El senador nacional Maximiliano Abad presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia de la pesca fresquera en todo el territorio argentino por un plazo de 180 días, con posibilidad de prórroga, al considerar que la actividad atraviesa una situación de «quebranto» que amenaza la continuidad de uno de los principales motores productivos de las ciudades portuarias.
La iniciativa (expediente 1256/26) propone un conjunto de medidas destinadas a sostener el empleo, reducir la carga impositiva, aliviar los costos operativos y recuperar la competitividad de un sector que, según el legislador marplatense, enfrenta un escenario económico cada vez más complejo.
«Estamos frente a una situación crítica. Esta situación pone en riesgo miles de puestos de trabajo, empresas familiares, plantas de procesamiento y toda una cadena productiva vinculada a la pesca. No podemos mirar para otro lado mientras un sector estratégico pierde competitividad y se acerca a una situación de inviabilidad económica», sostuvo Abad.
En los fundamentos del proyecto se remarca la importancia de la pesca fresquera para la economía nacional y, particularmente, para Mar del Plata, donde se concentra buena parte de la flota fresquera del país. El documento destaca que la actividad no solo genera divisas, sino también empleo y valor agregado a través del procesamiento en tierra.
En ese sentido, el senador señaló que el modelo fresquero tiene un fuerte impacto laboral, ya que por cada trabajador embarcado se generan entre cuatro y cinco empleos indirectos en tareas de estiba, fileteado, transporte, mantenimiento, talleres navales y otros servicios vinculados.
Un sector con rentabilidad negativa
Entre los argumentos que fundamentan el pedido de emergencia, Abad expone el deterioro económico que atraviesa la actividad. Según indicó, mientras en 2018 un buque fresquero registraba rentabilidades cercanas al 20%, en la actualidad los márgenes operativos se ubican entre el 21% y el 30% negativos.
El proyecto atribuye esa caída a una combinación de factores, entre ellos el incremento del 86% en el costo del combustible, el aumento del peso de los costos laborales sobre la facturación —que pasaron del 32% al 54%—, el encarecimiento de las descargas y una elevada carga burocrática, con más de 143 trámites administrativos por cada marea.
A ello se suma, según el texto, una pérdida de valor agregado en las exportaciones pesqueras argentinas. Mientras años atrás el procesamiento nacional representaba cerca del 50% del valor exportado, actualmente esa participación se redujo a alrededor del 15%, favoreciendo que parte de la industrialización se realice en otros países.
«El sector hoy está siendo ignorado. No se trata de un reclamo coyuntural, sino de una solicitud institucional urgente para evitar la desaparición de un modelo productivo que sostiene capital nacional, empleo argentino, valor agregado y arraigo territorial», afirmó el legislador.
Las medidas propuestas
El proyecto contempla una serie de herramientas para asistir al sector, entre ellas la eliminación transitoria de los derechos de exportación, la exención del IVA sobre el gasoil utilizado por la flota fresquera, la reducción del Derecho Único de Extracción (DUE), la suspensión de nuevos tributos específicos y la implementación de incentivos fiscales y líneas de financiamiento para promover inversiones, innovación tecnológica y la renovación de la flota.
Abad recordó además que la pesca constituye el quinto complejo exportador de la Argentina, con ventas al exterior cercanas a los 2.000 millones de dólares anuales —1.981 millones durante 2024— y que genera alrededor de 46.000 empleos directos y más de 100.000 indirectos.
«La pesca fresquera no pide privilegios. Pide condiciones para seguir produciendo, exportando y generando trabajo argentino. Defenderla es defender miles de familias, el valor agregado nacional y el futuro de nuestras ciudades portuarias», concluyó.
Foto: Revista Puerto