En el marco de la 37° Asamblea Anual de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) en la ciudad de Mar del Plata, el Secretario General brindó un crítico panorama sobre la situación salarial, el déficit de personal y el estado edilicio del sector.

Julio Piumato, expuso de forma categórica durante la asamblea, donde denunció el fuerte impacto que el ajuste y el ahogo presupuestario están generando en el servicio de Justicia a nivel nacional, federal y provincial.

«En la justicia no hay ñoquis; al contrario, falta personal y el trabajo es absolutamente titánico», sostuvo el referente sindical, quien detalló que el colapso operativo de muchas oficinas responde a un crecimiento exponencial de la demanda judicial —traccionada por la crisis social. «Un judicial hoy tiene que hacer el trabajo de dos o tres personas, lo que termina minando la salud de la gente», enfatizó.

En materia salarial, Piumato remarcó que los trabajadores judiciales se encuentran actualmente un 24% por debajo del salario real en comparación con el inicio de la gestión de este Gobierno. Si bien aclaró que la organización gremial logró que los últimos aumentos acompañen los índices de inflación para evitar que la situación se agrave, la pérdida del poder adquisitivo acumulada sigue siendo el eje central del reclamo.

A la alarmante realidad de los haberes se suma un grave déficit en las condiciones de trabajo.

Desde la UEJN alertaron que la mayoría de los edificios judiciales del país no reúnen las condiciones mínimas de salubridad y seguridad, al mismo tiempo que escasean los tribunales, fiscalías y defensorías necesarias para dar una respuesta eficiente a la población. Como ejemplo de la falta de previsión oficial, el dirigente citó la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en materia penal: «No se otorgan los cargos ni las necesidades estructurales que requiere la puesta en marcha del nuevo sistema».

Frente a este escenario, Piumato defendió el rol constitucional de la Justicia y apuntó contra las políticas económicas vigentes: «Ahogar presupuestariamente a la justicia significa, ni más ni menos, que quitarle a la población el acceso al resguardo de sus derechos». En ese sentido, recordó que el Poder Judicial tiene la misión central de controlar que se respete la Constitución y de constituir «la última esperanza del ciudadano común frente a un derecho vulnerado».

Finalmente, el líder de la UEJN ratificó el compromiso de lucha del sindicato, señalando que son la organización gremial que mayor cantidad de medidas de fuerza ha llevado adelante contra el ajuste actual.

De cara al futuro, expresó su expectativa de que ocurra un cambio que permita a los trabajadores —quienes mejor conocen el día a día de los tribunales— participar activamente en la discusión del modelo de país, rechazando las «recetas tecnocráticas que terminan fracasando y agravando la situación».