Un crédito superior a los $52.600 millones para un desarrollo inmobiliario en Mar del Plata terminó convertido en una tormenta interna dentro del Banco Nación y derivó en una intervención de la Justicia Federal local.
El episodio involucra a Jardines de Chauvín SA, una sociedad constituida en junio de 2024 que pretendía levantar dos torres de 23 y 16 pisos, con 238 unidades, sobre un terreno de unos 5.700 metros cuadrados ubicado en Larrea al 2800, en el barrio Chauvín.
La empresa tiene como accionista mayoritario a Mariano Jinkis, quien junto a su padre, Hugo Jinkis, reconoció recientemente en Estados Unidos haber pagado sobornos a dirigentes del fútbol sudamericano entre 2010 y 2015, en el marco del denominado FIFAgate.
La particularidad del caso es que, según una auditoría interna del propio Banco Nación, el financiamiento no se originó en Mar del Plata ni fue inicialmente solicitado por los desarrolladores, sino que fue impulsado desde la Casa Central. Incluso, el área de Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios habría tomado contacto con el estudio de arquitectos vinculado al proyecto para conseguir los datos de Jardines de Chauvín.
La operación comenzó a generar reparos cuando el gerente zonal Atlántico del Nación, Pablo Pourrere, advirtió que la sociedad tenía un balance irregular, no registraba ingresos en el ejercicio analizado y carecía de antecedentes propios que justificaran las obras que aparecían consignadas en la documentación. Entre esos antecedentes figuraban construcciones de 2014, 2017, 2020 y 2021, pese a que Jardines de Chauvín había sido constituida recién en 2024. Pourrere pidió además una evaluación externa del proyecto.
La tasación realizada por Serinco SRL valuó el emprendimiento en unos US$35,6 millones, equivalentes entonces a aproximadamente $52.638 millones. Sin embargo, en uno de los documentos enviados desde Buenos Aires se produjo un error que reducía el costo a $35.600 millones. El Banco detectó posteriormente la equivocación y elaboró un nuevo documento con el monto correcto, pero ambos papeles llegaron a Mar del Plata con semanas de diferencia.
También se demoró el envío de un informe de la Subgerencia General de Integridad que advertía sobre el antecedente de Jinkis y recomendaba aplicar un criterio reforzado de debida diligencia.
El 3 de marzo, desde Buenos Aires enviaron a Pourrere un modelo de resolución para avanzar con la operación. El gerente se negó a firmar. Y poco después apareció otro frente: una resolución del Directorio del Banco Nación dispuso su traslado a una sucursal de Reconquista, en Santa Fe, a unos 1.300 kilómetros de Mar del Plata y en una categoría inferior. Pourrere denunció que la medida podía constituir una represalia por su negativa a avalar el crédito. El Banco, por su parte, negó cualquier relación entre ambas situaciones y sostuvo que se trataba de procedimientos independientes.
La auditoría interna terminó agregando nuevos elementos al expediente. El informe detectó “deficiencias” e “inconsistencias”, debilidades en la documentación respaldatoria, falta de evidencia sobre experiencia comprobable de la sociedad en la construcción de viviendas y ausencia de documentación que acreditara el vínculo entre el estudio de arquitectos y Jardines de Chauvín. También señaló riesgos vinculados con un eventual otorgamiento inadecuado del préstamo, posibles pérdidas económicas y riesgo reputacional para la entidad.
Finalmente, el 18 de mayo, el Banco Nación decidió rechazar la asistencia crediticia solicitada por Jardines de Chauvín, invocando factores de riesgo reputacional e integridad. Es decir, los más de $52.600 millones que habían estado en el centro de la controversia nunca llegaron a ser desembolsados.
Pero el conflicto no terminó allí.
Pourrere, con 36 años de trayectoria en el Banco Nación y una década como gerente zonal, recurrió a la Justicia para cuestionar su traslado. El juez federal subrogante de Mar del Plata, Bernardo Bibel, hizo lugar a una medida cautelar y dejó en suspenso la decisión al considerar, en principio, que el traslado no aparecía debidamente fundado en razones objetivas y técnicas.
El magistrado también cuestionó que la resolución del Directorio invocada por el Banco no hubiera sido adjuntada oportunamente al trabajador y que se pretendiera concretar el traslado con apenas cuatro días hábiles de anticipación.
Así, una operación inmobiliaria que comenzó como un financiamiento millonario terminó abriendo varios interrogantes dentro del principal banco público argentino: cómo se impulsó la solicitud, por qué una sociedad recientemente constituida fue considerada para recibir semejante volumen de financiamiento, por qué aparecieron inconsistencias en la documentación y si existió o no una relación entre la negativa del gerente y su posterior traslado.
Por ahora, el Banco Nación sostiene que el crédito fue rechazado por la gerencia correspondiente y que el traslado de Pourrere había sido decidido previamente, por lo que ambas cuestiones no tienen relación.
La Justicia Federal de Mar del Plata, mientras tanto, ya puso un freno al traslado y deberá analizar los argumentos de las partes.
Fuente principal: LA NACION