El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, y la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual provincial, Estela Díaz, acordaron llevar adelante una serie de acciones relacionadas a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres e identidades disidentes para aplicar en todos los municipios de la Provincia.
Se trata de una agenda de trabajo que incluye la aplicación de los cursos de capacitación y sensibilización en género propuestos por la Ley Micaela, la atención de situaciones de riesgo, las acciones con poblaciones particularmente vulnerables como las mujeres cis y trans en prisión.
“La violencia de género es una problemática urgente que requiere el mayor esfuerzo de todos. En el caso de los organismos del Estado, debemos llevar una acción coordinada para ofrecer las mejores herramientas a la hora de la concientización y la intervención cuando suceden estos tipos de hechos”, sostuvo Lorenzino al momento del resaltar el acuerdo con el Ministerio.
Para Díaz, “que instituciones como la Defensoría asuman la perspectiva de género al momento de llevar adelante su trabajo es fundamental, porque tienen un alcance que permite que el mensaje llegue a todos lados. Nuestra tarea es hacer una política de Estado todo lo que desde el movimiento de mujeres y diversidades hace tiempo se demanda con fuerza, como el primer ‘Ni una menos’, los paros internacionales de mujeres cada 8 de marzo o el ‘Mirá cómo nos ponemos’”.
El convenio apunta a desarrollar en forma conjunta proyectos relacionados con la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres y personas LGBTI+, la prevención y erradicación de la violencia por razones de género y de las herramientas para llevarlos a la práctica.
También promueve el intercambio de información, documentación de interés, investigación, informes, trabajos de campo, de transferencia de conocimientos y asesorías en temas específicos que resulten de interés para uno u otro organismo.
A su vez, tiene entre sus objetivos diseñar mecanismos que faciliten el desarrollo de actividades de formación sobre temáticas de interés común destinadas a los municipios, como así también a generar campañas de promoción sobre los mecanismos de protección de los derechos humanos de los habitantes de la Provincia.
De la firma del documento también participaron el Defensor ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia, Mario Coroliano, y la secretaria de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia de la Defensoría, Sandra Cruz.
