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Frente a los desmesurados aumentos en las tarifas por los servicios de luz y gas, entre otros, de fuerte impacto en la clase media y más baja de la población, y los anuncios de inminentes aumentos, desde la Unión Cívica Radical se alzaron voces, sumándose a las de diversos sectores y los legisladores Elisa Carrió y Martín Losteau, entre otros, solicitando frenar con los tarifazos.

El concejal Mario Rodriguez (UCR) presentó tres Proyectos de Comunicación por medio de los cuales solicita, al Departamento Ejecutivo local, a la Legislatura Provincial y al Congreso Nacional, que se gestione ante los Gobiernos Nacional y Provincial la aplicación de políticas tendientes a rever los aumentos tarifarios por los servicios de luz y gas, proyectándolos con mayor gradualismo, y se legisle en dicho sentido, de manera de atemperar el impacto en las clases medias y más bajas de la sociedad. 

Rodríguez, Presidente del Comité Distrital, considera que la mayor parte del ahorro fiscal derivado del aumento de tarifas recae directamente en el sector de la clase media y con ingresos más bajos de la sociedad, sin margen para absorver semejantes porcentajes de aumentos tarifarios, sumados a los constantes incrementos de combustible, que impactan directamente en los bienes y servicios que consumen estos sectores, por lo que resulta imperioso rever estas decisiones.

Recientemente, la Diputada Nacional Elisa Carrió cuestionó el impacto que tienen en las clases medias, los aumentos de tarifas, manifestando: «El Gobierno debe comprender que las clases medias y las clases pobres, que quieren ser clase media, nos merecemos mejor trato. Por eso, me opongo a este aumento de tarifas». Es que desde el 1º de abril el consumo del gas aumentó entre un 30% y un 40%, en relación a lo que se pagaba antes. También aumentaron los precios del GNC y los viajes en colectivos, trenes y hasta los peajes.

Carrió reclamó que el gobierno «vaya más despacio» con el aumento en las boletas del gas y del resto de los servicios públicos. «Creo que ya basta, le diría al gobierno basta, porque no puede ser que recompongamos un sector, a costa de la clase media», sostuvo la diputada.

Ya a mediados del año 2017, el Concejal Mario Rodríguez había reclamado ante la decisión de las autoridades de la Provincia de Buenos Aires de habilitar a las distribuidoras eléctricas a aplicar un aumento promedio del 58,1 % en las facturas de luz. Lo hizo por medio de un proyecto de comunicación, solicitando que el gobierno bonaerense revea “la reciente habilitación a las distribuidoras eléctricas a aplicar dicho aumento”.

En estos días, dado los aumentos de peajes, y ante el reclamo de los sectores de la producción de la zona, y teniendo en cuenta el reciente Pacto Fiscal al que adhirió el Municipio de General Pueyrredon, éste edil radical solicitó al Departamento Ejecutivo que gestione ante la Dirección Nacional de Vialidad a fin que se retrotraiga el valor de los peajes de la Ruta 226, para no afectar considerablemente a los sectores de la producción local.

Por su parte, el Diputado Martín Lousteau expresó que el esquema tarifario aplicado por el kirchnerismo «era insostenible», pero el aumento que aplicó el Gobierno apenas asumió fue «tirarle el problema por la cabeza» a la población. «Lo que hay que hacer es re equilibrar pero en 8 años, subiendo el gas por trimestre 6 puntos más de lo que suba la inflación y la electricidad 8% más de lo que suba la inflación».

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) expresó su preocupación por los “desmesurados aumentos” en tarifas energéticas, que se suman a los incrementos en combustibles, transportes, peajes e insumos para la  producción. Mediante un comunicado de prensa, la entidad gremial empresaria señaló que, “especialistas y asociaciones de usuarios han dejado en claro que
estos aumentos  no guardan relación con los costos de las empresas energéticas”.

Tampoco responden a criterios de “gradualidad” ni de equidad. Por el contrario, recaen con mayor fuerza sobre los sectores más vulnerables, los trabajadores, clases medias y Pymes. Estas empresas -sostiene Apyme-, padecen un doble efecto  negativo: por un lado, ven aumentar de modo exponencial sus costos, y por otro, no pueden descargar estos aumentos en los precios del mercado interno, deprimido por el mismo proceso inflacionario y de pérdida de poder adquisitivo de la población.