Un total de 13,2 millones de hectáreas de tierras argentinas ya se encuentra actualmente en manos extranjeras, un porcentaje que equivale a casi el 5% de toda la superficie continental del país. Es un territorio similar al de las provincias de Santa Fe o Santiago del Estero, y unas diez veces la superficie de las Islas Malvinas.
Esas tierras rurales no se distribuyen de manera homogénea. Las mayores concentraciones aparecen donde confluyen algunos de los principales activos estratégicos del país: agua dulce, minerales críticos, puertos, bosques, infraestructura energética y pasos fronterizos.
A nivel provincial, ninguna provincia supera el límite del 15% establecido por ley. Las que cuentan con el mayor porcentaje de sus tierras extranjerizadas son Salta (11,4%), Misiones (11,3%), San Juan (10,4%), Mendoza (9,1%), Catamarca (8,2%) y Santa Cruz (8,1%).
En cambio, hoy existen 31 departamentos y municipios donde la participación extranjera supera el límite del 15% previsto por la ley vigente. Casi la mitad son departamentos fronterizos, y algunos superan el 50%, como San Carlos y Molinos en Salta, y General Lamadrid en La Rioja.
Entre los recursos asociados a estos territorios en manos extranjeras, el corredor del Paraná contiene puertos, industrias y centrales nucleares.
En el Noroeste y la zona de Cuyo hay proyectos de cobre, litio y oro con una alta concentración de glaciares, recursos hídricos y pasos internacionales; en el Noreste, la extranjerización se concentra en el corredor forestal del norte de Misiones y Corrientes, con industrias madereras y los recursos hídricos de los humedales, mientras que en Patagonia la mayoría de las tierras en manos no argentinas se concentra en torno a lagos, ríos, bosques y cuencas de origen glacial compartidas con Chile.
Más allá del revés en el Congreso, ya que por falta de apoyos la Casa Rosada decidió retirar el capítulo que proponía liberar la compra de tierras, este modelo es reivindicado por el Gobierno como un ejemplo del tipo de inversiones que busca atraer con la reforma. Durante su discurso en la Sociedad Rural, el presidente Javier Milei sostuvo que la flexibilización de la ley permitiría desarrollar actividades como la industria forestal, el riego o determinadas economías regionales y estimó inversiones por US$15.000 millones.
La ley vigente fue sancionada en 2011, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de limitar la concentración de tierras rurales en manos extranjeras sin afectar los derechos adquiridos. Por esa razón, en los lugares que ya superaban los límites establecidos permanecieron en esa situación y hoy existen 31 departamentos y municipios por encima del tope legal.