El transporte público de pasajeros de Mar del Plata vuelve a quedar en el centro de la polémica. La Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) presentó un nuevo pedido de actualización tarifaria y pretende llevar el boleto plano de los actuales $1.922 a $3.015,83. Se trata de un incremento del 57% que, de aprobarse, ubicaría el costo del pasaje por encima de los tres mil pesos.
La solicitud fue presentada ante la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda del Municipio y está fundamentada en un estudio de costos actualizado al 31 de octubre. Los empresarios sostienen que el sistema atraviesa un fuerte desequilibrio económico-financiero que dificulta afrontar los gastos de explotación y mantener la prestación en las condiciones actuales.
Entre los factores que explican el reclamo mencionan los incrementos salariales acordados con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el encarecimiento de los combustibles, los repuestos y otros insumos, además de las demoras en el pago de subsidios y compensaciones. Según la cámara, la brecha entre los ingresos y los costos reales ronda el 60%.
Uno de los puntos centrales del planteo está relacionado con el esquema de subsidios. Cametap señala que el 45% de los pasajeros que pagan boleto utiliza el Atributo Social de la tarjeta SUBE, que contempla una bonificación del 55%, cuyos reintegros nacionales acumulan demoras superiores a los 60 días. También sostiene que más del 25% de los viajes corresponde a pasajeros con gratuidades que no reciben una compensación económica para las empresas.
A ese escenario se suma una caída interanual en la cantidad de pasajeros que abonan el boleto, lo que profundiza el deterioro de los ingresos. En ese contexto, los empresarios advierten que, sin una recomposición tarifaria, podría verse afectada la regularidad y hasta la continuidad de las prestaciones. Aunque no anunciaron formalmente una medida de fuerza, la advertencia vuelve a instalar el fantasma de una interrupción del servicio.
Un servicio cada vez más cuestionado
El reclamo empresario aparece en un momento particularmente sensible para el transporte marplatense. Mientras las compañías argumentan que necesitan mayores ingresos para sostener la actividad, los usuarios manifiestan un creciente malestar por las condiciones en las que funciona el servicio.
Las quejas por las frecuencias, las demoras, el estado de las unidades y las condiciones de seguridad forman parte de un escenario cotidiano que alimenta el descontento de los pasajeros.
De esta manera, el debate vuelve a exponer las dos caras de un sistema que acumula dificultades: por un lado, las empresas reclaman una actualización que consideran indispensable para sostener la actividad; por el otro, los usuarios deben afrontar tarifas cada vez más elevadas sin encontrar, necesariamente, una mejora equivalente en la calidad de las prestaciones.
Una licitación que sigue sin avanzar
La discusión tarifaria también se desarrolla en paralelo a otro debate que permanece empantanado en el Concejo Deliberante: el nuevo pliego de bases y condiciones para la licitación del transporte público.
El expediente se encuentra sin avances desde el 31 de agosto, cuando fracasó una instancia de intercambio entre concejales y funcionarios municipales. Desde entonces, no hubo definiciones que permitan reactivar formalmente su tratamiento.
El presidente de la comisión de Movilidad Urbana, Guido García, reconoció que están a la espera de definiciones del Ejecutivo para retomar la discusión, mientras que el intendente Guillermo Montenegro evitó dar precisiones sobre los motivos de la demora y remitió la cuestión al ámbito legislativo.
La decisión queda en manos del Municipio
Mientras el futuro del sistema permanece sin definiciones, el pedido de aumento deberá ser evaluado por el gobierno municipal. Hasta el 31 de diciembre, el intendente cuenta con facultades delegadas por el Concejo Deliberante para determinar el valor del boleto, por lo que puede disponer una actualización sin necesidad de una nueva ordenanza.
Así, Mar del Plata vuelve a enfrentarse a una discusión que se repite periódicamente: cuánto debe costar el transporte público para garantizar su funcionamiento y quién debe asumir el costo de sostenerlo.
Por ahora, los empresarios reclaman un boleto superior a los tres mil pesos y advierten sobre el riesgo de no poder mantener las prestaciones. Los usuarios, mientras tanto, siguen esperando un servicio que responda a sus necesidades. Y la discusión de fondo sobre el modelo de transporte que tendrá la ciudad durante las próximas dos décadas continúa sin encontrar una salida política.