Ayer fue el día de la industria naval y el contexto que atraviesa a la actividad no motivó siquiera un acto formal como catalizador de lamentos. La catarsis tomó forma de comunicado multisectorial donde las cámaras sectoriales remarcaron “la oportunidad perdida” con la incorporación de los 18 buques para nuevos permisos de calamar.
En la previa, la denuncia contra el “empleado infiel” de Tandanor, que es investigado por la justicia por negociar tarifas y cobrarlas en cuentas ajenas al astillero e involucra al “Margot”, el barco que Pedro Baldino le alquilaba a “Tony” Napoleone, para algunos analistas no debe leerse solo desde las páginas policiales.
Sobrevuelan muchas versiones sobre el futuro del astillero público y todas identifican el interés de los hermanos Juan y Patricio Neuss en apurar una privatización que les permita ganar musculatura con una plataforma de reparaciones a la flota que transita por la Hidrovía, donde ya hicieron pie como subcontratistas de Jan De Nul, el flamante concesionario.
“Sobrevuelan algunos fantasmas” confió un visitante frecuente de las gradas para graficar que las decisiones del astillero ya no pasan por el ingeniero Tomás Etcheverry, presidente del cuerpo, sino por colaboradores de los Neuss, conocidos también en el ámbito pesquero.
Tandanor es escenario de una de las tantas aberraciones que en materia naval se cometen por estos tiempos. El “Coraje”, el fresquero que Iberconsa le compró a Norberto Cangelli y le vendió a Conarpesa, medía 25,2 metros de eslora y fue mutilado para encajar en los 20,90, la eslora limitante para poder entrar a pescar langostino durante la zafra de Chubut.
La industria naval que supo encarar un ambicioso programa de renovación de la flota pesquera, que no solo incluyó costeros de Rawson sino fresqueros de altura doble cubierta y tangoneros congeladores, que demandó inversiones para promover unidades con mayor tecnología, seguridad y habitabilidad a bordo, que lubricó a toda una cadena de valor de empresas de servicios que a su vez generaron empleo calificado, hoy sobrevive desarmando unidades viejas y adecuándolas para incrementar su poder de pesca.
Cuando dicen que la administración Milei hizo todo lo que prometió en campaña hay que advertir una excepción en el caso de la industria naval. La Libertad Avanza en su plataforma electoral pugnaba por “expandir” al sector. Hoy propicia la incorporación de barcos usados.
El “Coraje” no es el único caso. En Contessi desarmaron al “María Gracia”. El barco que compró Gustavo González a “Tito” Di Bona, tenía una eslora total de 24 metros. El objetivo es el mismo. Operará con el permiso del costero “Vamos a Probar”, buque que ya había sido alargado en el 2018, el cual quedará parado hasta la espera de algún permiso provincial que le permita seguir pescando. Al incremento del esfuerzo pesquero le gusta esto.
Así como algunos se achican otros se alargan. En esa lista aparecen el “Nono Pascual”, “Don Franco”, “Franco José”, “Punta Pardelas” y transformaciones más profundas como las llevadas a cabo en el “Tritón I”, “Lobo”, “Don Vicente Vuoso”, “El Malo” y “Caliz”, donde hubo alargamientos de casco y construcciones de proa invertida.
Este último en particular, cuando fue puesto en seco en las gradas de Aloncar medía 18,70 metros y el objetivo, según la empresa armadora era readecuarlo para mejorar la estabilidad y que pueda operar con su máxima capacidad de carga. Saldrá con varios centímetros y metros cúbicos adicionales.
En Paraná Sur estiran al “Mar Coral”, que el Grupo San Isidro le compró a Bricel. o a Pereira. Entre los antecedentes de ese buque figura haber pescado en Malvinas cuando operaba para la empresa española. Ingresó en lugar del “Pioneros”, en un proyecto de reformulación que obligaba al armador a construir un barco nuevo. Bueno, no… pasaron cosas.
Malvinas y la pesca, la soberanía nacional, su defensa en el tablero de especulaciones políticas y electorales del gobierno libertario, han sido temas frecuentes en la agenda pública por estos días. “Todos saben quienes son”, dijo Raúl Cereseto en “Desde el Muelle” sobre las empresas argentinas con vínculos en el archipiélago.
En la pesca todos saben que “Estrella Patagónica”, la propia “Bricel” y “Conarpesa”, socia de “Wofco” tienen vínculos con empresas españolas que a su vez los extienden hacia Malvinas.
“Wofco” no es el dueño de Polar Seafish Ltda, la licencia británica que opera en Malvinas con tres barcos. “Wofco” sí es accionista/controlante de Lafonia Sea Foods SL, que comercializa las capturas de Polar
Directivos de “Wofco” comparten consejo con Reid. Alex Reid es el accionista de “Seaview Ltd”, una de las empresas que conforman el 51% de “Polar Seafish Ltda”.
Para el art. 27 bis de la ley de pesca lo que importa es si hay relación jurídica, económica o de beneficio con quien pesca sin permiso argentino. Un directivo de Wofco/Lafonia sentado con los dueños isleños de Polar Seafish es, en los hechos, ese tipo de vínculo.
Pero para que esto pueda ser motivo de una quita del permiso y de la cuota, Prefectura debe iniciar el sumario, la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera lo instruye y el Subsecretario de Pesca emite la Disposición con la sanción. Recién ahí se aplica y si desde la administrada no presentan un recurso de reconsideración, se ejecuta.
No hace falta que el gobierno evalúe incorporar a la pesca al momento de ampliar las sanciones contra las actividades ilegales en Malvinas, iniciativa pensada para las empresas petroleras, mediante la Ley Pino Solanas.
A partir de la Disposición 20/26 que rubricó el propio López Cazorla, Argentina puede sancionar no solo a las empresas que operan desde Argentina y mantienen vínculos con Malvinas, sino a los más de 200 buques que operan con licencias del gobierno de ocupación y que aparecen en el monitoreo electrónico del Servicio Guardacostas.
El primer artículo de dicha norma establece que “a los fines de la fiscalización y control del Régimen Federal de Pesca, se reputará de pleno derecho que un buque pesquero de pabellón extranjero realiza actividad de pesca o tareas de pesca cuando, encontrándose dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), sea detectado navegando a una velocidad inferior a SEIS (6) nudos y ejecutando trayectorias, cambios de rumbo o patrones de desplazamiento compatibles con maniobras usuales de operación pesquera, situaciones que diferencian la actividad del derecho a la libre navegación que rige en la ZEEA”.
En el artículo 4, la Disposición subraya que la Prefectura, en el marco de sus competencias, a través del mencionado sistema Guardacostas, procederá a la “detección, constatación y reporte” de las tareas de pesca, y brindará la colaboración operativa requerida por la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera para la verificación de los hechos y la producción de evidencia primaria.
Por más que críticas que merezca Idoyaga Molina por los kioscos habilitados sobre los escombros de la estructura de control, la caza de brujas sobre trabajadores de la propia Dirección a los que acusan de filtrar información, las asignaciones de captura expres, o el archivo de presuntas infracciones, en esta historia no tiene responsabilidad.
Cabe preguntarse entonces por qué el gobierno argentino, teniendo las herramientas y facultades para sancionar y multar a la flota extranjera que opera en aguas de jurisdicción nacional amenaza con sanciones cuando ya puede aplicarlas.
Es el mismo gobierno que anunció fondos para impulsar la base naval integrada en Ushuaia pero mantiene la idea de rematar 4 inmuebles en 38 hectáreas de la propia Armada en el centro de la capital fueguina a las que considera “innecesarios, subutilizados ociosos y sin una afectación específica”.
Buen domingo