“El reparto es así: 80 para los congeladores, 80 para Rawson y 40 para los fresqueros de Mar del Plata. Apuran los trámites ahora que cierre la temporada”.
El panorama que resume un actor de la pesquería guarda cierta semejanza con el esquema que se venía conversando hace unos meses, cuando brotaron las cosquillas de un sector de la pesca marplatense que exigía transparencia ante la opacidad de planillas de Excel con antecedentes de captura que se revisaban fuera de la Subsecretaría.
Ese reparto dejaría unas 30 mil toneladas como reserva de administración para el reparto de las provincias patagónicas como compensación por el cierre del Golfo San Jorge, y habrá que ver si no reactivan las 5 mil toneladas del Fondo de Asignación para el Fomento Productivo, el último intento exitoso de monetizar una distribución del marisco en tiempos de Massa ministro/presidente, para curar a los que salgan lastimados del reparto.
Si revisamos la estadística de desembarques por tipo de flota, en la perinola (perdón la antigüedad) “todos pierden”. En este escenario cobra vigencia lo dicho por un empresario chubutense tras el Foro Pescar de marzo pasado cuando se oficializó la idea de cuotificar. “Nadie va a pagar para pescar menos”, sentenció.
En 2024 los tangoneros congeladores declararon descargas por 90 mil toneladas. En esta que todavía no terminó, ya suman 77 mil.
Por “Rawson” se entiende a la flota costera y los artesanales. Entre ambas, en el 2023 declararon 87 mil toneladas y el año pasado, 86 mil.
Los fresqueros de altura –sin poder identificar cuántos son los marplatenses- declararon 46 mil toneladas en el 2024 y ya llevan 47 mil toneladas esta temporada.
Tal vez me aventure con escenarios incómodos de manera innecesaria. Porque sin control y fiscalzación de la flota, la cuotificación sirve de poco y nada. Y si algo ha caracterizado a esta gestión no es solo demoler las estructuras de control sino haber habilitado un kiosco sobre los escombros.
Podemos pedir también que el debate que viene sea transparente, con la participación de todos los actores y con tiempo suficiente para canalizar todas las dudas. Pero lamentablemente los antecedentes no ayudan. Esta semana Carla Seain aportó un dato desconocido, al menos para este escriba, del trámite express de los nuevos permisos de calamar.
El expediente con el orden de mérito ingresó al Consejo sobre la chicharra del miércoles 5 de agosto. El jueves 6 fueron aprobados por mayoría con el voto negativo de Buenos Aires.
“No hubo tiempo físico de revisar las 800 páginas que elevó la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera con los antecedentes de todos”, reveló la Subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca bonaerense, y designada como representante de la Provincia en el propio Consejo.
El apuro se suma a la falta de informes técnicos un tanto más rigurosos que la hoja y media que aportó el titular de la DNI del INIDEP para avalar que el esfuerzo pesquero que sumarán estas nuevas embarcaciones no afectará la sustentabilidad de alguno de los cuatro stocks que conforman la pesquería de calamar.
Al menos disimulen un poco… Que lo hagan mejor pareciera estar pidiendo demasiado. Desde esta columna se expuso el caso de “Nuevos Vientos” que no reunía la cantidad de trabajadores que dijo sumar al proyecto. “Por lo que pudimos ver, hay varias empresas que pusieron trabajadores que no están vinculados a la pesca”, agregó Seain.
¿Con estos y los anteriores antecedentes, Idoyaga Molina va a llevar las riendas de la cuotificación del langostino? Es cierto que cuotificar es cumplir con la ley, pero si hay algo que ha hecho esta administración pesquera es violar varias normativas vigentes para satisfacer necesidades puntuales de distintos administrados.
Desde que asumió su cargo el Director Nacional no ha hecho más que correr a cuanto empleado se negara a cumplir con sus arbitrariedades o a firmar cosas que no correspondían. Repasar la lista permite dimensionar el daño a la estructura de control que funcionaba en la Subsecretaría.
A Mariana Mazzini, que trabajaba en el área de Posicionamiento Satelital la eyectaron cuando se negó a incluir al “Don Gaetano” en una prospección a pedido de Juan Antonio. El Subsecretario quiso hacerle un favor a su amigo Saverio Romano.
A Horacio Pailacar, con más de 15 años bajo la órbita de la Dirección Nacional, lo sacaron de su tarea de analizar los informes de marea que realizaban los inspectores embarcados por negarse a mandar al archivo infracciones detectadas por los fiscalizadores a bordo. El caso el “San Juan B” que tomó estado público esta semana, obviamente que no sería el único caso.
Conrado Garzoli fue el coordinador del Área de Análisis de Infracciones y Sanciones de la Subsecretaría. , y su salida a fines de 2024 generó fuerte polémica y alarma en el sector pesquero. Con más de 25 años en el área, no estaba dispuesto a firmar diferentes sanciones ante la misma infracción, como le ordenaban sus superiores. Habrá más detalles próximamente…
La historia de la columna pasada, el “María Gloria” pudiendo ingresar en la zona de “El Rincón” aupado por el “Cometa” que no reunía ninguno de los requisitos exigidos para formar parte de la lista de exceptuados, activó una caza de brujas en la Subsecretaria.
Lejos de pedirle explicaciones al “Rey Arturo”, por tan obscena irregularidad, el holograma de López Cazorla avala la persecución. Idoyaga y su ladero, Juampi Sciuto amenazan con despedir a todos aquellos que pudieron filtrar la información.
Uno de los últimos que salió del grupo de la Dirección fue Augusto Dabinni, del área de Aranceles. También, con más de 20 años de trayectoria, planteó objeciones a la manera en que la autoridad resolvió el caso del buque “Raffaela”.
Al barco de la empresa “Aires Marinos” se le suspendió el despacho a la pesca por mantener una deuda en el pago del derecho único de extracción por más de 30 millones de pesos. Idoyaga lo dejó zarpar sin siquiera haberlo obligado a instrumentar un plan de pagos.
Buen domingo
Foto: Alfredo Cardozo