Por: Lucas Fiorini – senador provincial Juntos por el Cambio
Hace cuatro meses presenté en el Senado de la provincia de Buenos Aires un proyecto solicitando la creación del defensor del policía con funcionamiento en el ámbito del Ministerio de Seguridad. La iniciativa fue ingresada luego de numerosas reuniones que mantuvimos con miembros activos y retirados de la institución policial y tiene como finalidad asegurar las debidas condiciones de servicio a todo agente y brindarle la seguridad laboral, jurídica y administrativa necesaria para el desarrollo de sus funciones, sabiendo que habitualmente realizan sus labores en situaciones extremadamente complejas.
El proyecto fue girado a la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, presidida por el oficialismo, y aún no fue tratado. Esta circunstancia es lamentable, ya que en vez de debatir los pormenores del proyecto o sugerir modificaciones, simplemente se lo dejó abandonado. Privarse de una herramienta útil por el sólo hecho de proceder de un legislador no oficialista es parte de la mediocridad que exhibe gran parte de la política nacional y provincial desde hace demasiado tiempo, y estas autolimitaciones en el diálogo y la búsqueda de soluciones prácticas son factores no menores del problema de subdesarrollo y decadencia que signa nuestro contexto.
Con el defensor del Policía propuesto quisimos avanzar en el reconocimiento y valoración de esta noble vocación pública y evitar circunstancias como las que están sucediendo por estas horas: vivimos momentos críticos donde los efectivos reclaman con razón mejoras en sus precarias condiciones laborales y salariales, exponiéndose a sufrir sanciones disciplinarias y sin intermediaciones institucionales que canalicen a tiempo las demandas.
Precisamente los medios de comunicación que siguieron el conflicto minuto a minuto relataron cómo el propio ministro de Seguridad Sergio Berni mantuvo intensas negociaciones con los uniformados para intentar destrabar la crisis, y en ese marco informaron que un “grupo de abogados” asumió esa representación ante los policías para negociar con el gobierno bonaerense.
De haber existido la figura del defensor del Policía todo este desgaste institucional y político, que llegó incluso hasta la Quinta de Olivos, podría haberse evitado. En vez de existir una anárquica representación de los diversos actores del conflicto, se podría haber encarado el justo reclamo a través de un representante creado por ley y con atribuciones para ello.
Lo que propusimos en la Cámara Alta es una herramienta concreta, brindando un área específica que podrá contar con todos los recursos disponibles (profesionales, presupuestarios, legales, administrativos) para poder darle la necesaria cobertura al buen policía, contención que ayudará a potenciar su desempeño y que, consecuentemente, contribuye a un mejor servicio para la ciudadanía.
La misión de esta institución es representar y ejercer la defensa jurídica y administrativa del personal policial, atendiendo conjuntamente las observaciones, sugerencias, dudas, quejas y peticiones formuladas en situación de actividad cuando denuncien cualquier tipo de vulneración de derechos, incluyendo la realización de investigaciones, gestionando estímulos y beneficios para su desarrollo personal y familiar, formulando recomendaciones y planteando mecanismos de solución y correctivos con miras a garantizar la correcta y adecuada aplicación de las normas vigentes, el control integral de las acciones del sistema policial de la Provincia y de los recursos humanos que lo integran. También elaborará informes que contengan recomendaciones para solucionar situaciones que puedan manifestar un patrón de violación o vulneración de derechos del uniformado.
El Estado debe preservar a aquellos que nos cuidan y velar por quienes cumplen con su deber en beneficio de la comunidad. Es clave la confianza en la relación policía-ciudadano, certeza que comienza en la acción de quien se dispone a servir a la sociedad, aún a riesgo de su propia vida. En este marco observamos cómo en numerosas ocasiones las víctimas que ven afectados sus derechos en el ejercicio de su profesión son los propios policías.
Lamentablemente aún no fuimos escuchados, así como no fueron oídos oportunamente los reclamos de miles de efectivos que vienen sufriendo situaciones complicadas y no tienen actualmente un canal válido para expresar su situación sin temor a ser perseguidos o sumariados.
El gobernador Axel Kicillof celebró la discutible decisión presidencial de destinar a la Provincia un punto de la coparticipación que le pertenecía a CABA y destacó que a través de ese paso “empezó el camino de recuperación de la Provincia”. Acto seguido hizo una serie de anuncios que aspiramos se concreten y mejoren la dura situación que atraviesa el cuerpo policial.
Esperemos que dentro de esta “recuperación” se contemple la necesidad que tienen miles de efectivos de contar con quién los represente. Nuestras fuerzas de seguridad necesitan ser reconocidas, acompañadas y estimuladas por las autoridades políticas, porque de ellas depende la preservación de la vida y los bienes de millones de bonaerenses.
La seguridad es un asunto integral, y la defensa de nuestros agentes es parte sustancial de este deber del Estado. Cuidar y fortalecer con recursos y herramientas a nuestra policía debe ser prioridad para todo gobernante que no se vea limitado por posturas ideológicas que están lejos del sentido común y de las prioridades concretas que piden los ciudadanos.
Luego de la experiencia vivida en los últimos días creemos que es imperioso debatir y avanzar con el proyecto de defensor del policía en la Provincia de Buenos Aires porque es una propuesta justa y necesaria, y no hay más tiempo para dilaciones estériles: ya lo dijo un sabio general, quien no tenga cabeza para prever deberá contar con espaldas para soportar.