Los Defensores del Pueblo de General Pueyrredón Fernando Rizzi, Luis Salomón y Daniel Barragán manifestaron su enorme preocupación por los crecientes pedidos de ayuda que llegan a la Defensoría vinculados al consumo problemático de sustancias por parte de personas e instituciones.
Luego de un estudio realizado por sus profesionales y consultas con los distintos efectores públicos responsables de la problemática y ONG´s que trabajan intentando dar respuestas a las demandas afirmaron que en el partido de General Pueyrredón «no existe una política pública para abordar lo que consideramos una epidemia».
En tal sentido, enumeraron que el Servicio Municipal de Adicciones, el CPA provincial y los efectores de Sedronar no cuentan con el personal suficiente, su personal en el caso provincial y nacional están precarizados, no cuentan con presupuesto para su trabajo y funcionan gracias al enorme esfuerzo de sus trabajadores que ponen todo de si para poder trabajar, hasta dinero de sus salarios para pagar viandas a personas a las que atienden pero a su vez están en situación de calle.
«Nación, provincia y municipio no tienen política pública para enfrentar una realidad que se agrava día a día. Quienes necesitan ayuda del estado para afrontar el consumo problemático no obtienen más respuesta que el enorme voluntarismo de los trabajadores de los tres estados en Mar del Plata y Batán», señalaron.
Para los defensores del Pueblo esta problemática que adquiere características de epidemia necesita que toda la comunidad se haga cargo de la solución pero es el estado quien tiene que llevar adelante una política única en nuestro territorio, coordinada entre todos los actores porque las consecuencias de no hacerlo llevan a que la vida en nuestros barrios sea cada vez más difícil.
«El nuevo gobierno nacional y el provincial serán responsables de dar las respuestas. En el caso del municipio las políticas del actual gobierno han desmantelado todas las herramientas para hacer frente a tamaña problemática, por lo que el nuevo gobierno municipal debe hacerse cargo de evitar que niños, niñas y adolescentes, hombres y mujeres sigan sufriendo las consecuencias de la inacción y el abandono de personas condenadas a su destino, manifestaron.
«Los Defensores demandamos respuestas para víctimas que hoy no tienen posibilidades de recuperación, concluyeron.
