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 “Si no estás prevenido ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido”.   Malcom X

 

 

El ascenso informativo desde hace tres años respecto a la situación del país bolivariano se ha incrementado en niveles exorbitantes y ahora se dedica programas completos de media hora, informes o adelantos noticiosos, que en conjunto superan las dos horas promedio en varios canales occidentales, insistiendo en el derrocamiento del presidente constitucional al crear la imagen de dictador, violador de derechos humanos, analfabeta, entre otros elementos.

La razón fundamental de esta situación posee una historia: con la muerte abrupta de Hugo Chávez Frías se creyó que el Presidente Nicolás Maduro no resistiría sino pocos meses a la Derecha organizada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), y luego se destruiría el Poder Popular logrado en la presidencia del extinto mandatario. Para acelerar el proceso se preparó un plan de contingencia que contenía varios puntos, entre ellos, la creación de una ola de violencia atribuida al gobierno con el fin de generar una reacción interna, una tensión productiva y además una extraordinaria fuerza foránea que presionara “La salida”. En esta campaña, la guerra mediática fue definitiva en contra de los intereses populares o soberanos como lo ha sido permanentemente.

Sin embargo, el proyecto subversivo no prosperó y fue necesario recurrir a una estrategia de más largo plazo que tomara en cuenta varios elementos que permitiesen la desestabilización: uno, contar con un apoyo irrestricto de las agencias de inteligencia internacionales para subvertir el orden, del órgano de propaganda internacional CNN (quien circula la información en el mundo y al unísono), una financiación amplísima consistente en miles de millones de dólares para las tácticas de calle, guerra mediática y bloqueo alimenticio, soportada en un liderazgo absolutamente decidido al derrocamiento del presidente.

Dos, la búsqueda del Parlamento para iniciar desde allí una campaña demoledora, la que consiguió en diciembre de 2015 al obtener mayoría en la Asamblea Nacional (AN).

Tres, establecer la unidad de mecanismos para provocar una situación que se expondría como crisis humanitaria, convirtiendo a sus dirigentes en activistas de los derechos humanos y la libertad. Se consideró, entonces, la exigencia de renuncia al mandato lo que no fue logrado, declarar su incapacidad mental que también fue rápidamente derrotado, una enmienda y/o reforma constitucional para disminuir el período del dignatario que finalizó prontamente y, decididamente, exponer la nulidad de su cargo por tener doble nacionalidad (colombiana). Lo anterior fue desmentido oficialmente al comprobar su registro civil que nació en Caracas (Departamento Libertador del Distrito Federal, Parroquia La Candelaria), el 23 de noviembre de 1962, ratificado además por el Tribunal Supremo de Venezuela, complementado por la Cancillería de Colombia y el Senado de esa nación, donde confirma que no es colombiano ya que es inexistente alguna partida de nacimiento o registro a su nombre en dicho país.

4. Actualmente la MUD está en la etapa del Revocatorio, el enjuiciamiento político y la coacción de calle a nivel nacional con las marchas, tomas y bloqueos, junto con la petición a organizaciones internacionales para que apoyen dicha destitución como la OEA o HRW, en tanto mecanismos de presión. El diálogo es considerado una medida alterna y no fundamental que puede abrir caminos para mantener canales de comunicación visibles.

La situación coyuntural en Venezuela.

El objetivo de crear una crisis real a partir de acciones desestabilizadoras, apoyadas por la Gran Prensa, se ha manifestado en el planteamiento sobre el Revocatorio y los dictámenes de la Asamblea Nacional (1).

Convocar el referendo requería como mínimo activarlo en enero del año 2016 para cumplir los tiempos necesarios y obtener como primer paso el 1% de las firmas del registro electoral, legitimando las organizaciones políticas promotoras del referendo. Una vez realizado, recoger el 20% de las firmas totales del registro, según lo establece la Constitución venezolana. Sin embargo, al activar el mecanismo en abril y no en enero que era cuando se cumplía la mitad del periodo constitucional presidencial, el tiempo para realizar el revocatorio en el año 2016 era imposible debido a que los lapsos establecidos en la normativa que regula su activación y convocatoria regula un procedimiento que dura más 260 días. Respecto a la recolección de firmas, la MUD debía conseguir sólo 195.000 para cumplir el requisito del 1%, pese a lo cual consignó al CNE 1.957.779 firmas.

La Auditoría, representada por la MUD y el gobierno, estableció que 605.727 firmas tenían un carácter discutible y dentro del fraude se encontraban 10.995 personas fallecidas, 53.658 personas que no estaban inscritas en el Registro Electoral, 3.003 menores de 18 años, 1.335 personas inhabilitadas por delitos graves (homicidios, narcotráfico, robo, estafa, abuso sexual), agregándose más de 9 mil denuncias por usurpación de identidad que se presentaron en todos los estados. A pesar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) encontró estas irregularidades, admitidas por la comisión que nombró la MUD para la revisión de las firmas, procedió a convocar para los días 26, 27 y 28 de octubre el proceso de recolección del 20% de las firmas, haciendo la salvedad de que sometería los anteriores registros fraudulentos a una investigación judicial. No obstante, la decisión del organismo fue obligada a retrotraerse ya que el jueves 20 de octubre siete tribunales nacionales de distintos estados de Venezuela, basados en denuncias de ciudadanos afectados, dictaron medidas cautelares ordenando al CNE que suspendiera todos los procedimientos que se generaron como consecuencia de la recolección del 1% de las firmas al evidenciar la usurpación masiva de identidades.

En cumplimiento de estas órdenes judiciales, el CNE debió acatar el fallo judicial y suspendió la recolección del 20% de las firmas. En este caso concreto, si el referendo se realiza el año 2017 e implica que la oposición triunfa, quien completa el periodo del mandatario vigente revocado hasta el año 2019 es su Vicepresidente Ejecutivo.

Respecto al juicio político que inició la Asamblea Nacional en contra de Nicolás Maduro, no existe ninguna norma que faculte a dicho estamento para efectuarla. Aún más, al desacatar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (ya que en su seno permanecen tres asambleístas que no pueden ser aceptados por fraude en su elección), éste decidió anular todos los actos de la AN hasta tanto no se ajuste a derecho y respete la Constitución.

A pesar del llamado a la desobediencia civil, el Presidente Nicolás Maduro nuevamente ha convocado a la oposición a un diálogo nacional para resolver política y pacíficamente los conflictos, mediando Unasur, los ex presidentes Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, junto con la facilitación del Vaticano que fue la condición puesta por la MUD, proceso detenido debido a contradicciones internas de la oposición.  En vez de la discusión pacífica, la MUD ha insistido en cinco puntos: acusar al Presidente de dar un golpe de estado quebrando el orden constitucional, la AN ha declarado en sesión extraordinaria su rebelión ante el gobierno, solicitar a todos los organismos internacionales la aplicación de sanciones contra Venezuela y denunciar en la Corte Penal Internacional a las rectoras del CNE y jueces que han suspendido el proceso revocatorio, destituir a los rectores del CNE y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, decidir sobre la supuesta doble nacionalidad del Presidente Maduro y el abandono del cargo, con el fin de anunciar su destitución.

 

 

Conclusiones finales en esta coyuntura.

Naturalmente la situación es álgida y puede conducir a un nivel donde sectores extremistas intenten desarticular la nación. Por dicha razón, es sustancial aclarar determinados puntos de la crisis actual.

A- ¿Se dio un golpe de estado parlamentario?

 

Obviamente un gobierno no puede darse un golpe si posee el poder ejecutivo y la Carta Magna lo respalda. Más bien, el golpe de estado lo realizaría un parlamento que desconoce todas las autoridades y las decisiones de los demás Poderes Públicos, además de buscar la destitución del presidente por vías no autorizadas legalmente. Se ha hecho especial mención en que mientras el Presidente Maduro estuvo de gira por países OPEP y no OPEP, concertando un acuerdo para estabilizar los precios internacionales del petróleo como base fundamental de la economía, acusar por abandono de cargo cuando es público y notorio que está en pleno ejercicio de sus funciones como Jefe de Estado, es un exabrupto legal.

B- ¿Quién es responsable del fraude en la recolección de las firmas para el Referendo?

La Auditoría efectuada con participación de la misma oposición confirmó dicho engaño, aunque ésta exigió que junto con una investigación paralela continuara el proceso de recolección del 20%, lo que constituye una situación digna de analizar.

C- ¿Podrá la MUD obtener del gobierno estadounidense la acción interventora militar en Venezuela?

Es posible que, de ser elegida Hillary Clinton, inicie una campaña inmensa para hacer que su “enemigo”, Venezuela, sea atacado en todos los frentes posibles, justificando una intervención extranjera a gran escala o rebelión interna con la excusa de la suspensión del revocatorio y de una supuesta crisis humanitaria, y (o) continúe la inyección financiera, armada, logística, política, diplomática, en todos los niveles nacionales e internacionales.

D- ¿Puede un parlamento en desacato judicial, irrito, declararse en rebelión, destituir autónomamente a rectores electorales o magistrados del máximo tribunal del país e incluso derrocar a un presidente legítimamente nombrado?

 

El Parlamento venezolano, a diferencia de Brasil, Paraguay y Honduras, donde un mandatario elegido por el pueblo fue apartado del cargo por supuestas irregularidades a partir de los representantes en la Asamblea, no posee tal potestad en Venezuela por lo cual es imposible realizar lo propuesto, aún más al estar ilegalmente funcionando al juramentar a tres integrantes cuya elección está sometida a investigación.

Hasta este momento parece ser que pese a la fuerte campaña opositora y el fracaso del paro nacional del 29 de octubre, el gobierno apoyado por las Fuerzas Armadas Bolivarianas y el pueblo en la calle impedirá el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. El análisis tiene que centrarse en los actos desestabilizadores de la dirigencia extremista, que está dispuesta a la violencia sin fin para regresar a Venezuela al país neoliberal que era antes de Hugo Chávez Frías, y en la política gubernamental para superar la emergencia alimentaria, la corrupción y las tendencias destructivas de la nación. Todo conduce a que la crisis no cesará, aunque la fortaleza del estado bolivariano prevalecerá durante este periodo desestabilizador, lo que de ser resuelto posibilitaría retomar los proyectos de justicia social iniciados.

Sin embargo, es obligatorio continuar un serio proceso de autocrítica en el gobierno con el fin de no identificar sólo a la oposición como el único causante de la crisis. Analizar en profundidad la debilidad en los proyectos integrales, el papel del Estado, el efecto del desabastecimiento programado y la hiperinflación, la trascendencia de la corrupción cotidiana, entre otros factores, puede encauzar por nuevas vías esta nación.

Finalmente, es conveniente recordar la predicción sostenida por Hugo Chávez Frías en 2010: «El plan A de ellos (sectores de la oposición): un golpe de Estado. El plan B: desgastarnos desde la Asamblea Nacional para ir a elecciones… Ellos van a tratar de llegar a la Asamblea Nacional para desestabilizar al país y para tratar de dar un golpe de Estado».

Carlos Santa María

 

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