En el marco del «mes de la mujer», el legislador provincial Rodolfo Manino Iriart volvió a insistir con la necesidad de avanzar en el debate y sanción de proyectos de ley que presentó para hacer frente a la violencia familiar y de género. Entre sus iniciativas se destacan la idea de crear un «registro de violentos» y reformar la legislación vigente para sancionar a los que violan las órdenes de restricción de acercamiento.

«No se puede seguir esperando. Les pido por favor a diputados y senadores que escuchen el clamor popular», dijo Iriart. Y agregó: «Lo hablamos permanentemente con integrantes de la Multesectorial de la Mujer, con jueces y fiscales, también lo charlábamos en la marcha el Día de la Mujer, es prioritario llevar adelante políticas públicas integrales en esta temática».

«Sabemos que hay falencias en distintos ámbitos del Estado, tal como se expuso este miércoles en la jornada realizada en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon. Cada cual, cada Poder estatal, debe hacerse cargo de lo que corresponde en su espacio de acción. Mi obligación y compromiso como diputado es legislar, proponer herramientas legislativas», afirmó.

Luego señaló: «Está claro, por ejemplo, que en muchos casos falta personal y equipos interdisciplinarios para atender esta temática. Como ha manifestado en reiteradas oportunidades la jueza de Familia Alejandra Obligado, el Gobierno tiene que hacerse eco y dar  respuestas».

LOS PROYECTOS

Recordemos que el diputado Iriart presentó un proyecto para crear un «Registro Provincial de Infractores de las Leyes de Protección contra la Violencia Familiar y de Género» que funcionaría en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa para crear el registro ya está en la Legislatura. Iriart explicó que el proyecto insta al Poder Ejecutivo a llevar “un registro unificado de casos atendidos por los organismos competentes, elaborando anualmente un informe estadístico de acceso públicoque permita conocer las características de quienes ejercen o padecen violencia y sus modalidades, tipos de violencia, medidas adoptadas y sus resultados para el diseño de políticas públicas, investigación, formulación de proyectos y producción de informes”.

El legislador afirmó que se «considerará ‘infractor’ a toda persona que fuera condenada en proceso judicial llevado adelante por infringir la normativa de protección contra la Violencia Familiar y de Género».

Además, el proyecto prevé conformar una base de datos unificada que contenga la información que reciba de todas aquellas dependencias públicas en las cuales tramiten o hayan tramitado causas por violencia familiar y de género.

Por otro lado, con el fin de mejorar la efectividad de la Ley provincial 12.569, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica, Iriart ha propuesto hace ya tiempo  introducir dos modificaciones. La primera de ellas hace referencia al artículo 3 de la ley, para ampliar el espectro de denunciantes (facultando a cualquier persona que tome conocimiento del hecho de violencia), incorporar el impedimento para levantar los cargos por parte de la víctima e incorporar la obligatoriedad de elevar la denuncia a la autoridad judicial correspondiente dentro de las 24 horas por parte de quienes se desempeñen laboralmente en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud en el ámbito privado o público. Asimismo, la modificación propuesta resalta la posibilidad de que los profesionales incumplan el secreto profesional en el caso de que pudieran evitar un suceso trágico o violento.

Se establece la necesidad de incorporar una sanción frente al incumplimiento de una orden judicial por parte del victimario.
Un aspecto saliente es que mediante el proyecto de ley, Iriart destaca que “ante el incumplimiento  de las obligaciones impuestas en esta ley (respecto de la restricción de acercamiento a la víctima), como así también las medidas judiciales dictadas en el ejercicio de las facultades ordenadas en ella, se pondrá en conocimiento del Juzgado o Tribunal, quienes podrán requerir el auxilio de la fuerza pública para asegurar su acatamiento, como así también evaluar la conveniencia de modificarlas,  ampliarlas o dictar otras medidas al efecto”.

“Sin perjuicio de ello, el Juzgado, Tribunal o la autoridad que constate la desobediencia a la orden judicial dictada, deberá dar inmediata comunicación al Fiscal de turno y competencia, y por cualquier medio fehaciente, a los efectos de que se tomen las medidas que correspondan”, agrega Iriart.