La Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata expresó su preocupación por el proyecto de ley de cabotaje S-1844/26, actualmente en tratamiento en el Senado de la Nación, al considerar que, en su redacción actual, podría generar condiciones de competencia desigual y afectar tanto a la marina mercante nacional como a los astilleros argentinos.
La entidad, presidida por Domingo Contessi, advirtió que la iniciativa permitiría el ingreso de buques extranjeros bajo un régimen de admisión temporaria, con beneficios impositivos y sin límites de antigüedad. Según planteó, este esquema podría otorgar ventajas a embarcaciones del exterior frente a las construidas en el país, además de favorecer la incorporación de unidades usadas sin generar incentivos para la producción nacional.
Entre los principales cuestionamientos, la Cámara señaló que el proyecto no establece obligaciones para que las reparaciones y tareas de mantenimiento de esos buques se realicen en astilleros argentinos. También advirtió sobre las posibles consecuencias laborales de permitir operaciones con tripulaciones y legislación de sus países de origen.
Otro de los puntos señalados es la falta de reciprocidad con otros mercados. Como ejemplo, mencionó las restricciones que Brasil mantiene para las embarcaciones argentinas, mientras que la iniciativa local avanzaría en una mayor apertura del cabotaje a buques extranjeros.
La entidad también manifestó reparos por el tratamiento de la actividad pesquera en torno a las Islas Malvinas y consideró que el proyecto retoma aspectos centrales del DNU 340/2025, que fue rechazado por ambas cámaras del Congreso en agosto de 2025.
Piden modificar el proyecto
Desde la Cámara reconocieron que es necesario avanzar en medidas que reduzcan los costos del transporte marítimo y fluvial, así como en la simplificación administrativa y la digitalización de documentación. Sin embargo, sostuvieron que esos objetivos no deben alcanzarse a costa de debilitar la industria naval nacional.
En ese sentido, propusieron reducir los costos de operar bajo bandera argentina, establecer que el ingreso de buques extranjeros sea excepcional y temporal, condicionado a la construcción de una embarcación similar en el país, y exigir que las reparaciones y el mantenimiento se efectúen en instalaciones nacionales.
También reclamaron establecer límites de antigüedad para las embarcaciones y generar incentivos fiscales que favorezcan la construcción naval argentina.
Finalmente, la Cámara solicitó abrir una instancia de diálogo con representantes de la industria naval, los armadores y los trabajadores para revisar la iniciativa y alcanzar una normativa que contemple los intereses de todos los sectores involucrados.
«La industria naval argentina está dispuesta a ser parte de la solución. No puede aceptar ser su variable de ajuste», expresó Contessi al sintetizar la posición de la entidad.