en las calles de la ciudad a la brevedad, “motivo por el cual dirigimos la presente nota a fin de solicitarle que por su intermedio se arbitren todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad de todos y cada uno de los vecinos del Partido de General Pueyrredón”.
En el comunicado, precisaron que hay pedidos colectivos de habeas corpus, en esta extraordinaria circunstancia de una petición colectiva interpuesto por la Defensoría Oficial de la Provincia de Buenos Aires podría beneficiar a procesados por distintos tipos de delitos, Violencia de Género, Violadores, Femicidas, Homicidios, Homicidios Culposos en fin delitos de todo tipo, que implica individuos sin trabajo ni reinsertados en la sociedad, “con una prisión domiciliaria sin ningún tipo de control atento la falta de tobilleras electrónicas como así también la falta de personal policial que pueda garantizar el cumplimiento de la prisión domiciliaria”.
Los integrantes de la Asociación señalaron que la medida alcanza a los presos que son grupo de riesgo y que están detenidos por delitos leves, “pero se les pide a los jueces que se analice la situación de otros internos, quedando de este modo al arbitrio de cada magistrado la disposición de la medida. Así también en el mismo sentido se resuelve que pueden acceder al beneficio quienes tengan condenas firmes que se vencen en el transcurso del año y que durante el 2020 cumplieran o lo hagan con el requisito de acceder a la libertad condicional, por lo cual en este contexto: ¿Cuantos son los beneficiarios del Penal que tenemos en la ciudad que estarían comprendidos en esta medida?”, se planteó.
Con este panorama, y una vez cuantificados se preguntaron ¿Dónde cumplirían las prisiones domiciliarias? ¿Quiénes supervisarían que las mismas se cumplan en la forma que fueron concedidas? ¿Qué ocurre con aquellos reclusos que no residen en la ciudad y que de todos modos denuncian un domicilio de cumplimiento aquí? ¿Cuál será el entorno familiar-social de contención económica, emocional, psicológica de ese liberado? ¿Y quiénes actuarán de sostén económica y social?
“Entendemos que ante la complejidad de estos interrogantes debe ser tratado como un tema PRIORITARIO y URGENTE en este Municipio, toda vez que las medidas dispuestas por el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires involucran la Seguridad de todos los vecinos e implica dentro de las facultades del poder de policía mantener el control de esta situación y la inmediata denuncia a las autoridades de aplicación de las violaciones o incumplimientos e intervención en caso de corresponder”, manifestaron.
De modo tal, desde la ong solicitaron al Intendente que se expida e instruya a la Secretaría de Seguridad del Municipio de General Pueyrredón y/o al sector que corresponda a fin de tomar un rol participativo activo en la Prevención, Vigilancia y Cumplimiento de estas circunstancias adoptando las medidas necesarias en resguardo de la protección de todos y cada uno de los vecinos de este municipio.
