La inseguridad aparece como una preocupación extendida entre los habitantes de General Pueyrredon. Así surge de la Encuesta de Percepción de Seguridad 2026, realizada por la Red Mar del Plata Entre Todos junto al Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS-CONICET/UNMDP), cuyos resultados fueron presentados este miércoles.
El relevamiento reunió 1.470 respuestas de personas mayores de 18 años residentes en el partido y fue realizado entre el 20 de abril y el 30 de junio mediante un cuestionario online autoadministrado. Los investigadores aclararon que se trata de una muestra voluntaria y no probabilística, por lo que sus resultados deben interpretarse como un diagnóstico descriptivo de las experiencias y percepciones de quienes participaron.
Uno de los principales datos es que el 96,5% de los encuestados considera que la inseguridad es un problema grave o muy grave, mientras que el 88,8% sostiene que la delincuencia aumentó respecto del año anterior.
La experiencia directa también tiene un peso significativo: el 44,4% manifestó haber sufrido personalmente durante los últimos 12 meses al menos uno de los delitos relevados, entre ellos robo con violencia, robo sin violencia o hurto, lesiones y amenazas. Los robos y hurtos alcanzaron al 35,6% de los participantes, mientras que el 20,4% señaló haber sufrido lesiones o amenazas.
Entre los hechos específicos, el robo sin violencia aparece con el porcentaje más elevado, con 27,6%, seguido por el robo con violencia (18,4%), las amenazas (17,1%) y las lesiones (7,8%). Sin embargo, la denuncia no siempre forma parte de la respuesta frente al delito: entre quienes dijeron haber sido víctimas, el 46,7% afirmó haber puesto en conocimiento de la Policía al menos uno de los hechos sufridos.
El miedo también modifica las rutinas
La encuesta muestra que la inseguridad no se limita a quienes atravesaron una experiencia delictiva, sino que modifica comportamientos cotidianos.
La sensación de inseguridad alcanza al 53,7% cuando una persona permanece sola de noche en su vivienda, pero aumenta al 77,5% al caminar cerca de su domicilio. En plazas y parques llega al 87,1%, mientras que las paradas de colectivo aparecen como uno de los puntos de mayor temor, con 88,8%.
Ese temor también se traduce en cambios de hábitos. El 68,8% evita dejar su vivienda sola por razones de seguridad, el 66,6% utiliza taxis, remises o aplicaciones para trasladarse por ese motivo y el 64,9% dejó de salir de noche.
Además, el 63,9% dejó de circular con objetos de valor, el 45,8% manifestó haber dejado de utilizar el transporte público y el 43,6% abandonó actividades al aire libre.
En los hogares también aumentaron las estrategias de protección: el 91,6% de quienes aportaron información completa declaró contar con al menos una medida de protección residencial, como rejas, alarmas, perros guardianes o acuerdos vecinales de vigilancia.
Fuerte desconfianza hacia las instituciones
Otro de los capítulos de la encuesta estuvo destinado a conocer el nivel de confianza de los vecinos en las instituciones vinculadas con la seguridad y la Justicia.
Las fuerzas federales fueron las únicas que superaron la mitad de las respuestas positivas, con un 55,1% de confianza. En cambio, la confianza alcanzó al 25,5% para la Patrulla Municipal, al 20,4% para la Policía Bonaerense y apenas al 16,5% para el Poder Judicial.
En paralelo, el 79% realizó una evaluación negativa sobre la capacidad de la Policía para controlar el delito en su zona de residencia.
Diferentes miradas sobre cómo enfrentar el problema
El relevamiento también consultó qué tipo de respuestas deberían priorizarse frente a la inseguridad. No apareció una única alternativa claramente dominante.
El 28,4% se inclinó por la prevención social y la reducción de desigualdades; el 27,4%, por un endurecimiento penal; el 20%, por reformas institucionales destinadas a reducir la corrupción, y el 15,7%, por fortalecer la presencia y las capacidades policiales.
Desde el equipo de investigación remarcaron que estos porcentajes reflejan qué consideran los encuestados que podría mejorar la seguridad, y no constituyen por sí mismos una evaluación técnica sobre la efectividad de cada política.
El informe plantea además que la problemática requiere integrar diferentes fuentes de información —estadísticas policiales y judiciales, encuestas de victimización, información territorial, evaluaciones institucionales y experiencias ciudadanas— para construir diagnósticos más completos y políticas públicas basadas en evidencia.