Mar del Plata atraviesa horas de profunda conmoción. En 48 horas, la ciudad quedó sacudida por un femicidio que estremece por su brutalidad y por dos crímenes ocurridos en presuntos hechos de robo.
Tres vidas truncadas que vuelven a poner en evidencia una realidad que los vecinos vienen denunciando desde hace tiempo: la inseguridad dejó de ser una sensación para convertirse en una amenaza cotidiana.
Cada nuevo asesinato no solo enluta a familias enteras. También erosiona la confianza de una comunidad que siente que salir a trabajar, abrir un comercio o simplemente caminar por la calle implica asumir un riesgo cada vez mayor. Los reclamos ya no provienen únicamente de comerciantes o de barrios históricamente castigados por el delito. La preocupación atraviesa a toda la ciudad.
En este contexto, el silencio del intendente Agustín Neme resulta difícil de comprender. En momentos en que la sociedad espera liderazgo, coordinación y presencia política, la ausencia de un mensaje claro y de una estrategia visible alimenta la sensación de que el Municipio observa los acontecimientos desde un costado.
Aunque la seguridad depende principalmente de la Provincia, un intendente no puede limitarse a señalar competencias administrativas o destacar la «batalla» contra los «delincuentes de la vía pública», cuando la principal preocupación de sus vecinos es la violencia.
El gobierno local tiene la obligación de convocar, gestionar, exigir recursos, coordinar políticas preventivas y convertirse en la voz de una comunidad que reclama respuestas urgentes. Gobernar también significa dar la cara en los momentos más difíciles.
Pero tampoco puede soslayarse la responsabilidad que le corresponde al gobernador Axel Kicillof. La conducción de la Policía Bonaerense y la política de seguridad provincial son competencia directa de la Provincia de Buenos Aires. Cuando los homicidios, los robos violentos y los hechos de extrema gravedad se repiten, la ciudadanía tiene derecho a exigir resultados concretos y no únicamente explicaciones.
No se trata de buscar responsables exclusivos ni de utilizar el dolor de las víctimas para una disputa partidaria. Se trata de reconocer que, cuando el Estado falla en garantizar condiciones mínimas de seguridad, las responsabilidades políticas existen y deben asumirse.
Las marchas, los cacerolazos y los reclamos que se multiplican en distintos barrios son el reflejo de una sociedad que siente que perdió la tranquilidad. Ignorar ese mensaje sería un error tan grave como minimizar la dimensión del problema.
Mar del Plata necesita mucho más que comunicados de ocasión. Necesita una conducción política que actúe con decisión, una estrategia integral contra el delito y una coordinación efectiva entre el Municipio, la Provincia y la Justicia. Porque mientras las responsabilidades se discuten, las víctimas siguen aumentando y el miedo continúa ganando las calles.
