El paro nacional docente convocado para este lunes por la CTERA abre un escenario de incertidumbre acerca del dictado de clases en todo el país, ya que el impacto de la medida de fuerza dependerá de la cantidad de adhesiones en cada establecimiento, en un contexto de internas sindicales y de fuertes presiones por parte del Gobierno, que anunció que fiscalizará el funcionamiento de las instituciones para resguardar la continuidad de la enseñanza.
La medida de fuerza, que afectará en forma directa el reinicio del Ciclo Lectivo tras el receso invernal, responde a un paquete de reclamos salariales y laborales motivados por la congelación del haber mínimo del sector en $500 mil durante el último año.
Entre las exigencias sectoriales, el principal gremio docente a nivel nacional reclama la apertura inmediata de las paritarias, el restablecimiento del Fondo de Incentivo Docente, una nueva ley de financiamiento educativo y una mayor inversión en infraestructura, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.
Desde la CGT y el Gobierno
En contraste con el paro impulsado por CTERA, los sindicatos docentes alineados en la CGT dispusieron encarar un plan alternativo que no prevé la suspensión de las actividades sino llevar adelante jornadas de trabajo a reglamento y el dictado de clases informativas dirigidas a comunicar la problemática edilicia y remunerativa del sector. Asimismo, las autoridades de la central obrera convocaron a una conferencia de prensa para las 14, donde anunciarán los detalles de una movilización de protesta.
En este contexto, el Ministerio de Capital Humano informó en la red social X que la Secretaría de Trabajo llevará a cabo una inspección muestral en establecimientos de todo el país.
El objetivo oficial será verificar si las entidades sindicales cumplen con el artículo 101 de la Ley N.º 27.802, que declara a la educación como servicio esencial y exige garantizar un piso mínimo del 75% de la prestación habitual durante las medidas de fuerza.
Desde la cartera conducida por Sandra Pettovello advirtieron las consecuencias legales en caso de detectar irregularidades en los colegios. «En el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan», puntualizó el comunicado.
Si bien la administración central reconoció que «la gestión de las escuelas es una responsabilidad primaria de las jurisdicciones», remarcó la potestad del Estado nacional como «garante del derecho a la educación de la ciudadanía, en el marco de las atribuciones que a cada nivel del Estado fija la Constitución».
Finalmente, Capital Humano exhortó a «priorizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes y a cumplir con la normativa vigente en materia de esencialidad de la educación a fin de llevar previsibilidad a las familias argentinas».