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El jefe del bloque de diputados de Juntos por el Cambio en la Provincia, Maximiliano Abad, solicitó, a través de un proyecto de declaración, que se suspendan “todos los movimientos en curso del personal de las fuerzas de seguridad de nuestra provincia, que se encuentran prestando funciones en los distintos establecimientos penitenciarios y comisarías.”

El legislador radical argumentó la necesidad de interrumpir los traslados del personal esencial, ya que podrían ser reubicados efectivos desde zonas con circulación comunitaria del virus en otras jurisdicciones o comunidades donde la situación sanitaria se encuentra controlada.

Por eso planteó la “necesidad de instrumentar un protocolo de excepciones, con relación al requerimiento de personal jerárquico por parte de los intendentes, pero que la norma sea evitar que en la circulación de personas pueda afectarse la salud, tanto de quien es trasladado como la de la comunidad en su conjunto.”

Y agregó: “estamos al lado de los intendentes, cuya principal preocupación es la de sostener a los vecinos en cada municipio y que tienen realidades muy distintas. Algunos en fase 5, otros teniendo que retroceder sobre pasos ya dados. Ya suficiente tienen con todo lo que deben resolver, como para que el propio Estado les genere un nuevo problema. Por eso, tenemos que suspender la movilidad, pero, a su vez, ser creativos y poner todo el andamiaje institucional, como los Foros de Seguridad y demás canales de vínculo entre Provincia y Municipios, a disposición de los intendentes para simplificar la tarea cotidiana.”

“Hay una cuestión central y que no se puede soslayar: la tarea del Estado es prevenir la circulación y el contagio del virus, poniendo por delante los derechos de nuestros vecinos, como la integridad física y la vida de las personas. Por eso le pedimos al gobierno que cesen los traslados y la circulación del personal esencial de las fuerzas de seguridad, para cuidarnos entre todos, que es también cuidarlos a ellos”, concluyó.

El presidente de la Comisión de Producción del Concejo Deliberante, Guillermo Volponi, se mostró «preocupado» por los datos que diera a conocer la AFIP, acerca del cierre de más de 15.000 empresas y la pérdida de más de 284.000 puestos de trabajo al mes de mayo, durante los dos meses de cuarentena que transcurre en el país.

El concejal de Vamos Juntos hizo referencia a lo sucedido en los dos meses de cuarentena que reflejan los datos distribuidos de manera oficial por el ente recaudador: «los números son elocuentes. Estamos en presencia de una crisis sin precedentes, donde 18.546 empresas bajaron sus persianas mientras que 284.821 trabajadores han perdido su empleo. Esto no lo decimos nosotros, es el dato que tiene la AFIP en base a la caída de los aportes patronales y las bajas que se dan en materia empresarial», resaltó.

Para el dirigente del PRO «hacen falta más acciones concretas que integren a todos los sectores bajo la protección del Estado, y el Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto en este tema». Por eso, estimó que «se deben mejorar los mecanismos de sostenimiento de las pymes y fortalecer la ayuda que se distribuye a través del programa ATP, para contribuir a la continuidad de las empresas».

«Mar del Plata tiene serios problemas estructurales en materia de empleo», sostuvo Volponi, y reclamó «que se amplíe la asistencia a aquellos sectores a los que hoy no llega la ayuda oficial». En este sentido, explicó que «estamos observando a muchos trabajadores con problemas serios. Familias que antes tenían ingresos mensuales por trabajar de manera independiente y que en la actualidad han perdido gran parte de esos recursos. Se da mucho entre profesionales independientes y rubros comerciales que no pueden habilitarse, y que no se tiene certezas de cuando empezarán a funcionar. Muchos están íntimamente relacionados con la matriz productiva de nuestra industria regional, que es el turismo», sentenció.

Ayer, el gobierno a través de la AFIP dio a conocer datos que son duros: al mes de mayo -todavía falta la estimación de junio- había cerrado definitivamente sus persianas 18.546 empresas durante la cuarentena lo que significó que 284.821 trabajadores hayan perdido el empleo. Los datos son concretos y están basados en la pérdida de aportes que mide la AFIP, por lo que la caída es contundente.

Los concejales de Acción Marplatense, Paula Mantero y Horacio Taccone, sostuvieron que la crisis del transporte público en Mar del Plata exige decisión política.

Los ediles de la oposición manifestaron que el intendente Guillermo Montenegro «no se puede lavar las manos frente a los padecimientos que sufren miles de vecinas y vecinos por el recorte nocturno de los servicios. Debe intervenir para resolverlo en favor de los marplatenses y batanenses que hoy sufren los perjuicios de esta disputa».

«A las conductas inexplicablemente arcaicas de siempre del sector empresario, se suma ahora un conflicto que, sin conducción, solo promete más dificultades», agregaron.

Desde Acción Marplatense recordaron que «hubo una oportunidad perdida por parte del gobierno del señor Arroyo, quien otorgó una prórroga oscura y condescendiente al contrato iniciado en 2005; en lugar de finalizarlo y hacer una nueva compulsa de oferentes. Ahora, ‘el sistema’ envalentonado se resiste a entrar en el siglo XXI. Mientras otras ciudades avanzan y mejoran, Mar del Plata vuelve a tropezar con las mismas piedras», subrayaron.

Los concejales pultistas indicaron que, desde el contrato iniciado en 2005, por una licitación que no se quiso hacer internacional, «los principales responsables empresariales han optado por maltratar sistemáticamente a los usuarios, fraguar relaciones laborales para estafar al estado, resistir cambios y negar cualquier forma de evolución. La ciudad es víctima de un sistema prepotente y miope que nunca supo plantear sus necesidades a luz del día. No saben, no pueden o no quieren imaginar una relación justa con los vecinos y el estado.»

«Cuando hubo algún progreso, como el boleto gratuito para toda la educación pública primaria y secundaria, fue en base al compromiso de un gobierno municipal que lo impulsó contra toda resistencia. Hoy, las empresas y el gobierno miran para otro lado mientras, en medio de las dificultades de la pandemia, la gente es maltratada», recordaron.

Finalmente, precisaron que «incumplimientos contractuales, desórdenes en las prestaciones y conflictos a la buena de dios, empiezan a constituir un nuevo abuso del que toda la ciudad toma nota, para cuando llegue una nueva etapa, frente al contrato próximo a finalizar».

Mediante videollamada, presidentes y presidentas de bloque pudieron dialogar con la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Teresa García. «Tenemos un Estado Provincial muy fuerte, que está presente y nos acompaña durante esta pandemia en todo lo que necesitamos», destacó Marcos Gutiérrez

La reunión virtual se llevó a cabo este viernes y fue un puntapié para trabajar políticas públicas en conjunto para toda la región bonaerense. «Mantuvimos una reunión de más de cuatro horas con la ministra García junto a presidentes y presidentas de los bloques de concejales del Frente de Todos de los 135 municipios. Allí, evaluamos la situación de la Provincia con respecto al Covid-19 y si bien estamos en un momento complicado, destacamos la fortaleza de tener un Estado Provincial presente que nos acompaña y que nos brinda la contención que necesitamos», remarcó el Gutiérrez.

«Durante la cuarentena, estos recursos enviados al Partido de General Pueyrredon permitieron que el Municipio pudiera sostener diferentes políticas públicas. El Gobierno de Axel Kicillof envió a la ciudad más de $1.160 millones para compensar la disminución en tasas y otros ingresos, mientras que para el pago de salarios fueron casi $240 millones. Si a esto le sumamos que durante marzo y abril se enviaron 200 mil kilos de alimentos en la ciudad para Desarrollo Social, entendemos lo fundamental que resulta el aporte provincial».

Durante el encuentro, el bloque expuso las tareas realizadas desde Mar del Plata, con un esfuerzo mancomunadas con los distintos efectores de salud, y detallaron los espacios de diagnóstico y trabajo en común que surgieron. «Con estos encuentros avanzamos en los diálogos entre los cuerpos legislativos del Frente de Todos y el Ejecutivo provincial, y aportamos ideas y proyectos para que el Estado continúe presente en todo el territorio bonaerense. Sabemos que nadie se salva solo», finalizó Gutiérrez

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires realizó una sesión con formato mixto por contar con algunos legisladores de manera presencial y otros de manera virtual. “Se trató de una jornada histórica, de una experiencia positiva, en la que pudimos sesionar y aprobar temas importantes”, dijo la diputada Débora Indarte, quien participó e hizo uso de la palabra desde su domicilio en Mar del Plata.

En la oportunidad  se aprobó un paquete de leyes en relación con las medidas adoptadas por el Ejecutivo desde la declaración de la pandemia, entre ellas: la ratificación de todos los decretos del gobernador Axel Kicillof dictados en el marco de la Emergencia; la declaración de Estado de Emergencia Sanitaria en Geriátricos, de gestión Pública y Privada  y la regulación de su funcionamiento con protocolos específicos de prevención; la suspensión de ejecuciones por deuda en créditos hipotecarios, prendarios y contratos de locación; la incorporación de la Emergencia de Género en el marco de la Emergencia Social ya vigente; y la ratificación de la designación de los miembros de la Comisión Bicameral de Emergencia, en la que Indarte es una de las integrantes titulares.

Entre las iniciativas aprobadas, Indarte destacó la referida a la emergencia de género, tema sobre el que viene trabajando hace tiempo.

Indarte y Juan Pablo de Jesús, ambos representantes de la quinta sección electoral, del bloque del Frentes de Todos, tuvieron presencia en la sesión.

Al hablar ante sus pares, Indarte, expresó: “nos estamos haciendo eco de las necesidades de sectores básicos como las cooperativas farmacéuticas, que mientras algunas grandes cadenas especulan con la necesidad en el medio de esta pandemia, estas entidades llegan a donde no llega nadie más y garantizan que localidades y pueblo como Barker, La Dulce, Tapalqué y muchos otros tenga posibilidad de acceder a medicamentos”. Agregó que “cuidar a estas cooperativas, no es solo cuidar la provisión de medicamentos, sino también cuidar los miles de puestos de trabajo que esa actividad representa”.

Por su parte, De Jesús destacó “el enorme esfuerzo que están llevando adelante el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial y los municipios, que con esta crisis sanitaria en la cual estamos inmersos, han trabajado con mucha eficacia, con responsabilidad, con compromiso y dejando las mezquindades de lado, demostrando que hay una Argentina y una provincia unida”.

Si bien la sesión tuvo la particularidad de desarrollarse con la mayor parte de las y los diputados de manera remota, es importante resaltar que la actividad legislativa ya se venía llevando adelante. «Tiene que quedar bien en claro que la Cámara ya estaba funcionando. Hubo reuniones de presidentes de bloques, la semana pasada estuvo la capacitación por la Ley Micaela, hay videoconferencias con funcionarios y legisladores. De hecho en lo que va del año ya sesionamos más que en 2019», sostuvo.

En la misma linea afirmó que «sesionar desde casa es también la forma de cumplir con la cuarentena y cuidarnos» y consideró que «tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías porque posiblemente después de la pandemia se sigan implementando formas de trabajo virtual».

Por primera vez hubo paridad de género en el reparto de las autoridades de las comisiones y se hizo equitativamente, quedando conformadas de la siguiente manera: 22 presidentas y 24 presidentes; 26 vicepresidentas y 20 vicepresidentes: 31 secretarias y 15 secretarios.

La diputada marplatense comentó que “las medidas que tratamos en esta sesión especial son un complemento al esfuerzo que hacen los y las bonaerenses. Buscamos distintas herramientas que puedan complementar e integrarse con los programas que está llevando adelante el Estado Nacional y Provincial”.

En ese sentido, vale mencionar que la Cámara Baja provincial aprobó una aclaración de apoyo “al proceso de renegociación que lleva adelante el Gobierno de la Provincia, en consonancia con el Gobierno Nacional, cuya finalidad última es garantizar la sostenibilidad de la deuda, contemplando la capacidad de pago de la Provincia y permitiendo superar la crisis económica y social en curso”.

El presidente del bloque de diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad, presentó un proyecto en la Legislatura provincial para que las prestadoras de energía eléctrica que operan en la Provincia les facturen a las empresas y pymes el costo de la electricidad efectivamente consumida y no el de la potencia contratada.

Según explicó Abad, “esto funciona de manera análoga al paquete de la telefonía celular: se contrata un plan, y consumas o no la totalidad de los segundos que incluye ese plan, en la factura pagás la totalidad del valor contratado. Acá ocurre lo mismo, las empresas tienen contratada una potencia, pero con la producción frenada por la pandemia el consumo es sensiblemente menor, por eso creo que es necesario ayudarlas y propiciar un ahorro económico muy importante.”

El proyecto con la firma de Abad le pide al Poder Ejecutivo que «arbitre las medidas necesarias y gestione ante las empresas prestadoras de provisión de energía eléctrica que operan en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires (EDELAP, EDEA, EDEN, EDES, 199 cooperativas y la Usina de Tandil) que, por el plazo de 180 días, sólo perciban el valor de energía eléctrica efectivamente consumido, cuando este sea menor a la potencia contratada”.

“Hoy es imperioso que el Estado salga en auxilio de esos sectores de la economía formal. Una de las opciones es intentar bajar los costos fijos que operan sobre esas actividades, y más todavía cuando se encuentran en un virtual estado de paralización industrial, productiva y/o comercial”, sostuvo Abad.

Y resaltó: “El costo de la energía eléctrica es significativo, y lograr una proporcionalidad entre su uso efectivo y su facturación final aparece como una buena medida para bajar, aunque sea parcialmente, la presión de las obligaciones económicas a afrontar mientras dure la situación de parate económico”.

“De acuerdo con el relevamiento que hicimos, la mayoría de los establecimientos consume efectivamente menos energía eléctrica que la que tiene contratada y ese menor consumo debe implicar una reducción proporcional en el coso final del servicio. De esta manera logramos un aporte concreto, necesario y de alivio real a quienes producen y generan empleo”, concluyó Abad