El Senado se apresta a convalidar este miércoles la prórroga de la declaración de emergencia alimentaria en la Argentina hasta 2022, durante una sesión especial en la que el oficialismo y la oposición acordaron un debate sin dilaciones.
Si bien se adelantó que el objetivo será concretar una sesión breve, el modo en que el tema será puesto a consideración en el recinto de sesiones se acordará durante la reunión de Labor Parlamentaria. que se realizará dos horas antes de la sesión.
En una nota firmada el jueves pasado por los senadores del oficialismo, la vicepresidenta y presidenta del Senado, Gabriela Michetti, convocó para mañana a las 14 a una sesión que devolverá la actividad a una cámara paralizada desde julio por la campaña electoral.
La convocatoria oficial confirmó el acuerdo al que arribaron el oficialismo y la oposición en las últimas horas para no dilatar la aprobación de la norma, que recibió media sanción de la Cámara de Diputados hace una semana y casi por unanimidad.
El senador de Cambiemos Esteban Bullrich confirmó en ese sentido que no habrá «mayores dificultades» para sancionar la ley.
El jefe del interbloque de Senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, ratificó a Télam que se buscará que la discusión no se extienda por muchas horas pero aclaró que le permitirán hacer uso de la palabra a todos los que quieran hablar a diferencia de lo que ocurrió en Diputados, donde hubo un solo orador por bloque con un tiempo acotado a cinco minutos de discurso.
El proyecto reúne una decena de iniciativas impulsadas por diferentes bloques de la oposición y plantea la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022 de la Emergencia Alimentaria Nacional, además de impulsar la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional.
También establece «un incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición».
Además, faculta al Jefe de Gabinete a «disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias» para poder destinar fondos para aplicar esta ley.
También se autoriza a partir del 1 de enero del 2020 y hasta que dure la emergencia, al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencia el aumento de la inflación y la variación de los productos de la canasta básica.
A lo largo de la ley se establece que «el derecho humano a una alimentación adecuada: se asume como una política de Estado que respetará, protegerá y promoverá un enfoque integral dentro de un marco de políticas públicas contemplada en cada «Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional» que apruebe el Congreso de la Nación.
También se fija que la Sindicatura General de la Nación, en orden de auditor interno del Poder Ejecutivo Nacional, instrumentará de manera anual un control periódico respecto de la aplicación de recursos y gastos.
La Cámara de Diputados aprobó hace una semana por amplia mayoría el proyecto consensuado por los bloques opositores para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria en la Argentina, lo cual implica un aumento en un 50 por ciento de los recursos destinados a este fin, por un monto de 10 mil millones de pesos.
La iniciativa, aprobada por 222 votos en general y una abstención de la diputada de la Izquierda Socialista Mónica Scholotthaauer, contó con el respaldo de todos los bloques parlamentarios, incluido el oficialista Cambiemos, en la primera sesión que realizó la cámara baja después de las PASO y luego de tres meses sin sesionar. (Télam)
