El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, llevó adelante este domingo una reunión para abordar la situación en las cárceles.
En primer lugar, recordaron que en diciembre de 2019 la población carcelaria duplicaba el número de plazas y si bien hoy la tendencia es decreciente todavía hay 45.000 internos para 24.000 lugares.
Con estos datos contundentes, los Magistrados afirman que las cárceles existentes en la provincia, que dependen del Poder Ejecutivo, son insuficientes para albergar a la cantidad de personas privadas de libertad que genera el sistema judicial bonaerense en el cual se desempeñan.
«Este desequilibrio desatiende mandatos constitucionales y pactos internacionales. Y puede generar responsabilidad del Estado. Las políticas públicas deben orientarse a equilibrar el sistema. Los magistrados y funcionarios judiciales no establecemos las políticas públicas, no edificamos cárceles, ni compramos tobilleras. Actuamos aplicando las leyes por mandato constitucional», enfatizaron.
Con relación a las morigeraciones, arrestos domiciliarios y demás resoluciones excarcelatorias solicitadas, aclararon que fueron analizadas por los magistrados caso por caso. «Todas estas decisiones son recurribles por las partes. El Ministerio Público Fiscal, que representa los intereses de la sociedad, puede apelarlas y promover la revisión de cada decisión», se aclaró.
No obstante, sentenciaron que en la provincia de Buenos Aires «tenemos la tasa de prisionización más alta del país, lo que significa que hay más detenidos por cantidad de habitantes que en cualquier otro punto de Argentina. La vocación de los magistrados y funcionarios bonaerenses es solucionar pacíficamente las controversias, poner límites a los abusos y evitar que los delitos queden impunes».
Más adelante, se refirieron a que el Tribunal de Casación provincial fijó posición haciendo lugar a una acción de Hábeas Corpus colectivo interpuesto por Defensores Oficiales. «Pero cada juez/a ha evaluado los casos concretos. Existen vías de impugnación para revisar las decisiones adoptadas que están siendo ejercidas por el Ministerio Público Fiscal».
«Este Colegio, en línea con la posición histórica sostenida en sus más de 55 años, expresa su rechazo a la injerencia indebida de quienes pretenden incidir o sancionar a los magistrados por los contenidos jurídicos de sus decisiones jurisdiccionales», añadieron en otro punto de los temas tratados durante la reunión virtual
Además, los jueces aclararon La provincia de Buenos Aires no ha adherido a la Ley Nacional de Víctimas nro. 27.372. «El Colegio provincial promueve que se proceda a su adhesión legislativa, para que las víctimas y sus familias puedan ser escuchadas y ejercer así plenamente sus derechos. Hemos solicitado a la SCBA que todas las medidas cautelares de protección en favor de las víctimas sean prorrogadas, lo que fue concedido y está plasmado en la Resolución 20/12. Además, todas las sentencias definitivas son anoticiadas a las víctimas (art. 83, C.P.P.)», sostuvieron.
En el último punto, dejaron en claro que es necesario asignar mayor presupuesto para garantizar la sanidad en las unidades penitenciarias y construir más lugares de alojamiento, así como para que se adquieran tobilleras electrónicas, botones antipánico u otros sistemas de monitoreo confiables, a fines de optimizar la protección de la ciudadanía.
