opinión

Por: Pedro Maximiliano Casademunt.

«Si quieres derrotar la corrupción debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares»
Lee Kuan Yew, Singapur 1965

Siempre hay que tratar de realizar un ejercicio para entender otras posturas políticas, otras formas de encarar los problemas estructurales de nuestras ciudades tercermundistas.

También es cierto que todos los problemas económicos y urbanísticos no tienen una respuesta por solución sino varias, incluso más de una a la que se pueda arribar con similares resultados.

Dicho esto, vale recordar la frase de Albert Einstein “Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”, ya le regalamos dos manzanas públicas a Don Florencio Aldrey Iglesias para construir un gigantesco shopping comercial en tierras públicas, también con promesas de cultura e inversión privada. Con excepción de alguna feria del libro organizada por la Universidad local o muestra muy puntual, la nave histórica fue explotada por espectáculos privados, animatronics de dinosaurios y hasta la troupe de circo Fuerza Bruta tuvieron temporadas en cartel para beneficio del “generoso” Don Florencio y la productora.

Ni que hablar de haber perdido la posibilidad de un pequeño pulmón verde en una zona que aumenta su densidad día a día.

Las ideas de Carlos Grosso, el exintendente de Buenos Aires, el de la tristemente famosa escuela shopping triunfaban por entonces y quieren volver a torcer el brazo a los marplatenses.

La ciudad no se convirtió en la New York del Atlántico Sur después de la entrega casi gratuita del edificio Dormal y sus dos manzanas al dueño de multimedios La Capital, lejos de eso, los sueños de descentralizar la ciudad están cada vez más postergados, de volver a un cine en los barrios (Puerto, Don Bosco por traer dos al recuerdo) o incluso por qué no: complejos comerciales en enclaves como la cantera del puerto o ese pozo fantasma luego de otro cuento y promesa de inversión en la avenida Constitución y Gorriti.

Entonces, si adherimos a la afirmación: “Plaza del Agua está abandonada, dejemos que la privaticen” o con el eufemismo de “intervención público privada”, ¿habría que privatizar todo lo que no funciona bien o lo que no está en condiciones?, ¿todas las plazas están descuidadas, entreguemos todas las plazas?

Si todo lo que no funciona, que por cierto es mucho, entonces podríamos pedirle que algún buen samaritano se haga cargo y así invierta en hospitales y bacheo, incluso algún buen promotor o lobbysta nos prometa asfaltos y arenas radiantes para tener verano los 12 meses, porque si hay algo cierto, es que en estos días se leen y oyen mentiras y promesas que no resisten análisis.

¿Por qué quieren Plaza del Agua? La respuesta es clarísima y es una ecuación de negocios perfecta. apropiarse de un edificio cuyo alquiler de mercado supera las 7 cifras mensuales, está claro que lo quieren sin poner siquiera el 10% de ese monto.

La Municipalidad tiene un déficit inmobiliario alto, que lo lleva al alquiler de dependencias, algunos de ellos también son contratos millonarios como lo es la nueva sede de ARM de calle Salta casi Belgrano. ¿Por qué un Estado que se ve obligado al alquiler de inmuebles debería de desprenderse de un edificio que incluso hoy alberga muchos trabajadores de distintas áreas?

El argumento más risueño de la militancia “privatizadora», encabezada de manera temeraria, por exfuncionarios de Arroyo, un actual miembro del EMTUR y algunos periodistas asalariados, es que el Municipio no puede afrontar los gastos de mantenimiento. Una mentira flagrante, la actual gestión que posee el récord en designaciones en la planta de personal político y que por estas horas vemos una contratación directa cercana al millón de pesos para publicidad en redes sociales u otro llamado, este por 1.5 millones de pesos para adquirir el uso de tres pantallas leds. muestra clara que pintar y parquizar la Plaza del Agua es una nimiedad.

Un cuestionamiento que hemos recibido quienes nos oponemos a la privatización de una plaza y enorme edificio público, es: “esto es personal”, no puedo contestar por otros, no conozco a Marcelo González salvo por su alto perfil, las noticias y las entrevistas públicas, si bien algunos lo refieren como el prestanombre de Luis “dejemos de robar dos años” Barrionuevo, cuestión incomprobable, es cierto que en más de una nota ha declarado que el famoso sindicalista es como su padre. Todo un dato esa familiaridad putativa para entender algunos negocios, por ejemplo, que los contribuyentes de CABA solventen la estructura de profesores pública de la Ciudad de Buenos Aires y su teatro Colón para sostener la inversión privada hecha en el teatro Tronador de Mar del Plata, vale aclarar que bienvenida sea la misma en un teatro de dominio privado y dejemos a consideración de los contribuyentes porteños si está bien esa carga del Colón, que bien pudo ser direccionada su homónimo Colón de Mar del Plata o al Auditórium, y no privilegiando un negocio por sobre una colaboración entre Estados provinciales o ciudades.

También nos suelen decir a quienes defendemos el patrimonio público “dejen de poner palos en la rueda” y ahí va donde tenemos que dar propuestas superadoras para no caer solo en la crítica.

Si existiese un filántropo dispuesto reacondicionar un espacio público que sea para beneficio de la ciudad toda y no de unos pocos, si lo que pretenden es un lugar para recitales, de artistas populares como Los Palmeras o Valeria Lynch, por qué no cederles el ex museo de las comunicaciones y una porción del parque Camet, que fue una de las pocas grandes ideas en el brevísimo paso de Emiliano Giri por el super ente de “deportes, cultura y turismo”, y los recitales que logró traer desde la administración provincial fueron un éxito.

Pedirle como cargo la culminación del Polideportivo Las Dalias, la reparación de las baterías de baños y fogones, la reforestación y hasta hermanar nuestro parque insignia con las playas del norte puede ser un desafío mucho más interesante y por cierto mucho más transparente, porque la corrupción no es de derechas ni izquierdas, la corrupción es siempre pre ideológica.

Por Mariano Busilachi
Licenciado en Comunicación Social. Consultor de comunicación política e institucional.

Estamos en un país que día a día y semana tras semana nunca deja de sorprenderte. La pandemia de coronavirus potenció las más lamentables falencias de nuestra república, proporcionalmente a la falta de sintonía entre la clase política y los ciudadanos. En ese río revuelto, aparecen dos grandes cuestiones que merecen nuestra atención: ¿qué está pasando con la gestión del presidente Alberto Fernández? ¿Quién lidera hoy la oposición en Argentina?

La última semana, el dólar se llevó todas las miradas y, como sucede habitualmente en nuestro país, borró de un plumazo temas sensibles que hasta hace pocas horas eran noticias, como los momentos de extrema tensión que se vivieron con la policía bonaerense. Da la sensación de que todo lo que se dijo del dólar es cierto. Faltan reservas y hay un problema sin resolver respecto a la confiabilidad de nuestra moneda. Aunque, también es cierto, quedó en el aire la sensación de que fue un nueva medida que pone en aprietos a la clase media trabajadora y las empresas que necesitan importaciones.

Así las cosas, el Presidente Fernández volvió a tener frases desacertadas, particularmente con respecto al mérito. Luego, intentó explicar su fallido mensaje afirmando su deseo de que nuestra sociedad sea como la de los países escandinavos. Es curioso como Fernández, una y otra vez, debe salir a explicar sus propios dichos. O nadie sabe interpretarlo o está equivocando las formas.

La gestión del gobierno nacional intentó mostrarse sólido ante una pandemia que sorprendió a todos y a una economía que ya venía muy mal por la gestión económica de Cambiemos. Sin embargo, en estos escasos 9 meses de gobierno, pareciera ser que el Presidente se ha acercado paulatinamente a la posición más dura del Frente de Todos, jugando por momentos sus cartas dialoguistas, pero dejando muy en claro sus diferencias con “el macrismo”. Como en los peores momentos de la presidencia de Cristina Fernández, volvieron los embates contra los medios de comunicación, los empresarios, el campo, los opositores y la Justicia. ¿Eso es realmente volver mejor? Fernández ha tenido que dirimir cuestiones que, a priori, parecían saldadas con esta nueva oportunidad de gobierno.

El éxito de la resolución de la deuda y el aplomo que mostró en los primeros meses de la “cuarentena” fueron dejando paso a mayores críticas desde los sectores disidentes al gobierno. Los papelones del Congreso y las medidas fuera de contexto expusieron a la clase política y generaron que los ciudadanos se manifiesten públicamente. Están volviendo las acaloradas discusiones entre oficialistas y opositores, tanto en la política como en la ciudadanía, ensanchando una grieta que en cualquier momento nos devora a todos.

El giro discursivo y actitudinal del Presidente Fernández no pareciera ser recomendable en un contexto como este. Hay dos comportamientos que son exactamente similares a los del ex Presidente Maurico Macri. Por un lado, hablar permanentemente de la herencia recibida. Todo el tiempo, tanto Fernández como Macri, han hablado de la gestión que los precedió. En cada declaración, en cada anuncio, de manera sutil o explícita, el pasado reciente vuelve constantemente sobre el presente. Por el otro, ambos han decidido tener un enemigo al cual acusar de todos los males de la Nación. Para Mauricio Macri fue Cristina Fernández; para Alberto Fernández lo es Macri. Esto se extiende a ambas coaliciones, que se acusan mutuamente de lo mismo.

En el fondo de esta actitud comunicacional se esconde una incapacidad de mostrar gestión. O hay poco para destacar o se concibe a la política como la lucha permanente contra un enemigo. Macri lo hizo durante cuatro años. Fernández recién empieza, pero no parece que pretenda cambiar. Uno y otro se retroalimentan. La población se está cansando. Si la clase dirigente no reacciona a tiempo y desde el gobierno nacional no vuelven a sintonizar con las demandas reales de la ciudadanía, es posible que personajes similares a Donald Trump o Jair Bolsonaro irrumpan en la vida política argentina y terminen llegando al poder.

Un episodio sintomático de esta relación de necesidad que tienen unos y otros se dio con el allanamiento a la quinta Los Abrojos de Mauricio Macri ¿Qué ocurrió? El ex mandatario debía cumplir los 14 días de aislamiento al regreso de su viaje a Europa. Sin embargo, se reunió con tres intendentes de Juntos por el Cambio, lo que generó una denuncia del Secretario de Seguridad del Partido de Malvinas Argentinas, distrito en donde se encuentra la propiedad. La causa recayó en el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, y en el fiscal Jorge Sica, quien pidió la realización del operativo policial, con el objetivo de conseguir material que confirme si hubo violación de la cuarentena. Días posteriores, el intendente oficialista Leonardo Nardini y el Partido Justicialista de la provincia emitieron un comunicado acusado a Mauricio Macri y al juez Culotta de armar un “autoallanamiento”, para perjudicar la imagen del gobierno.

Esta disputa tuvo, cómo no, la presencia de Cristina Fernández, que en su cuenta de twitter compartió el comunicado y trató al hecho como “Fake” (falso), avalando la teoría del “autoallanamiento”. Sin embargo, medios periodísticos y dirigentes opositores mostraron la denuncia efectuada y, efectivamente, se constató que fue realizada por el secretario de seguridad el municipio comandado por Nardini.

Sea como fueran los acontecimientos, es realmente muy poco serio todo lo que ha pasado. Estamos en medio de una crisis sin precedentes y la política se toma el tiempo de pelearse con golpes muy bajos. ¿Por qué salir a desmentir y hablar de montaje con una denuncia que fácilmente se puede comprobar? ¿Acaso aceptamos estar en campaña eterna?

Que se entienda: si por 14 días Mauricio Macri debía permanecer aislado y antes de cumplirlo se reunió intendentes, eso está pésimo. Pero el show del allanamiento fue ridículo y exagerado. De todas maneras, volvemos siempre a la misma cuestión con este tema de las reuniones. Más allá de la responsabilidad que tiene Macri como ex Presidente, si el propio Jefe de Estado actual no predica con el ejemplo y emite mensajes confusos, la población no acatará. Que haya reuniones sociales no es culpa de la falta humanitaria de la población. Si un presidente come un asado con dos sindicalistas, sin ningún tipo de razón de Estado y se reúne durante seis horas para charlar temas que podrían haber tratado por vías virtuales, ¿por qué una persona no hará lo mismo? Si el Presidente se saca fotos sin barbijo y sin distanciamiento, ¿por qué creer que el ciudadano cumplirá las normas a rajatabla? ¿Hay encuentros buenos y encuentros malos? En un contexto como este, las formas del principal mandatario del país importan (y mucho).

La falta de claridad en las acciones de Mauricio Macri nos hacen preguntarnos sobre la situación en la que se encuentra la oposición. Es muy notorio el contraste entre un Mauricio Macri que sigue estando fuera de tiempo con apariciones públicas erráticas y un Horacio Rodríguez Larreta en crecimiento, transformándose actualmente en la figura central del principal partido opositor.

Rodríguez Larreta, luego de la quita del 1% de la coparticipación federal, reaccionó con solidez discursiva, apelando al diálogo, mostrando las disidencias desde el respeto y poniendo las prioridades en la mesa de discusión. Entendió cómo debía dirigirse en un momento álgido, priorizando el diálogo para las cuestiones sanitarias pero defendiendo con uñas y dientes su distrito.

Mientras Macri estaba jugando al futbol en Suiza, Horacio Rodríguez Larreta se posicionó claramente como el principal líder de la oposición y plausible candidato a Presidente en 2023. Larreta supo capitalizar los errores del gobierno sin entrar en la grieta, lo cual acercó posiciones dentro de sectores de Juntos Por el Cambio que intentan despegarse de la figura del ex Presidente. Aunque aún falta mucho para el 2023, muchos saben que Larreta tiene la gran oportunidad de ser el líder que la oposición está buscando, ya que tampoco hay dirigentes en el radicalismo, Coalición Cívica u otros partidos que puedan ocupar ese lugar. El jefe de Gobierno porteño está ganando popularidad, puede mostrar gestión, apeló siempre al mismo tono discursivo y logró, sin quererlo y sin buscarlo, que el oficialismo lo ponga en el centro de la escena. El propio Presidente y el Frente de Todos le hicieron ese favor. Otra coincidencia entre Alberto y Mauricio: ambos definieron a su rival electoral.

Así como el gobierno nacional tiene el gran desafío de recuperar la confianza de una parte no menor de la población, gestionado una crisis económica agravada por la pandemia y por decisiones propias, la oposición deberá comprender cómo se posiciona en este contexto difícil que se avecina y con quién lo transitará. Hoy, la disputa de poderes es absolutamente menor a la necesidad de resolver la cuestión sanitaria y económica.

Si se hiciera un corte transversal de los principales referentes de la oposición, pareciera que Vidal circunscribe a la idea de Horacio Rodríguez Larreta pero aún no ha encontrado su espacio. No logró destacar su gestión en la gobernación bonaerense y se fue con una derrota aplastante. Todavía está elaborando cómo reconvertirse. Diego Santilli y Martín Losteau aparecen con pretensiones para Jefe de Gobierno en 2023. En la UCR, Alfredo Cornejo está más ligado al ala dura de Juntos por el Cambio pero su principal problema es el amplio desconocimiento que se tiene de él en la opinión pública. De hecho, el partido centenario no ha logado en los últimos años posicionar a una figura destacada en sus filas a nivel nacional. Ese centralismo ha sido desplazado y se conformó con mostrar su presencia en el Congreso y en la estructura partidaria que tiene en las provincias, sobre todo en Buenos Aires.

El sector de Roberto Lavagna navega entre el ostracismo y la oportunidad. No tiene peso específico pero saben que en la Cámara de Diputados sus votos valen como el oro. Es noble que Consenso Federal intente seguir en un camino del centro, evitando entrar en la grieta. Pero la posibilidad de que parte de los partidos que lo conforman terminen apoyando al Frente de Todos o a Juntos por el Cambio es factible. Es muy difícil sostener hoy, como está la sociedad y la política argentina, espacios políticos que no caigan en la división por mitades. Los liberales también lo saben y aún no han definido sus estrategias. ¿Podrá Horacio Rodríguez Larreta y su gente seducir a esos sectores e incorporarlos? ¿Qué harán el GEN y el socialismo, aliados históricos del radicalismo? ¿Qué pasará con los peronistas que no se contentan con el Frente de Todos?

Los liderazgos se ven en los buenos y en los malos momentos. El aplomo y la seguridad de Rodríguez Larreta contrasta con las dudas y los enojos de Fernández. En el gobierno nacional hay una imperiosa necesidad de demostrar épica, medidas inéditas en la historia, patriotismo y soberanía. Por el contrario, la estrategia del Jefe de gobierno porteño es mucho más sencilla: mostrar gestión y sintonía con lo que la ciudadanía reclama.

Argentina no necesita más patriadas ni “anuncios” históricos. Requiere escribir la historia con pasos simples, consistentes, que atiendan las demandas de la sociedad y que sean coherentes en el tiempo. Hace falta salir de la lógica de la búsqueda de enemigos para justificar la falta de capacidad. Hay un alternativa y es el camino del diálogo, el único posible para acercar diferentes puntos de vista necesarios y sortear una crisis que reclama liderazgos urgentes.

Por Mariano Busilachi – Licenciado en Comunicación Social. Consultor de comunicación política e institucional.

Hace un tiempo a esta parte, el presidente Alberto Fernández afirmó en varias oportunidades sobre las marcadas diferencias que existen en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, en particular, lo que se denomina habitualmente como el conurbano bonaerense.

Exacerbado el mensaje por los voceros indirectos del Presidente y el ala dura del Frente de Todos, generó grandes disidencias por parte de Juntos por el Cambio y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. El cisma, finalmente, se produjo con el anuncio de la quita del 1% de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, para otorgárselo a la provincia comandada por Axel Kicillof.

Más allá del ruido político – y judicial – que generó esta decisión unilateral del Presidente, ronda en el aire una idea de igualdad total en la clase política y principalmente en el oficialismo, lo que no termina de convencer a la ciudadanía. Así como ocurrió con el anuncio de Fernández, en el marco de una grave crisis que atraviesa la policía de la provincia de Buenos Aires, también sucede en otras áreas ligadas a la paridad de “género”, el lenguaje, las políticas sociales y algunas cuestiones económicas como el ahorro en dólares.

¿Hemos tomado a la igualdad en su sentido absolutista? ¿La consecuencia de la igualdad es restarle derechos y garantías a parte de la población? ¿La igualdad funciona por imposición o convención?
La pandemia trajo una novedad que pocos creíamos que podía suceder, considerando la agresividad y las constantes acusaciones entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en los últimos tiempos: el diálogo constante y las apariciones públicas en común entre Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. Inesperado, básicamente, por la presencia latente de la vicepresidente Cristina Fernández, mucho más intransigente que su compañero de fórmula a la hora de dirigirse a los partidarios del PRO. La gestión de la “cuarentena” había acercado posiciones que se empezaron a resquebrajar poco a poco, entre contradicciones y “traiciones”.

El jueves 10 de septiembre, la relación política entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta (o entre el gobierno nacional y provincial, y el gobierno porteño) voló por los aires. El Presidente anunció la quita de un 1% de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y se lo otorgó al gobernador bonaerense, mediante el llamado «Fondo de Fortalecimiento Fiscal». Según los cálculos estimados, serían más de $31.000 millones de pesos, aunque en 2021 podría elevarse a cerca de $45.000 millones.

Para quienes desconocen de qué se trata la coparticipación, hay que explicar que hay dos maneras en que las provincias argentinas y CABA reciben recursos por parte del Estado nacional. Por un lado, aunque son cantidades menores, el gobierno central envía fondos discrecionales a cada provincia. Estos son, por ejemplo, los Aportes de Tesoro Nacional (ATN), los cuales no están fijados por ley. La segunda opción y la de mayor peso económico, son las transferencias automáticas diarias, determinadas principalmente de acuerdo a la coparticipación que tenga cada provincia. A diferencia de la primera vía, se trata de fondos de dinero que la Nación distribuye a los distritos según porcentajes fijados por la Ley de Coparticipación Federal promulgada en 1988, además de otras leyes compatibles.

¿Cuál fue el argumento de Fernández para quitarle este punto de coparticipación a CABA? Fundamentó que la Ciudad recibió 2,1% más de coparticipación por el traspaso de la Policía Federal, en enero de 2016. “Pero advertimos que había un 1% de excedente”, afirmó. Ese porcentaje fue “devuelto” a la provincia. Fernández deslizó que “este tema lo hablé muchas veces con Rodríguez Larreta. Tengo la tranquilidad que nadie puede mostrarse sorprendido». Aunque se supo que Eduardo «Wado» De Pedro, Ministro del Interior, como así también Julio Vitobello, secretario de la Presidencia, notificaron de este anuncio previamente a Horacio Rodríguez Larreta de la decisión, desde el gobierno porteño afirmaron que el aviso llegó minutos antes del anuncio presidencial. Alguien miente o alguno de los dos sectores está faltando a la verdad. De cualquier manera, la armonía política se rompió definitivamente.

El primero que salió públicamente a cuestionar la decisión del Frente de Todos fue el senador nacional Martín Lousteau, referente de Juntos por el Cambio. «Nadie del gobierno porteño estaba al tanto de esto», indicó. Lousteau es uno de los pocos dirigentes opositores que tiene un diálogo fluido con Fernández. Lo curioso de la situación fue que los propios intendentes opositores que fueron citados al anunció del día de jueves, tampoco estaban al tanto. ¿Nadie consultó previamente de qué se trataba? ¿Fueron ingenuos en aceptar la invitación o los engañaron como ellos mismos señalaron posteriormente? Así las cosas, el jefe de gobierno porteño ya decidió llevar el tema a la Corte Suprema de Justicia. El oficialismo “resolvió” un problema agregándose uno más. Un clavo no siempre saca otro clavo.

De cualquier manera, el Presidente ya se había quejado con anterioridad de la “opulencia” de la Ciudad de Buenos Aires respecto al resto del país. Textualmente, comentó: “Nos llena de culpa ver a la ciudad de Buenos Aires tan opulenta, bella, desigual e injusta con el resto del país”. Aunque las palabras del mandatario hayan ido en la dirección de federalizar a una Argentina que lo necesita desde hace años, las palabras elegidas para el mensaje fueron incorrectas. O los asesores comunicacionales del Jefe de Estado deberían rever su estrategia, o Fernández debería entender que con esa oratoria ensancha aún más la grieta que prometió erradicar. Con un discurso mejor encaminado, Rodríguez Larreta indicó que “si Buenos Aires es opulenta habría que tratar de nivelar para arriba».

En cualquier caso, si la Ciudad de Buenos Aires se destaca del resto del país, habría que ver que están haciendo los otros mandatarios provinciales y no ir en contra de la gestión porteña. Y no tiene que ver con una mayor o menos coparticipación. El crecimiento de una intendencia o de una provincia responde a la calidad institucional de las estructuras y la administración de recursos de sus gobernantes. El presidente podría preguntarse por qué, por ejemplo en las provincias del Norte, con la innumerable cantidad de recursos naturales con los que cuentan, hay mandatarios que llevan más de 20 años en las esferas del poder, pero los las estadísticas de pobreza y hambre siguen siendo insultantes. O por qué en el sur, en donde hay tanto más por explotar, hay una provincia quebrada como la de Santa Cruz.

Cuando el federalismo entra en el terreno de la disputa con lo unitario siempre perderá, porque intentará nivelar para abajo. Lo que haga la Ciudad de Buenos Aires es responsabilidad de la Ciudad de Buenos Aires. El resto de las provincias tienen motivos para estar mucho mejor de lo que están. A lo sumo, no es incorrecto evitar los desfasajes en la coparticipación. Pero, la peor injusticia y desigualdad que sufren los pueblos es la opulencia del poder político que le ha dado la espalda a sus ciudadanos, con prácticas feudales, clientelistas y antidemocráticas. El presidente, con sus probados recursos dialoguistas, debería mirar un poco más adentro y darle el tirón de oreja a quienes corresponden.

En un contexto como el de la última semana, nadie quiso acordarse que, en el conurbano bonaerense profundo, la opulencia de los dirigentes genera enormes desigualdades. No es sólido hablar de los últimos cuatro años, en una provincia que viene devastada hace muchísimo más tiempo, incluso cuando gobernaron los propios.

La idea de la igualdad a veces es peligrosa. En general, cuando la política habla de igualdad, hay que tomarlo con pinzas. En Argentina, la tendencia igualitaria ha chocado permanentemente con la noción de libertad. Yendo aún más lejos, en ciertas ocasiones ha confundido “el ser” con “el deber ser”. Uno es libre y elije lo que quiere hacer con su vida, dentro de las normas que ha aceptado de la sociedad en la que vive. Sin embargo, nadie puede obligar al otro a ser iguales. No lo somos, no lo seremos nunca. Todos podremos tener los mismos derechos. Pero, ante todo, primero debemos ser libres para poder transitarlos.

La igualdad absoluta se ha incorporado en las discusiones más sensibles de este tiempo. Aunque suene políticamente incorrecto, hay que preguntarse qué alcance tiene una ley de paridad de género en los cargos públicos. ¿hay que resolver el desequilibrio entre la cantidad de hombres y mujeres en la función pública? Sí. ¿La ley de paridad puede ayudar en eso? Sí. ¿Es la solución? Definitivamente, no. Se corre el riesgo de que la mujer termine ocupando diferentes espacios por completar un cupo y no por su capacidad intelectual o laboral. Igualdad no siempre es justicia. A veces, la discriminación está en la propia corrección. ¿No es nivelar para abajo al género? La mujer tiene el mismo derecho que el hombre a ganarse sus propios espacios de poder, sin necesidad de que la obligue ninguna ley.

Esta necesidad imperiosa de igualdad se ha incorporado, incluso, en el lenguaje. La moda del lenguaje inclusivo es parte de ello. Cualquiera puede utilizar el lenguaje como le plazca, hablarlo a su manera, desarrollarlo como le quede más cómodo. Sin embargo, el lenguaje se modifica en el tiempo con la convención de uso, no por la imposición de género. Nadie será menos o más machista por cambiar una letra del idioma. En todo caso, hay que trabajar en la infancia para que los niños sepan que pegarle a una mujer está mal y que las niñas sepan que tienen los mismos derechos que el hombre. Imponer una modificación del lenguaje en organismos públicos es demagógico y tonto. La imposición nunca ha sido una buena aliada de la humanidad y así lo ha demostrado, por ejemplo, esta “cuarentena” eterna.

Posiblemente, debamos ir progresivamente hacia un debate profundo de la concepción de igualdad. Sería mejor, a modo de alternativa, pensar un poco más en el concepto de equidad. Si se quiere cambiar la coparticipación o tener un país más federal, habría que reflexionar entonces en cómo repartir mejor los recursos, sin quitarle derechos a los ciudadanos o las otras provincias. No se trata de que todos ganemos lo mismo y que haya un gobierno central que decida qué es federal y qué no. Se trata de que todos vivamos bien, ganando lo que tenemos que ganar en base a nuestro esfuerzo y ser libres de disfrutar de lo que ganamos. Aunque suene polémico, tampoco es obligatorio ser solidario. Es una decisión noble pero altruista. Nadie puede obligarte a hacerlo sin tu consentimiento. Pasa con las personas, con los distritos y con los Estados.

El peligro de hacer una adoración de la igualdad puede generar un aletargamiento y profundización de la grieta. Resolver los enormes problemas de la provincia de Buenos Aires no llevarán un período de gobierno, ni dos y ni siquiera tres. Seriamente, hay que empezar a pensar en la superpoblación del conurbano y repensar estrategias para terminar definitivamente con ese defecto estructural. Dividir la provincia, esa idea que para muchos era inadmisible, urge con necesidad que se ponga sobre la mesa de un pronto debate. 17 millones de personas lo necesitan, tanto como las estructuras de educación, salud y seguridad provinciales. Las tomas de tierras son parte del mismo diagnóstico.

La ciudadanía no necesita ya patriadas históricas ni anuncios altisonantes. Por el contrario, necesita gestión, necesita saber hacia dónde va, qué puede ofrecerle la clase dirigente sin chicanas, sin antagonismos ni decisiones improvisadas. Los bonaerenses necesitamos saber si la provincia volverá a ser viable algún día y si somos conscientes que son cambios que, quizás, no lleguemos a ver mientras vivamos. Aceptar eso es pensar en el largo plazo e “igualar” para arriba.

Por Mariano Busilachi – Licenciado en Comunicación Social. Consultor de comunicación política e institucional.

El 1 de febrero de 1820 ocurrió la llamada “Batalla de Cepeda”, durante el conflictivo periodo de guerras civiles en nuestra incipiente Nación. El director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, José Rondeau (representando a los unitarios) fue derrotado por los caudillos Estanislao López (Santa fe) y Francisco Ramírez (Entre Ríos), ambos federales. En diez minutos se dirimió el destino del país. Al ganar los federales, se disolvieron el Directorio y el Congreso Nacional. Así, surgió el período denominado “la Anarquía del Año XX”, con una fuerte impronta de los gobiernos autónomos provinciales.

Vivimos enfrentados incluso desde los tiempos fundacionales. ¿Hay que recordar aquí la historia de Cornelio Saavedra y Mariano Moreno? ¿Es casualidad la forma y las condiciones en la que se desarrolló el fallecimiento del Secretario de la Primera Junta? Nuestros dos principales próceres padecieron esas posturas insolubles: Belgrano murió en la pobreza y San Martín se exilió porque su propia patria le dio dado la espalda.

El siglo XX no fue la excepción. Tuvimos la efervescencia de la revolución radical contra los conservadores. Apareció el peronismo y con él el antiperonismo, una disputa que derivó en dictaduras militares tan cuestionables como atroces. Ya en este milenio, desde el 2008 con el kirchnerismo y el antikirchnerismo, resurgió el amor y el odio esquizoide del fanatismo político. Hoy, la división es entre los que supuestamente apoyan a los grupos concentrados de poder y los que supuestamente defienden a “la gente”, ese colectivo identificatorio tan manipulado como sobredimensionado.

El dicho popular dice que “no hay mal que dure cien años”. Ojalá así sea para un país como el nuestro, cruzado por una fractura social cada vez más insoportable, que ya lleva más de 200 años. Lo que en algún otro momento fue saavedristas y morenistas, unitarios y federales, liberales y socialistas, radicales y antiradicales, peronistas y antiperonistas, kirchneristas y antikirchneristas, hoy está sintetizado en “ellos y nosotros”. Ya ni siquiera el parámetro es ideológico. Ya ni siquiera tiene que ver con los partidos políticas. Es depende cómo se mida la vara, quién gobierne y quién sea oposición.

La pelea de los Kirchner contra los principales representantes del campo argentino – y posteriormente el Grupo Clarín – fue más de lo mismo, una especie de reversión de peronismo vs antiperonismo. Sin embargo, agudizó la crispación y la intolerancia entre los compatriotas. La reyerta es semántica, entre los que dicen defender la soberanía y al pueblo contra los que dicen defender a la República y los ciudadanos. Aunque son concepciones políticas y filosóficas distintas, ninguna de ellas ha sido literal. Lo que se inició en 2008 en una disputa de negocios escaló intensamente hasta afectar a toda la sociedad, viendo los últimos años un aumento de la agresividad, locura y naturalización de opinión disparatadas. El anonimato de las redes sociales, particularmente Facebook y Twitter, profundizaron esta partición.

Se comunica como se siente, ya no se razona ni se empatiza. Lo hace el ciudadano de a pie y lo hace el representante político. Se acepta, se asimila, se fideliza la idea de la confrontación como estilo de supervivencia social. La comunidad enferma y la única cura que encuentra es la resignación a aceptar el destino que le ha tocado en suerte. Diría que ya no pertenece a ningún espacio político, tampoco a ningún dirigente. ¿Cuántas veces escuchamos que se han peleado familias enteras, amigos de toda la vida, compañeros de ruta inseparables por la nefasta “grieta”? Es tan destructiva que no permite ni entender las razones de su aparición.

En lo que sí concuerdan todos los que asumen algún tipo de representatividad es en la protección de la patria. La mencionan permanentemente en sus discursos, sus actos, sus debates. Pero, mientras unos la enmarcan bajo la figura de líderes fuertes que conducen unilateralmente al resto de los actores sociales, los otros basan su postura en la división de poderes y el constitucionalismo. Ni unos ni otros (vos ya sabrás quién es quién) son intelectualmente honestos. Exacerban sus posiciones hasta el extremo, generando una insostenible y agotadora discusión constante.

En plena pandemia de COVID19, la pésima comunicación del gobierno nacional de los últimos dos meses agravó la división, alimentada también por las anacrónicas actitudes comunicacionales y sin criterios comunes que presenta la oposición. La dificultad no es solo económica. Hay una clara crisis de representatividad. En las pocas leyes en las que el Poder Legislativo se puso de acuerdo, se legisló de espaldas a lo que se requería, como ocurrió por ejemplo con la ley de teletrabajo o la ley de alquileres. Y en aquellas normativas trascendentales para el futuro de la nación, transformaron el Congreso en una batalla campal discursiva. Lo que ocurrió en la sesión del Senado Nacional con el debate y la votación de la “Reforma Judicial”, sumado al papelón de la última sesión en la Cámara de Diputados y las amenazas que recibieron diputados oficialistas, fue la clara demostración de la mediocre calidad institucional y política que atraviesa la Argentina, la cual deriva en conductas reprochables desde ciertos sectores de la ciudadanía.

El Presidente se equivoca demasiado en ciertos temas. Puede estar mal asesorado o puede estar asumiendo un tipo de liderazgo que claramente le queda incómodo. Confundió a la población con una “cuarentena” que evitaría un posible colapso del sistema sanitaria y, ahora que estamos cerca de ello, culpa a los ciudadanos. ¿Qué hicieron entonces en cinco meses? ¿No pensó que quizás las personas se cansaron de no tener un rumbo claro por parte de quien los preside?. Además, impulsó una reforma que al final pareciera que no es tal, aplicando la misma conducta de contradecirse en las medidas como ocurrió con la “no cuarentena”. Ya dio un paso en falso con la empresa Vicentín, con las comparaciones erráticas de la gestión sanitaria con otros países, con las declaraciones ingenuas del caso Solange, con la falta de firmeza en el caso de Astudillo Castro, con el ataque permanente a las críticas. Encima debe tolerar las críticas y rispideces internas, algunas solapadas y otras directamente al mentón.

¿Dónde está el Alberto Fernández dialoguista, sereno, contemplativo, docente, ese que mostró durante toda la campaña del 2019? ¿Dónde está el Presidente que debe liderar a la Argentina hacia la recuperación y la superación de la grieta? ¿No será que su personalidad no es lo que ha aparentado en su extensa carrera política? Su destacada habilidad para salir airoso de todos los temas y adaptarse a las circunstancia chocó con sus responsabilidades de Presidente. Ya no es un comentarista de la realidad o el otrora Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. No está cumpliendo con una de sus promesas de campaña fundamentales: la grieta es cada vez más ancha y la unión es idealista.

Es tonto creer que la grieta se iba a cerrar con las mismas personas que la inocularon en la sociedad durante tantos años. El slogan “volvemos mejores” es eso, una acción de marketing, un discurso simpático. También, es naif imaginar que el gobierno anterior, siendo ahora oposición, iba a hacer lo mismo. De hecho, Mauricio Macri también prometió unir a los argentinos y no lo cumplió. ¿A dónde está Macri como “líder” la oposición? ¿La Fundación FIFA es más importante que la crisis que vive Argentina? Volvemos a lo mismo de siempre: son poco los dirigentes políticos de peso de nuestro país que están a la altura de las circunstancias.

En todo el barro de la “grieta” hay políticos muy valiosos. Lamentablemente, hoy no pueden dominar los espacios que deben ocupar. Tanto en el oficialismo como en la oposición, hay dirigentes que podrían dar el salto de calidad que el país necesita. Argentina deberá preguntarse, en algún momento, como es posible que tuvo un gobierno que terminó de manera muy negativa, lo procedió una gestión que prometió demasiado y terminó en un fracaso económico, lo cual derivó en que las mismas personas que habían gobernado durante 12 años, con grandes aciertos iniciales pero numerosas aristas negativas hacia el final, volvieron al poder. Lo que debemos considerar, asimismo, es que tomando los porcentajes del total de votos, Argentina está partida al medio: 50% para un lado de la grieta y 50% para el otro. Aun los que no nos vemos representados debimos elegir uno de ambos lados.

¿Estaremos hasta el 2023 aguantando debates estériles? ¿Volveremos algún día a aquellos tiempos en que las discusiones políticas no separaban a las personas? ¿Sacaremos el fanatismo de la política de una vez y para siempre? La grieta agota. Es realmente extenuante ver la dinámica de la confrontación enquistada en el día a día. No habrá políticas posibles a largo plazo si continuamos de esta manera. No habrá reforma de la Justicia, no habrá confianza en la inversión, no habrá tolerancia ni convivencia pacífica. No habrá un abrazo, un asado, unos mates, anécdotas ni vivencias compartidas, producto de una fractura social que nos enferma día a día.

El gobierno nacional debe bajar los decibeles y sintonizar nuevamente con las demandas de la población. La oposición debe comprender que tiene formas discursivas que han quedado obsoletas y que son parte del problema. Los medios de comunicación deben fortalecer a la población con conductas honestas, comprometidas con la pluralidad, sin alarmar ni replicar el temor que se genera desde el poder. La ciudadanía debe hacer su parte, juzgando a los gobernantes con mesura, prudencia, racionalidad y entendimiento, dejando de lado las diferencias inertes y abriendo espacios de diálogo con aquellos pares que perdieron en el camino por culpa de la “grieta”.

La famosa “grieta” argentina es, esencialmente, cultural. Entre las bombas que se tiran de un lado y del otro, los ciudadanos que renegamos de ella terminamos apoyando o detestando a alguno de los dos bandos, O, incluso peor, desapareciendo en el medio de la “grieta” y cayendo al abismo de la indiferencia.

Podemos cambiar la historia y eliminar este defecto que tenemos como sociedad. Hay muchos más puntos en común que disidencias. Dejemos de escuchar a los que dicen saberlo todo, de pelearnos por posturas irreconciliables que no conducen a nada y empecemos a abrir puentes, en aquellos temas que Argentina espera resolver desde hace más de 200 años.

Por Mariano Busilachi
Licenciado en Comunicación Social. Consultor de comunicación política e institucional.

El último 17 de agosto, miles de argentinos se movilizaron en diferentes ciudades del país para manifestar su descontento con las políticas que viene llevando a cabo la gestión del Presidente Alberto Fernández. Aunque la gama de reclamos fue diversa, la atención estuvo centrada en dos aspectos: el proyecto de Reforma Judicial y lo que llaman la “eterna” cuarentena.

Las manifestaciones fueron impulsadas desde las redes sociales y contaron con la presencia de dirigentes opositores, como el caso de Patricia Bullrich, además de personalidades destacadas de la cultura como Luis Brandoni o Santiago Kovadloff. Algunos dirigentes, como Horacio Rodríguez Larreta, mostraron su disidencia. Por supuesto, las voces más críticas no se hicieron esperar, fundamentalmente desde las primeras filas del gobierno nacional. Más allá de estas apreciaciones públicas, cabe hacerse algunas preguntas necesarias: ¿la oposición entiende que los ciudadanos que salieron a la calle también reclaman por tener una representación política que cobije sus demandas? ¿Qué ocurre con los liderazgos en la oposición? Por otra parte, ¿estuvo bien esta marcha en el medio de una situación sanitaria apremiante? ¿Fue positiva la reacción del gobierno o “echó más leña al fuego”?

Se escucharon opiniones de todo tipo, respecto a la viabilidad o no de este tipo de manifestaciones, en el marco de una pandemia que está en su peor momento en el país. Por un lado, el oficialismo culpando a los manifestantes de poner en riesgo al resto de la población por la posible propagación de contagios masivos. Por el otro, la oposición celebrando estas acciones ciudadanas argumentando la defensa de las libertades públicas e individuales. Estamos enfermos de otro mal que no es el COVID19. Estamos enfermos de la “grieta”. No hay absolutamente ningún hecho que se produzca en Argentina que no caiga en la confrontación permanente entre dos posturas que se odian. Todo se discute, todo es un problema. No hay consenso posible, ni siquiera en los temas en los que cualquiera concordaría. Siempre hay un “pero”, un “quizás” o un adjetivo calificativo que imposibilita cualquier apertura de diálogo político. En este país, se ha llegado al punto de gobernar sin presupuesto. Es delirante y es un perjuicio para la formación de liderazgos prestigiosos en la sociedad.

Es válido preguntarse si realmente era necesario salir a la calle a manifestarse sabiendo que el virus está golpeando más que nunca. Asimismo, es justo que los ciudadanos tengan el total a derecho a reclamarle púbicamente a las autoridades cuando creen que no se respetan sus derechos y garantías constitucionales. Tengan o no razón, el derecho a manifestarse lo tienen. Así como se permite que las organizaciones sociales y gremiales corten calles, quemen gomas o se manifiesten en medio de la pandemia, también es lícito que los ciudadanos reclamen porque no están de acuerdo con el gobierno de turno en las políticas llevadas a cabo.
¡Cuidado! El reclamo nunca debe ir contra del derecho del otro. Así como está mal que corten calles, violando el derecho constitucional a dejarte circular, también está mal agredir al que piensa distinto. Les ha pasado a trabajadores de prensa del grupo Clarín en tiempos del gobierno de Cristina Fernández, pero también les ocurrió últimamente a trabajadores de prensa de C5N en manifestaciones opositoras. Ninguna de las dos situaciones es correcta.

Si efectivamente los que protestan cumplen con las medidas sanitarias preventivas ate el COVID 19, no debería haber ningún problema en que se manifiesten. ¿El “17A” cumplió con esa premisa? Es cierto que hubo aglomeraciones de gente que, aun con barbijo o tapaboca, no respetaron el distanciamiento físico. Sin embargo, en general se cumplió. Se entiende que a esta altura haya una saturación por tantos días de “cuarentena”, aislamiento, fases o como quieran llamarlo. Hay diversos estudios psicológicos que hablan de un incremento de casos de depresión y ansiedad, como los presentados por la Fundación INECO o la facultad de Psicología de la UBA. Desde el gobierno de Fernández ya han tomado nota. La “no cuarentena” que deslizó Fernández fue una reacción ante esa situación. Sin embargo, generó confusión que se extienda hasta el 30 de agosto al mismo tiempo que se afirmó que “no existe”. Efectivamente, hay una apertura cada vez mayor en los sectores económicos y productivos, además de la circulación de las personas. En los hechos (lo vemos aquí en Mar del Plata), no hay una “cuarentena” estricta. Pero oficialmente no ha terminado. La falta de calificativos, o certezas sobre el estado en el que estamos de pandemia, genera estas confusiones a partir de mensajes ambiguos que difunde el gobierno nacional. Si a esto se le suma una Reforma Judicial que tiene un tratamiento exprés, no genera consenso ni siquiera dentro del peronismo y deja afuera al 90% de la Justicia Argentina (solo modifica el Fuero Federal), también estamos ante un problema para el oficialismo y una reacción lógica de parte de la población opositora.

Volviendo al “17 A”, la reacción del gobierno fue decisivamente en la línea de la política partidaria. Hubo palabras desatinadas, como las del gobernador Axel Kicillof (“hubo una especie de aluvión psiquiátrico”). También, se generó cierta polémica con el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, quien le pidió perdón a los trabajadores de salud por no evitar la marcha. Cafiero entró en un terreno pantanoso con esta declaración, ya que hay un gran malestar en ciertos sectores de la salud por la falta de insumos y de muertes por COVID de profesionales que, según médicos y enfermeros, se evitarían con un mayor aporte de recursos desde el Estado. El jefe de Gabinete caminó por una línea endeble.

La voz crítica más llamativa fue la del propio Presidente. Fernández contratacó afirmando que “los que gritan no nos van a doblegar”. El gobierno nacional vio en la marcha del pasado lunes una manifestación netamente opositora. La vinculan, incluso, a las manifestaciones por Vicentín, la primera derrota del gobierno en la opinión pública. Creen que estuvo compuesta esencialmente por ese 41% que votó a Mauricio Macri. Esto podría ser un error de lectura que el oficialismo puede pagar caro, en términos electorales y de apoyo popular. Analistas políticos de prestigio han sostenido que, posiblemente, hubo personas descontentas en estas marchas del lunes 17 de agosto que votaron a Fernández en los últimos comicios. ¿Es atinado decir que todos los que se manifestaron el “17 A” votaron a Mauricio Macri? ¿El gobierno comprende que las variables económicas son determinantes en los votantes de clase media y que los votos a las formulas electorales se sustentan cada vez menos en cuestiones ideológicas? De cualquier manera, uno como gobierno debe escuchar estos reclamos y, en todo caso, explicarles a los ciudadanos disconformes – sin atacarlos – por qué están equivocados.

Las manifestaciones mostraron que parte de la sociedad percibe una ausencia clara de liderazgos. Fernández lo tuvo al principio de la gestión de la pandemia y lo fue perdiendo paulatinamente. Esto no significa que sea cierta la idea de que el poder real lo tiene Cristina Fernández. Una figura como ella no es indiferente a cada hecho que ocurra en la gestión de gobierno, por peso específico y por su personalidad. El hecho de que la Vicepresidente haya decidido el candidato a Presidente genera que, para una parte de la opinión pública, Alberto Fernández (aún con sus probadas capacidades) debe dar examen todo el tiempo de su liderazgo. La otra parte, los propios, lo ven efectivamente como un Presidente de gestión y capacidad política que contrasta con la imagen empresarial negativa de Mauricio Macri. En ese vaivén de percepciones se mueve, todavía hoy, el Presidente actual. Sin embargo, en la oposición también pasan cosas. ¿Es Mauricio Macri el líder de ese 41% obtenido en octubre del 2019? Su fallida política económica y la escasa actividad pública como ex Presidente lo marginaron del lugar de líder que quiso imponer en la última campaña presidencial. Para Macri, parecería haber quedado muy lejos esos actos de campaña en el Obelisco o en Córdoba. Hoy, muchos coinciden que la figura más representativa del PRO es Horacio Rodríguez Larreta. Su presencia en la pandemia y su permanente diálogo con el Presidente Fernández lo han posicionado como un referente ineludible de Juntos por el Cambio, más que María Eugenia Vidal o que cualquier otro dirigente notorio de ese espacio.

De hecho, el radicalismo, principal socio del PRO y quien le aporta la estructura a la coalicón opositora, está luchando por recuperar un liderazgo que no tiene desde Raúl Alfonsín. Ni Alfredo Cornejo, ni Martín Losteau ni Ernesto Sanz son dirigentes que tengan una presencia pública que trascienda los límites de la UCR. Se podría argumentar que es un tiempo de coaliciones, de horizontalidad y de decisiones plurales. La UCR ha sido históricamente orgánica en sus acciones. Es verdad, los tiempos han cambiado. Sin embargo, el mundo demuestra que los liderazgos únicos todavía son importantes. Juntos por el Cambio necesita determinar esos liderazgos para construir una opción real que sostenga ese 41% obtenido en 2019 y adhiera 11% que no los acompañó ni a ellos ni al Frente de Todos. Lo necesita, además, para configurar una opción de representación que los manifestantes que critican al oficialismo están reclamando. Así como es un peligro electoral para la oposición cometer el mismo error de fragmentarse, como ocurrió entre 2003 y 2013, también es un signo de alarma llegar al 2021 sin un líder (o un trinomio como ocurrió en 2015) que los reúna. Aunque estemos en un sistema de coaliciones, el bipartidismo sigue implícito en la política argentina: peronismo o “no peronismo”.

Argentina es un país que protesta por todo. A veces, uno se cansa de ver tantas manifestaciones y tanto alboroto. Otras veces, se entiende que es la única manera de visibilizar los errores de la política. Lo difícil es convivir con la enfermiza la cuestión de la grieta y pareciera que nada se discute sin el fanatismo puesto en primer lugar. Los ciudadanos tienen el derecho a reclamar lo que creen inconveniente y el oficialismo tiene el derecho a no coincidir con el reclamo. Pero no pareciera ser un buen camino enfrentarse. Suena cada vez mas utópica la idea del diálogo y los consensos en Argentina, cuando la discusión política está tan cargada de acusaciones, ideas obsoletas y perjuicios dialécticos.

¿Quién liderará la oposición? ¿Cómo quedará el liderazgo de Fernández luego de estos meses tan intensos? La del lunes fue una marcha que claramente cuestionó al oficialismo con un marcado tinte opositor a sus políticas. Pero, implícitamente, le recordó a la oposición que el mensaje es para ellos también. La ciudadanía argentina naturalizó la idea de trasladar su descontento en redes sociales hacia las calles, porque no ven que haya líderes como los de otro tiempo en nuestro país. Ni siquiera Cristina Fernández, la última figura política de peso en Argentina, puede decir que sostenga por si sola el 48% obtenido en las últimas elecciones. Sin la jugada de aliarse con Alberto Fernández, posiblemente no hubiera superado el 40%. En la oposición, esta es una discusión determinante, no solo para el presente sino fundamentalmente para su futuro. Nadie tiene los votos comprados y a la política se le hace cada vez más difícil erigir líderes que se ganen el prestigio de toda la sociedad.

Por Mariano Busilachi
Licenciado en Comunicación Social. Consultor de comunicación política e institucional.

Estamos atravesando un tiempo político que conlleva notorios desafíos y cuestiones sociales muy complejas, a raíz de una pandemia que ha obligado al gobierno argentino a caminar por el delicado equilibrio entre lo sanitario y una economía cada vez más débil. En la última semana, tuvimos una novedad discursiva que causó sorpresa. Ya no se debe hablar más de “cuarentena”. Sin embargo, hasta hace no mucho tiempo, podían multarte si vos no la cumplías. ¿Cómo es posible sancionar a alguien por algo que no existe? Lo que se vendió como la única herramienta sanitaria posible para combatir el COVID 19, ahora se trasformó en una obligación exclusiva de los ciudadanos. De la noche a la mañana.

A nivel interno, Fernández se encuentra con otra encrucijada comunicacional. Sabe que no lo representa el ala dura del Frente de Todos pero tampoco está en un momento en que pueda volcarse completamente a su lado más dialoguista. La oposición de Juntos por el Cambio es cada vez más hostil y el fantasma sobre quién lidera realmente la Argentina es algo con lo que el presidente no piensa lidiar. Los frentes externos e internos muestran falencias discursivas y de conducta política que Alberto Fernández debiera corregir a la brevedad.

Marzo fue, quizás y paradójicamente, el mejor mes que tuvo Alberto Fernández en lo que va de su presidencia. Mostró liderazgo, firmeza, diagnósticos certeros y que podía juntar en una mesa a políticos tan disímiles como Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. Sería muy injusto caerle a Fernández por la medida temprana de confinamiento, ya que, cabe recordar, en aquel momento no se sabía muy bien sobre los alcances del coronavirus y teníamos como espejo la dramática experiencia europea. Por lo tanto, la primera “cuarentena” fue acertada, bajo el fundamento de prepararse para que nuestro flaco sistema de salud no colapse en el corto plazo. Incluso hoy, aun con las alarmantes cifras, el objetivo pareciera que se estuviese cumpliendo. La ciudadanía lo comprendió y la aprobación del Presidente alcanzó números casi de excelencia. La imagen de Rodríguez Larreta sentado a su lado tuvo un impacto positivo, además de las palabras de apoyo de Mario Negri (referente de la UCR y Diputado Nacional), lo cual podía suponer un freno interesante a “la grieta”.

La fraternidad de esos días se empezó a romper con el correr de los meses. En parte, por cierta tirantez entre los objetivos y estrategias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el de la Provincia de Buenos Aires para encarar la lucha contra el coronavirus. Runners si, runners no; apertura si, apertura no. Pero, el quiebre también se dio por cierta dificultad que tuvo el gobierno nacional de comunicar la crisis y sus soluciones. El Presidente lo dijo muy claramente, en varias oportunidades. A diferencia de Europa, países como el nuestro debían enfrentar la pandemia de COVID 19 con una estructura muy desventajosa, la cual se compone de sectores sociales vulnerables, con déficit graves alimenticios, de salud, de vivienda, de educación y de seguridad. No era fácil y en los diferentes niveles de gobierno lo sabían. Lo que llama atención, es que en diferentes momentos de la gestión de la pandemia se le habló a la población como si perteneciera a países europeos. Se le pidió paciencia, que aguantaran el momento, que lo principal era cuidarse y que ya iba a haber tiempo para recuperar la economía. ¿No les suena familiar al pedido de Mauricio Macri de aguantar el feroz aumento de tarifas? ¿Cuánto más puede aguantar un comerciante que hace años está con la soga al cuello? (Y por “hace años” me refiero a más que los cuatro del gobierno anterior).

Lo que en un principio era una preocupación y una necesidad de seguir las recomendaciones de un Presidente fuerte, pasó a mirarse de reojo, a que parte de la ciudadanía comience a dudar de los números, a cierta rebeldía y, finalmente, a desobedecer. Cuando Fernández afirma indignado que la mayoría de la gente no cumple la “cuarentena”, con lo cual no tiene sentido hablar de ella, debería reflexionar por qué. ¿No faltó un poco de certidumbre o de claridad en los mensajes que se le enviaron a la población? SI uno analiza las últimas conferencias de prensa, la gran mayoría ni siquiera se preocupó por los nuevos plazos de esta “cuarentena”, asilamiento o situación que estamos atravesando. La fecha del 30 de agosto es hasta simbólica. Incluso, bajaron las mediciones de audiencia. Pero, ¿por qué el gobierno dejó que se diluya sola esta categorización de fases? Hay un error claro de comunicación. No sabemos en qué situación estamos, qué fase o cómo podemos calificarla. ¿Y qué es? ¿Desescalada, como le dicen España? ¿Aislamiento administrado? Resulta que ahora depende de nosotros. De golpe, así sin más. ¿La culpa es de los ciudadanos?. ¿Fernández nunca supo qué país gobernaba? No de forma peyorativa, sino que se entiende que un país basado en el encuentro es imposible que naturalice el aislamiento.

En la historia de la humanidad ha habido otras plagas y la cuarentena ha sido un método válido, utilizado para prevenir y prepararse. En un país como Argentina, uno o dos meses de paralización no lo resiste cualquiera. Ni hablar en ciudades como Mar del Plata, netamente caracterizadas por la actividad comercial. La gran presión social y el descontento de la población empujaron a una apertura antes de tiempo. Así como el aislamiento obligatorio fue una buena primera medida, ir hacia una cuarentena voluntaria hubiese podido evitar algunos efectos colaterales. Lo que se necesita siempre es claridad en los mensajes gubernamentales y certidumbre. Fue erróneo esperar cada 15 días para decirle a la población lo que se debía hacer. Aunque es una enfermad nueva y el mundo aún está aprendiendo de ella, se hubiese podido manejar la gestión de la crisis con plazos más largos y, en el mientras tanto, trabajar con las políticas económicas necesarias y minimizar el impacto psicológico. Es lógico que ya no se hable de cuarentena y que la sociedad ya no lo entienda como tal. Nunca tuvo total conocimiento de hacia dónde iban las medidas de gobierno sobre el COVID 19. Nos las tiene hoy. Fueron piezas de rompecabezas que los ciudadanos fuimos armando. Toda la buena coordinación entre los gobiernos provinciales, CABA y Nación, no pudieron (o no supieron) reflejarla en la comunicación.

Está claro que Argentina tiene números mucho mejores, aun con la lamentable cifra de fallecidos, que otro países del mundo. Pero, es importante repetirlo, nuestra economía no resiste tanto. Si las respuestas son “retar” a la población como lo hace un docente a un alumno que no hace caso en clase, estamos yendo por el camino equivocado. Fernández sigue mostrando esa actitud, exacerbando una postura que en otro momento fue todo virtud. Hoy, mirar los gráficos inentendibles que se muestran en cada conferencia o escuchar palabras repetitivas sobre el deber hacer, aportan cada vez menos a la población. Nadie dice que no sean útiles ni necesarios. Pero, comunicacionalmente, no aportan nada nuevo.

Ya es sabido que lo económico fue determinante para ir mutando de la “cuarentena” a esta fase que nadie sabe explicar muy bien. También allí, el Presidente generó problemas que no eran oportunos, ni siquiera para contemplarlos. Nunca se entendió el apuro por Vicentín, el cual terminó en un fallido absoluto. No se explica una ley de teletrabajo que se pondrá vigencia 90 días después de que finalice este periodo de “aislamiento”. No es viable una reforma judicial que nació sin consenso, que solo abarca al fuero federal y en un momento social en que la discusión era otra. Parece como que estuvo todo fuera de tiempo y es realmente sorprendente. Lo único que estuvo acorde fue la negociación de la deuda. La economía necesitaba una buena señal y la tuvo. Pero quedó empantanada con otros temas, o bajo la mirada de sectores ultras que le juegan en contra al propio Presidente, como ocurrió a partir de su convocatoria del 9 de Julio.

Otro desacierto fue subestimar el impacto emocional del aislamiento en la población. En una ciudadanía propensa a los trastornos de ansiedad y el estrés, la falta de certezas generó un resultado adverso. Desde el gobierno nacional se hizo permanente hincapié en la salud de las personas, en que no se infecten, que se cuiden. Pero, llamativamente, nadie puso énfasis en la salud mental, como si cuerpo y mente funcionaran por separado. No se trata de la zoncera de la “infectadura” o caerle a los infectólogos, ya que ellos defienden su parte. Las asociaciones de psicología o psiquiatría deberían haber tenido una voz más fuerte durante estos meses y alertar sobre lo que estaba ocurriendo a la población. O lo hicieron tibiamente o no los escucharon.
Ni siquiera se contemplaron los informes que la Facultad de Psicología de la UBA realizó con gran precisión. En la última encuesta del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA), sobre 2.940 personas consultadas de los principales centros urbanos del país, un 57% dijo sentir depresión. Los jóvenes de 18 a 29 años son quienes más lo sufren. En ese mismo informe, se aclara que la incertidumbre sigue apareciendo como el sentimiento omnipresente, aunque aparecen con más fuerza cuestiones como angustia, tristeza y depresión. Desde el Centro de Atención al Suicida (CAS) argumentaron que recibieron casi un 100% más de pedidos de ayuda en la línea 135. Respecto a la percepción de bienestar general, el 65% de la gente señala “estar algo peor” (40%) o “mucho peor” (25%) que antes de la crisis de COVID-19. Otra investigación reciente, realizada por la Fundación INECO, evaluó los efectos de la pandemia y la cuarentena en la salud mental de la población. Facundo Manes, quien lidera el Instituto, alertó que 6 de cada 10 argentinos tienen síntomas de depresión y más de 6 de cada 10 tienen síntomas leves, moderados o severos de ansiedad.

Nadie quiere ponerse en un pedestal y juzgar las acciones de gobierno, ya que seguramente ninguno de nosotros quisiera estar en el lugar en el que está el presidente Fernández ahora. Nobleza obliga, fueron meses de aprendizaje sobre el coronavirus que aún continúan. Sin dudas, la novedad de la fabricación de la vacuna de Oxford es vital para el país y el deseo que esté a principios de 2021 es muy alto. Pero, ¿lo comunicarán todo como lo han venido haciendo? ¿No es tiempo de repensar la comunicación oficial? La población ya no necesita que la “reten”; que le echen la culpa de los contagios; que la juzguen porque quieran ver a su familia o porque abran sus locales ya que no llegan a fin de mes; o, la última, que la señalen porque compran dólares para ahorro, cuando es la propia política la que genera que el país no sea confiable.

Fernández debe repensar sus formas y sus estrategias de difusión aunque le suene incómodo al sector más confrontativo del Frente de Todos, no sirve esa postura. Debe retomar el liderazgo, la percepción de que está al mando de la crisis y actuar en consecuencia. Ya no le alcanza con aparecer junto a Rodríguez Larreta o con mostrarse abierto a los empresarios opositores. Debe poner más de sí mismo, de su habilidad y de su paciencia. Dejar por un rato el traje del profesor y ponerse el sobretodo del buen conciliador. Ese que le permitió sobrevivir en la política, por el cual logró llegar al lugar donde está hoy y el que necesita para que la población vuelva a confiar en su gestión. El 2021 está cerca y el coronavirus no perdona a nadie. Tampoco al poder.

Por Mariano Busilachi
Licenciado en Comunicación Social. Consultor de comunicación política e institucional.

El pasado 30 de julio, el Senado de la Nación aprobó la nueva Ley de Teletrabajo. Empresarios y diversos sectores interesados en esta normativa se mostraron en desacuerdo y criticaron en duros términos a este “Régimen Jurídico del Teletrabajo en relación de dependencia”, dentro de la Ley de Contrato de Trabajo. Al observar los diferentes artículos de la ley, efectivamente es una regulación anacrónica, contraproducente y que termina demostrando dos facetas preocupantes: el poder cada vez más abusivo de los sindicatos en Argentina y el notorio desconocimiento que tienen los parlamentarios sobre lo que han legislado.

Ni Europa ni Estados Unidos han logrado todavía determinar normativas que otorguen criterios convencionales en esta Sociedad de la Información y el Conocimiento en la que estamos inmersos. El mundo aún está tratando de incorporar una legislación común que reúna soluciones efectivas y amplias para el desarrollo de las TIC’s, asegurando evitar prácticas monopólicas y abusivas. Así, lo ha demostrado el Congreso de los Estados Unidos en su “batalla” contra Amazon, Facebook, Apple y Google. Por su parte, la Unión Europea está en pleno proceso de revisión de las nuevas formas de trabajo a raíz del avance tecnológico y de este cambio de paradigma sobre el rol de los consumidores, acelerado en su implementación por la aparición el COVID 19, con debates legislativos en Alemania, Suiza, Holanda, España, países escandinavos y demás lugares en donde ha prosperado notablemente el teletrabajo.

Es decir, mientras las grandes potencias del mundo occidental y los países avanzados en materia de tecnología están intentando comprender cuestiones trascendentales para el desarrollo socioeconómico, elaborando las propuestas acordes para regular la actividad laboral del siglo XXI (con la participación en la discusión de empresarios, sindicatos, políticos y ciudadanos), aquí en Argentina se debatió una ley de teletrabajo en tiempo récord, sin una difusión adecuada en la opinión pública y (lo más importante) sin consenso entre las partes afectadas. Prácticamente, se dejó de lado la opinión del empresariado y se sindicalizó el teletrabajo. ¿Cómo es posible hacer una ley de trabajo sin escuchar a las personas que dan ese tipo de empleo?

Lo que para el oficialismo es “una ampliación de derechos”, para organizaciones como el Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina (IDEA) “podría generar un desincentivo para la modalidad del teletrabajo”. Pero hubo otras voces críticas. Luis Galeazzi, CEO de Argencon (cámara que nuclea a empresas de la Economía del Conocimiento), expresó que “es una ley que no reconoce cuál es la realidad del teletrabajo». O, las fuertes palabras de Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), afirmando que el Congreso hizo “fracasar a la herramienta del teletrabajo”. No se explica por qué 214 Diputado y 40 senadores han votado una ley que se queda corta, que no tiene aceptación y recuerda (salvando las distancias) a la famosa Ley de Medios, la cual se fundamentó en democratizar a los medios de comunicación y se dedicó exclusivamente a acabar con el Grupo Clarín, perdiendo una oportunidad histórica de incorporar una ley que impulse a los medios de comunicación digitales y las telecomunicaciones.

La normativa aprobada a fines de julio regula el teletrabajo en casos de relación de dependencia, lo cual deja un confuso vacío legal para cualquier otro tipo de relación laboral freelance o de home office. ¿Cuál era el apuro de regular una ley de teletrabajo si ni siquiera fue pensada para implementarse en el medio del contexto de pandemia? Aunque falta todavía concertar la reglamentación de la ley, la norma empezaría a regir 90 días después de que finalice el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). Es un poco absurdo.

Cuando uno mira la fundamentación del proyecto, comienza a entender que sus autores no han comprendido realmente lo que tenían en sus manos. En sus primeras líneas, argumentan que las leyes vigentes “no son suficientes para regular este fenómeno que crece día a día”. Aclaran que “la regulación que propugnamos en este proyecto es sólo del teletrabajador en relación de dependencia”. Si se iba a discutir la modalidad del teletrabajo únicamente para trabajadores en relación de dependencia, por qué no se aprovechó la oportunidad de hacer un debate exhaustivo, con tiempo, escuchando a los especialistas, para hacer una normativa que colabore en el buen desarrollo del teletrabajo en general, impulsando paralelamente inversiones en tecnología y el impulso de las PyMEs. Esta es una discusión que ahora mismo se está dando, por ejemplo, en España. Da la sensación que se redujo todo a la cuestión de “relación de dependencia”, como si algunos sindicatos estuvieran interesados en meterle palos en la rueda a los empresarios que desarrollan el teletrabajo en sus corporaciones.

Ni hablar del impacto que esto origina en el sector PyME, ya en jaque por la asfixiante carga impositiva que sufre y que ahora, encima de los efectos de la recesión y la larga cuarentena, deberá incrementar sus costos operativos por una ley que no le da ningún beneficio. ¿Por qué? En su artículo N°5, la ley de Teletrabajo aclara que en el caso de que el teletrabajador aporte su propio equipamiento, “el empleador deberá compensar la totalidad de los gastos, sin perjuicio de los mayores beneficios que pudieran pactarse en los convenios colectivos”. ¿Es lo mismo este artículo para un gigante como Techint que para una PyME que se dedica a vender productos de estación? Claramente no.

Para agudizar este problema del aumento de los costos empresariales, la ley ha incorporado el concepto de “reversibilidad”. Quizás, el punto más conflictivo de la normativa. En su artículo N°7, indica que “toda transformación o modificación de las condiciones de prestación de servicios en teletrabajo, o viceversa, deberá contar con la conformidad por escrito del trabajador”. Pero siempre será voluntaria. Acto siguiente, agrega que el trabajador “podrá solicitar la reversión a su condición anterior”. Lo podrá hacer en cualquier momento, sin un margen de días razonable para que el empleador adapte su estructura a la reversión, con lo cual, obliga al empresario a tener preparada una oficina equipada, sin uso, por si el empelado decide volver a la modalidad presencial. Más gastos operativos y una relación injusta, ya que el empleado decide por la empresa que lo ha contratado y esta solo tiene un plazo de 15 días para concretar la restitución. Si el empleador se niega, le dará derecho al trabajador a considerarse despedido sin causa. ¿Esto fomenta el empleo? ¿No lo limita al empresario a dar empleo?

La ley de Teletrabajo incorpora garantías laborales que son razonables y, de hecho, han tenido la aprobación de todos los empresarios que estaban interesados en hacer una regulación para el trabajo a distancia. Hay un consenso generalizado en que los teletrabajadores gocen de los mismos derechos que los demás trabajadores en relación de dependencia. Sin embargo, presenta dificultades de aplicación cuando establece el horario de “conexión” y las excepcionalidades por tener personas a cargo. Por un lado, podría tener un efecto adverso en las oportunidades laborales, ya que los empleadores buscarían a personas que no tengan a nadie a su cargo. Por el otro, llamada “desconexión digital” pautada en horarios determinados no es compatible con una de las particularidades más ventajosas del teletrabajo que es su flexibilización.

Existen otros artículos en la ley que dejan un manto de sospecha sobre la incidencia de los sindicatos en la elaboración de este régimen jurídico. En el Congreso de la Nación se presentaron alrededor de 20 proyectos legislativos, la mayor parte de ellos del Frente de Todos, para regular el teletrabajo. Entre ellos, se destacan los proyectos de los diputados ligados a la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), como Vanesa Siley, Claudia Ormachea y Walter Correa. El gobierno nacional y la CGT avanzaron rápidamente en acordar un tratamiento express de la ley, en el mes de junio. No tuvieron la comprensión ni la visión que el tema requería, definiendo cuestiones estrictamente sindicales.

Por lo pronto, la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA); el Colegio de Abogados; la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE); el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA); la Unión Industrial Argentina (UIA); la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en el país (Amcham) y Argencon consensuaron propuestas para negociar con el Poder Ejecutivo y lo reunieron en un documento escrito que presentarán a los equipos técnicos del Ministerio de Trabajo. Buscarán definir, entre otras finalidades, que considere teletrabajo sólo a aquel que se realice de una manera preponderante y que supere, en lo posible, las 2/3 partes de una jornada laboral; que la jornada laboral sea distribuida conforme a lo pactado entre las partes o en los términos de la negociación colectiva; establecer un preaviso de dos meses para que el empleado le comunique la decisión de volver al trabajo presencial y que ese plazo de ejercicio de la reversibilidad no sea mayor a tres meses desde el momento en que adopte la posición del teletrabajo; los gastos que debe afrontar el empleador por el teletrabajo sean conceptos no remunerativos y que no se limite la posibilidad de que las empresas puedan registrar empleados que se encuentren en modalidad contractual fuera de la normativa argentina.

¿Aceptarán estas condiciones en el gobierno? De ser así, ¿con qué idoneidad cuentan los legisladores que votaron la ley si dejan todo en manos del Poder Ejecutivo? ¿Qué presiones interpondrán los sindicatos en contra de las ideas de los empresarios?

El Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de cambiar estas cuestiones con la reglamentación de la ley. Será sustancial el aporte que el Presidente Alberto Fernández y sus asesores puedan hacer a esta defectuosa ley. ¿Se animará a romper el acuerdo tácito con la CGT? ¿Respetará aquella consigna que esgrimió ante los empresarios, el 9 de julio pasado, de que la Argentina se levantará también con el aporte de ellos?
A veces nos preguntamos por qué las cuestiones estructurales del país nunca se resuelven. Así como la Justicia necesita una reforma urgente que reflexione sobre su funcionamiento y mejore la calidad institucional del poder judicial, el Poder Legislativo también necesita preguntarse cómo está funcionando.

En un país presidencialista y unitario como el nuestro, las discusiones parlamentarias se viven, en muchas ocasiones, como un “River-Boca”. Pero cuando hay temas en los que acuerdan al unísono, en general terminan produciendo leyes que perjudican al conjunto de la sociedad. A veces por presiones empresarias y sindicales, otras veces por presiones de diversos sectores.

Los cambios radicales en Argentina no pueden tratarse siempre con maneras tan efímeras, con tanta celeridad y con resultados que no convencen a nadie. Necesitamos reformular modelos, instituciones, relaciones laborales y humanas, mediante un consenso nunca antes acordado. Necesitamos sentar las bases del desarrollo. Pero, para ello, los poderes públicos deberán comprender que así, con las formas actuales de implementación de normas, no va más. No podemos dejar de perder más oportunidades. Así como ayer lo fue con la Ley de Medios durante el kirchnerismo o la Ley de Reforma Tributaria durante el macrismo, hoy lo es con la Ley de Teletrabajo o con la Reforma Judicial, por ejemplo.

Toda esta situación de la legislación o regulación del teletrabajo abre interrogantes que debemos resolver. ¿Cuántas oportunidades más perderemos para un progreso definitivo? ¿Tenemos instituciones y líderes preparados para dar las discusiones que hay que dar en Argentina? EL futuro llegó hace rato y debemos estar a la altura de las circunstancias.

Por Mariano Busilachi – Licenciado en Comunicación Social. Consultor de comunicación política e institucional

Cuando Alberto Fernández asumió en diciembre del año pasado, todo parecía indicar que se venían meses complejos para nuestro país, con varios frentes abiertos para la gestión incipiente. Algunos de ellos eran producto de malas políticas del gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, otros estaban derivados de un proyecto que gobernó durante 12 años y, ahora, estaba ante la oportunidad de demostrar que había aprendido de aquellos desaciertos. Fernández tenía la difícil misión de gobernar por sobre la lastimosa “grieta”, con su particularidad “dialoguista”, dentro de un frente variopinto de ideas y una oposición que apenas había acusado el golpe de una elección perdida con amplitud. Ni la mente opositora más retorcida hubiese imaginado que aparecía el coronavirus para cambiarlo todo. No tanto desde el posicionamiento partidario en el mapa político argentino, sino desde el desarrollo de una gestión estatal que se enfrentó, como todos los países del mundo, a un contexto inédito en la historia moderna.

Oficialismo y oposición convivieron durante algún tiempo en la necesaria concordancia para combatir la llega del COVID-19. No obstante lo cual, medidas de gobierno inoportunas y ataques fútiles de sectores opositores despertaron a la bestia dormida: la “grieta” política en Argentina. Aquella que ante cada elección los argentinos reclaman que se termine, como por arte de magia, por un nuevo gobierno que aparece, que trae las mismas prácticas que el anterior, y que el anterior, y que el anterior, y así, sucesivamente. Jubilaciones, Vicentín, Reforma Judicial Deuda Externa, Moratoria, Teletrabajo. Son algunos temas en los que, además de la gestión de la pandemia, gobierno y oposición han utilizado para volver a enfrentarse como los últimos años, sin acuerdo programáticos o de largo plazo, sin sentar bases de desarrollo mancomunadas, sin ese famoso diálogo que prometía el Presidente. Incluso, obliga a preguntarse si no es ingenuo creer que, estando Cristina Fernández comandando el Senado, con la cantidad de enemigos que se ha ganado en sus ocho años en el poder, será posible tener un cuerpo legislativo que llegue a consensos básicos. Como también, resulta poco creíble creer que Juntos por el Cambio se sentará a la mesa de discusión con el Frente de Todos cuando sus principales referentes acusan al gobierno de atropellar a las instituciones. No hay país en el mundo que avance con semejante grado de intolerancia política, la cual pareciera ser que no terminará nunca.

Esta última semana se trataron diversas leyes y Decretos en el Congreso, con la aprobación de algunas de estas normativas de manera inmediata. También, el viaje del Presidente Mauricio Macri hacia Francia, para dirigirse en unos días a Suiza y cumplir obligaciones en su nuevo rol en la Fundación FIFA, abren un interrogante sobre el liderazgo del ex presidente en la oposición. Efectivamente, ¿es Macri el líder de la oposición? Debiera serlo, con un 41% de votos en sus espaldas y siendo el primer presidente no peronista que terminó su gestión sin dificultades desde el retorno de la democracia. Mientras tanto, en nuestras tierras, el gobierno se nacional se encargó de subir la vara en sus obligaciones. Como si la pandemia no alcanzará, apareció la Reforma Judicial. ¿Tendrá el mismo efecto que Vicentín? Por lo pronto, hay más consenso en el arco opositor en avanzar en la reforma, aunque con sus grandes reparos.

Sería injusto caerle a Alberto Fernández por querer avanzar en este momento de pandemia en temas que la Argentina necesita desarrollar. Así como hay que convivir con el coronavirus, también hay que seguir gobernando. Se entiende, también, que la oposición quiera que se respeten los acuerdos de avanzar en el Congreso con temas estrictamente ligados al contexto. Pero estuvo en una posición muy dócil y reaccionó tarde a algunos temas. En todo caso, ellos debieran mejorar los errores de gobierno, en el marco de la discusión democrática. A veces, algunos dirigentes como Alfredo Cornejo o Patricia Bullrich se ponen en “modo twitter” y solo aportan más leña al fuego. Sin embargo, del otro lado, no debe ser fácil dialogar con la intransigencia de Cristina Fernández o de quienes no reconocen nada del gobierno de Cambiemos.

Así estuvo atravesada la discusión de Vicentín, la empresa agroexportadora que, finalmente, ganó la batalla. Un mes y medio después del anuncio en Casa Rosada, Alberto Fernández drogó mediante el DNU 522/2020 la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. Lejos de su autocritica de hace algunas semanas, argumentó que no lo dejaron ver cómo estaba la empresa para “salvarla”. El Presidente debiera haber tenido el reparo, en un contexto como este, de entender que la decisión resultó anacrónica. Siempre quedaron dudas si, realmente, Vicentín debía ser intervenida en pleno concurso de acreedores. A su vez, tampoco los productores agropecuarios estuvieron de acuerdo. De acuerdo a una encuesta realizada por la consultora Synopsis, sobre más de 600 productores agropecuarios de todo el país, el 84,2% de los consultados consideró a la intervención y expropiación como como negativa. Y la manifestación masiva en Avellaneda, Santa Fe, dejó una imagen adversa en el gobierno de Fernández, que recordó a los convulsionados meses de 2008, en el conflicto con el campo que significó la primera gran derrota del kirchnerismo y el inicio de la “grieta”. Fernández culpó a los directivos de la empresa, al juez en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, a cargo del concurso de acreedores y a parte de la oposición. Vicentín deberá ahora establecer el plan de pago con sus acreedores y recuperar la confianza de los productores. Fue, sin dudas, un golpe para Fernández, pero principalmente para Anabel Fernández Sagasti, autora del proyecto y muy cercana a la vicepresidente. Una vez más, la Justicia metió la cola en los intereses de la ex Presidente. Desde ya, es la misma Justicia que investiga maniobras irregulares de la empresa con el Banco Nación, durante la gestión de González Fraga en pleno gobierno de Cambiemos. El juez federal Julián Ercolini investiga supuestas irregularidades en las cesiones de créditos del Banco Nación. La medida, en sí misma, había sido inoportuna.

Esta Justicia, siempre en la mira de Cristina Fernández y su entorno, tendrá que subirse al ring nuevamente con el anuncio reciente del proyecto de Reforma Judicial. EL proyecto tiene varias aristas interesantes y, convengamos, la Justicia argentina necesita un cambio urgente. Hace años que los juzgados federales funcionan muy mal. Como “la grieta”, la falta de Justicia es igual de perjudicial, principalmente cuando no se juzga debidamente a los políticos que caen en el vicio de la corrupción, o a los empresarios amigos que haces desastres con el dinero de todos, dando señales peligrosas a la población de que “vale todo”. Lo que resulta un poco inexplicable, es que esta Reforma Judicial ya nazca sin consenso. Junto por el Cambio ni siquiera vio el proyecto y ya vaticinó que no lo acompañará. Tampoco estuvo presente en el anuncio de esta semana. No es una buena señal y, por una cuestión de respeto institucional, algún representante de la mayoría opositora debiera haber asistido. Luego, darán todas las discusiones válidas que quieran dar. En el peor de los casos, si critican al kirchnerismo por su prepotencia, la respuesta tiene que estar basada en ser mejor que eso y no sumarse a un juego infantil. Ir al anuncio no significa prestarse a las supuestas intenciones de impunidad. Se trata de mostrarle al exterior que Argentina discutirá sus reformas con la presencia de todos los actores que deben intervenir. Eso también es darle confianza al mundo.

Así las cosas, se vienen meses de profundo debate para el destino de la malograda Justicia Federal. Mientras tanto, la vicepresidenta Cristina Kirchner tiene hoy una causa menos en su contra. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó su sobreseimiento en la causa por los documentos históricos que se habían encontrado en su casa de El Calafate, no por comprobarse la falta de delito, sino porque ya no puede juzgarse por el paso del tiempo, según la fiscal del caso Alejandra Mángano. El Frente de Todos tendrá que asegurarle a la población que no es una transformación que no busque amedrentar a los jueces, impunidad ni venganza, como ya se ha demostrado denostando al juez Carlos Fayt en sus últimos años de vida, o las polémicas formas y decisiones de la ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Deben hacer algo mejor y lo saben. Asimismo, deberán sostener a ese consejo consultivo de notable en la materia, el cual también nació con polémica, al estar integrado por letrados que defienden a la Vicepresidente en causas por corrupción. ¿Es ético? ¿No hay algún tipo de conflicto de intereses? En la discusión se coló la posible ampliación de la Corte Suprema y el Presidente dijo sin titubear que la Corte funciona mal. Tampoco es buen indicio para un consenso que, repito, es fundamental para una reforma de este tipo, la cual quedará para el largo plazo. Por momentos, pareciera que esta discusión queda estancada en la visión cortoplacista argentina y, nos cuesta entender, que cambiar la Justica debe ser un hecho bisagra para nuestro país. La clase política debe ser muy cuidadosa en este sentido y tratar este proyecto con toda la seriedad y responsabilidad a la que han sido llamados.

La deuda es otro frente abierto para la gestión del Presidente. A la par de que los grupos de acreedores de la Argentina entablaron conversaciones con el FMI y otras organizaciones financieras en busca de apoyo para cambiar las reglas de sus títulos extranjeros, el ministro de Economía, Martín Guzmán, no tendrá más opción que extender los plazos de negociación de la oferta oficial, estirando a la fecha nuevamente hacia el 28 de agosto. Es la enésima prórroga, con el aditamento de la negativa del Gobierno argentino de mejorar su propuesta de reestructuración de la deuda. Esta situación, inquietante, es necesaria que llegue a buen término. Luego, Argentina deberá dirimir sus compromisos con el FMI y el Club de Paris. Sin embargo, a nivel interno, tampoco ha tenido buenas noticias la gestión económica. A pesar de las 60 medidas que prometió el gobierno para la recuperación económica, la Justicia Federal nuevamente le generó un dolor de cabeza al Presidente, relacionado al sistema de previsión social.

La Justicia Federal de Moreno declaró inconstitucional la aplicación del impuesto a las Ganancias sobre los haberes de una jubilada, al margen de su edad o situación de vulnerabilidad, en la causa denominada “Morales, Mirta Viviana contra AFIP”. Este sienta jurisprudencia en un tema que ya viene caldeado, con los cambios que impulsó Fernández al inicio de su mandato, rechazando a la movilidad jubilatoria establecida durante el gobierno de Cambiemos. Otros tribunales hicieron lo propio. El Impuesto a las Ganancias a los jubilados es una discusión necesaria, tanto como la reforma judicial. ¿Por qué la política no lo discute? ¿Es ganancia una jubilación?

Estamos en un momento tan complejo como incierto en su desenlace. Aun así, en 2021 tendremos elecciones legislativas y el margen de discusión de los temas se achicaría aún más. A pesar de la pandemia, la política debe evitar la paralización apelar a los recursos tecnológicos y seguir adelante. Así como acordaron “salvar” a las empresas, con unanimidad en la Cámara de Diputados aprobando el proyecto que suspende (hasta el 31 de marzo del 2021) los plazos que impone la ley de concursos y quiebras, o la regulación del teletrabajo (aunque es una ley no exenta de numerosas falencias), oficialismo y oposición deberán debatir y buscar acuerdos fundamentales en medidas que ya no pueden esperar más.

El sueño del gran Consejo Económico y Social para sacar adelante al país, será una ingenuidad y una ilusión en la medida que los actores sociales sigan comportándose como lo hacen. ¿Alguien cree realmente que pueden sentarse, en una misma mesa, los Moyano con empresarios necesarios como Marcos Galperin? ¿La Iglesia se sentará con quienes pregonan el proyecto de la Interrupción Legal del Embarazo? ¿Alguien ve posible que puedan llegar a un acuerdo Mauricio Macri con Cristina Fernández? Les recuerdo que los acuerdos democráticos y ese gran pacto nacional es con todos. Pero, con todos de verdad. ¿La clase política está dispuesta a eso? ¿Los empresarios, los sindicalistas, las instituciones públicas y privadas que intervendrán en ese consejo, tendrán la visión del largo plazo y la voluntad del consenso? La sociedad argentina lo necesita como el agua. La dirigencia política se ha levantado del letargo de la cuarentena y ha empezado a dar discusiones que tenía en stand by. Llegó el momento de demostrar en los hechos lo anunciado con palabras. Llegó la hora de ver si realmente el país ha logrado madurar o seguiremos en las mismas discusiones mezquinas que nos llevaron al lugar en el que hoy estamos.