Por: Lic. en Pisocologia Andrea Cecchi – [email protected]

En estos últimos meses estamos viviendo, como sociedad, un debate nacional sobre un hecho controvertido, incluso a nivel mundial, que parece no tener fin.

En este reducido artículo, que cuenta con la colaboración especial de la abogada Jorgelina Baldini (Mat. To. XI Fo. 433 C.A.M.D.P.) intentaremos exponer algunos de los puntos más trascendentes, con sus implicancias jurídicas, científicas, psicológicas y sociales; sin pretender llegar a ninguna conclusión definitiva, por el contrario, sólo procuraremos hacer aclaraciones conceptuales sobre lo que queda oculto.

A continuación, expondremos los artículos de la ley y sus fundamentos generadores de conflictos.

La interrupción del embarazo se encuentra regulada desde el año 1922 vigente hasta hoy (2018), en el art. 86, inc. 1 y 2 del Código Penal, sólo respecto de dos supuestos, a saber: sólo son autorizados los abortos por vía legal –mediante la autorización emanada por un juez competente-, los que se practiquen las mujeres con discapacidad mental (idiota o demente) que hayan sido víctimas de violación sexual (aborto eugenésico), o cuando la mujer embarazada corre peligro de vida o de salud en su gestación (aborto terapéutico).

En el proyecto de ley actual, que consta de 13 (trece) artículos, se plantea que el pedido de legalización y despenalización de la práctica abortiva sea autorizada sólo con el consentimiento informado de la propia mujer embarazada y/o con el certificado de las autoridades actuantes que certifiquen que el embarazo fuera producto de una violación; también insta a que esta práctica sea de manera gratuita y en un plazo de no más de 5 días desde su demanda.

Dos de los puntos claves y ambiguos son: la decisión autónoma de interrumpir el embarazo a partir de los 13 años de edad (art. 8); si el embarazo pone en riesgo la salud física, psíquica o social de la mujer (art. 1); interrupción del embarazo hasta la semana 14 (art. 1).

Es necesario hacer algunas aclaraciones conceptuales antes de seguir, que no pretenden inclinar la balanza, sino hablar de las reales contradicciones legales que son generadoras de debates interminables.

El delicado tema de la Inconstitucionalidad.

Es claro para cualquiera que pueda detenerse unos minutos a leer la letra expresa de la Carta Magna, en su art. 75 inc. 23, segundo párrafo, que, en nuestro ordenamiento jurídico la protección del embarazo goza de jerarquía constitucional. A lo que, además pueden sumarse las normas de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (incluido en la Constitución, art. 75 inc. 22), cuya principal protección es la de esos sujetos de derecho en cuanto categoría de “débiles jurídicos” frente a los adultos que los rodean, imponiendo que se priorice su Interés Superior por sobre el de los últimos.

Desde este lugar, la sanción de la ley de despenalización del aborto está en franca contradicción con nuestra Constitución Nacional, más allá de que, en ciertos casos aislados, los jueces hayan habilitado la interrupción del embarazo de una mujer determinada (Caso F.A.L.); siendo ésta una sentencia particular, bajo ningún punto de vista puede aplicarse a otro número de casos, que podrán ser parecidos, pero nunca serán iguales, y habrá que ver si las similitudes entre los casos habilitan la aplicación analógica de la norma particular.

Discurso ligero, vacío y con pretensión de completud.

Con respecto a la fórmula “legal, seguro y gratuito” es de suponer que se publicita una propaganda que deriva de un discurso ligero y vacío al mismo tiempo, puesto que, no hay abortos seguros, a la luz de la ciencia. Del mismo modo, ¿es posible despenalizar y legalizar la práctica abortiva sin ningún límite en cuanto a cantidad de abortos que pueda soportar el cuerpo de cualquier mujer del país? Por otro lado, la incorporación de la gratuidad en este proyecto, complejiza el análisis del problema generando una gran incertidumbre sobre el posible abuso del recurso abortivo.

Asimismo, respecto de la despenalización y la cantidad de abortos, no se prevé ningún registro de los mismos, lo cual genera una laguna legal que deja sin amparo la ya existente situación de vulnerabilidad de las mujeres embarazadas y de bajos recursos económicos.

No se plantea el sí o el no de la práctica abortiva, sino más bien, el modo en que debe llevarse a cabo en caso de ser aprobado el proyecto de ley. La ausencia de estadísticas serias y concretas hace vacilar algunos argumentos en pos de su aprobación, ya que, los números de las supuestas estadísticas son probabilidades hipotéticas y no el verdadero resultado de una estadística científica seria.

Pensamos que, si no es delito, y hablamos desde un lugar de política de salud pública, nada impide llevar registro de quiénes son las mujeres que se lo practiquen, ni cuántas veces pretendan acceder a esta práctica, porque también esta respuesta es una cuestión de control de la salud pública, ya que el aborto deja muy débil a la mujer, al menos en lo inmediato; y ese es un nuevo fundamento de vulnerabilidad y desigualdad de oportunidades que la sanción de la ley no estaría saneando sólo por legalizar la práctica.

Importación de Normas Jurídicas.

La pregunta es, ¿de dónde salen las ideas de legalización y cuáles son los motivos?

Muchas veces miramos en la legislación comparada para importar normas jurídicas que en nuestro país resultarían impracticables, por lo tanto, el hecho de que en los países supuestamente “avanzados” esta situación esté legislada a favor de la despenalización, no quiere decir, bajo ningún aspecto que nosotros podamos importarla con efectos positivos para nuestra población.

Creemos que, lo que deberíamos poder generar es un proceso sumarísimo de tres (3) días en los cuales, todas las mujeres embarazadas accedan a la información que no les hemos provisto de antemano; quiere decir a los controles previos para asegurar la salud de la misma midiendo los niveles de desnutrición así como el impacto psíquico de esta práctica; que la propia mujer tenga noticias claras de su situación física y psicológica. Esto nos permitirá tener un registro aún de situaciones de reincidencia así como de la dirección que toma la salud pública.

La propuesta planteada entonces sería no una práctica legalizada de forma indiscriminada, sino un proceso particular ajustado a cada una de las mujeres que debiera atravesarlo. No necesariamente sería gratuito, aunque sí podríamos hablar de económico, y sí se garantizaría el plazo ínfimo de tres días (3) para la concreción de la práctica en tiempo oportuno y seguro.

La ley pretende insertarse en un conjunto de normas ya existente, y entra en colisión con varias de las que se encuentran vigentes, por eso, no es una ley más ni aislada de todo un conjunto normativo en el cual debería poder convivir armónicamente.

Lo psicológico relegado por la urgencia.

Las consecuencias psicológicas de un embarazo no deseado, sumado a la desinformación sobre la reproducción humana que impera en muchas niñas/adolescentes, e incluso en mujeres adultas en estado de precarización afectiva, educativa y económica, quedan veladas por nuestra sociedad. Si el Estado, con las políticas de salud pública y de reproducción y fertilización, además de las leyes de adopción, aún no puede darle a la mujer un espacio digno y seguro, no podemos sostener la premisa de “empoderamiento” de la mujer entrando a un quirófano y pretender que se sienta digna.

La violencia de género existe desde hace siglos, la sumisión de la mujer es un hecho concreto en la historia universal, sin embargo, este rol no debe suponer que el hombre es el enemigo. Si promovemos la reflexión con el resentimiento hacia el “hombre”, éste, queda asociado unánimemente al macho violento, déspota y malvado.

Desde el derecho, entendemos que es muy arbitrario que una mujer que no tiene libre disposición de su cuerpo – no porque el Estado no se lo dé, sino porque los derechos son absolutos y es la portadora de otro ser que también debería poder contar con sus derechos subjetivos – pueda con una mera decisión, borrar la voluntad jurídica de dos sujetos de derecho: padre e hijo.

Psicológicamente hablando, si bien el cuerpo humano está preparado para la concepción desde la pubertad, edad donde la niña se convierte en mujer con la aparición de la menarca, y está apta para reproducir, no lo está sin embargo desde el plano psicológico. Entre los 9 y 16 años de edad no hay madurez para comprender la sexualidad ni sus consecuencias. La Psicología del Desarrollo plantea que el proceso en la adolescencia se da en el plano intelectual, sexual, social y en la elaboración de la identidad. Entre tantas funciones, el adolescente debe: enfrentar el duelo parental, vérselas con los impulsos sexuales que emergen, manejar el deseo de afirmar el atractivo sexual y social, desarrollar la capacidad para situarse frente al mundo y a sí mismo, explorar sus capacidades personales, etc. Desde el punto de vista psicológico, en esa etapa de la vida no se tiene la madurez necesaria como para tomar una decisión verdaderamente consciente de ser madre, ni para afrontar un embarazo no deseado, como tampoco su interrupción. Ambas son situaciones traumáticas por la única razón de no encontrarse preparadas para ello y deben ser atendidas con la misma urgencia.

Vida Humana, otra cuestión conceptual.

La ciencia dice de manera concreta que se considera Vida (no hablamos de humana, sino en su concepción general) desde el momento de la concepción, otórguense o no los derechos jurídicos (sujeto de derecho) y las ambigüedades lingüísticas. Hay existencia de un ser viviente desde el momento de la primera mitosis (división de células sexuales) al formarse en pocas horas en un cigoto, inicio embrionario que ya contiene toda la carga genética destinada al nuevo ser.

Para el derecho, el origen de la vida, en nuestra normativa actual, se considera desde la concepción. Esto no es igual a Vida Humana Digna y Saludable. Es decir, es el Derecho el que marca el inicio y el fin de la vida como sujeto de derechos jurídicos, por lo tanto, el inicio de la vida en este momento de nuestra evolución jurídica es desde la concepción, al menos que modifiquemos esta norma también, lo que al día de la fecha no ha sucedido, pero puede suceder. No necesariamente debemos considerar que ese sujeto en el que hay vida sea un humano, ni que su existir sea digno; de la misma forma que no podemos asumir que su presente y su futuro sean o vayan a ser saludables. Estos tres calificativos son bifurcaciones de la calificación de la vida que deberíamos analizar en profundidad y por separado, para alcanzar mayores precisiones respecto de lo que deseamos legislar.

Por otro lado, sólo el Derecho dice cuándo se es persona, ya que es quien le otorga categoría de persona a una sociedad, por ejemplo, y esto no tiene relación directa con que esta persona jurídica” ostente vida “científicamente hablando”. O sea, que el hecho de tener vida un ser (cigoto) no implica que sea una persona jurídica, y por lo tanto, obligado a contar con derechos; aunque sí es pasible de obtenerlos.

Comentarios finales.

La propuesta es pensar qué fundamentos y qué problemáticas sociales se encuentran detrás de este proyecto que ha propulsado la necesidad de redactar esta ley, así como si la redacción de la misma ayuda o complejiza las situaciones que se darán posteriormente, ya que esto debiera facilitar el cumplimiento de lo que se busca sancionar.

Nos referimos a la verdadera desigualdad social, a la vulnerabilidad de la mujer aún en el siglo XXI, a la no reglamentación de las leyes promulgadas de protección a la infancia, o la efectivización del cumplimiento de las ESI (educación sexual integral) en las escuelas. Así como tampoco el Estado se pone de acuerdo sobre cuáles son los alcances jurídicos de los adolescentes ni de quiénes serán los “allegados” que podrán acompañar a las niñas a enfrentar el proceso del aborto; esto equivale a decir: donde empieza y termina el período adolescente, que dice la ciencia con respecto a la madurez neuronal y psicológica, diferenciar la responsabilidad jurídica, de la moral, de la ética; como también es lo mismo que decir que un simple allegado no necesariamente se hará “jurídica y prácticamente responsable” de la mujer a la que acompañe a abortar. Es un hecho que la Ley no llega a solucionar la desigualdad social por muy romántico que parezca el discurso que la rodea.

Si las mujeres caemos en la trampa de creer que obtenemos más libertad con una decisión que ya hoy se efectúa en la clandestinidad es no querer/poder asumir la responsabilidad anterior del cuidado de la mujer consigo misma ni por parte del Estado.

Sostenemos que la sanción de esta ley tendería a debilitar la consciencia de responsabilidad, ya que ofrece una “solución fácil” a un problema tan complejo, sin analizar las carencias en educación, sin perseguir a los deudores alimentarios, a las mamás que no llevan a la escuela a sus hijos y no facilitan la comunicación de sus hijos con sus papás, y todo el abanico de situaciones familiares que se encuentran sin una protección “real” por parte del Estado.

El debate por la despenalización del aborto sigue siendo improductivo por convertirse en la solución última de la protección a la mujer. La inequidad y la injusticia social no van a resolverse mediante la autorización de una práctica abortiva. Más bien es un seguir acallando todas las faltas del Estado en cuanto a la dignidad humana, el derecho a la protección, las leyes de adopción casi inexistentes, la vista gorda sobre la implementación de la educación sexual integral en las escuelas, el conservadurismo social, el machismo en las imposiciones, y más. Esto significa que el derecho a abortar no implicaría adquirir por añadidura el derecho al respeto, el cuidado, la seguridad y la protección de la mujer. El Estado no obliga a ser madre, pero sí debería cuidar y proteger a sus ciudadanos a través de la educación y la información correcta, así como a garantizar la salud de manera integral y no sólo como la solución inmediata a un problema que es mucho más profundo con el sólo argumento de “salvar una vida”, sólo la de la mujer.