El proyecto de la diputada provincial de Unidad Ciudadana, Lucía Portos, para prorrogar la expropiación del lugar donde funcionará el Centro Marplatense de la memoria y lucha contra el delito de trata de personas, fue aprobado en la sesión de este jueves.
La ley 14.952, a través de la cual se declaró al inmueble de utilidad pública y sujeto a expropiación, fue impulsada por diversos bloques de la legislatura provincial para el emplazamiento de un Centro Provincial de Prevención contra la Trata de Personas, así como un Museo Provincial contra la Trata de Personas.
Desde el año de su sanción en 2014 a la fecha, el inmueble continúa en la etapa inicial de ejecución. La Fiscalía de Estado, organismo técnico que interviene en el procedimiento, llevó adelante la tasación del bien en marzo de 2015.
Actualmente, el expediente se encuentra en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia con un pedido de actualización del valor del inmueble, dado el incremento de su valor por factores económicos durante los últimos tres años.
El obstáculo de la expropiación resulta de índole político administrativo, ya que durante todos estos años el Poder Ejecutivo no ha hecho la imputación presupuestaria necesaria para el avance del trámite hacia la etapa de aplicación. “Esto es trascendental, ya que sin asignación de fondos no hay expropiación posible”, sostuvo la diputada Portos.
Las demoras que presenta el tratamiento del expediente comienzan a ser objeto de preocupación por parte de las organizaciones de la ciudad de Mar del Plata y de quienes integran la Mesa Interinstitucional contra la Trata de la localidad, porque se acerca el plazo para considerar abandonada la expropiación, precisamente el 3 de abril de 2019.
Diez años atrás el accionar del poder judicial permitió la clausura del lugar y la condena por trata de personas para quienes explotaron sexualmente a decenas de mujeres. La casa, que se encuentra en La Perla de Mar del Plata, estuvo abandonada desde entonces. Fue tomada por familias sin vivienda en algunas oportunidades y sufrió dos incendios.
Ante ello, desde la Mesa Interinstitucional contra la Trata solicitó en varias ocasiones al municipio su limpieza y contribución con la seguridad del inmueble. Lo cierto es que su actual estado de abandono significa un problema para el barrio donde se emplaza, dado que está en pésimas condiciones sanitarias.
A fines de 2017, ante el intento de venta por parte de una inmobiliaria local, la Mesa llevó adelante una acción frente al inmueble en la que se colocó un letrero que aclara que el lugar “no se vende”.
“Consideramos necesario prorrogar los efectos de la ley por tres años más para otorgarle al Poder Ejecutivo un plazo más extendido para asignar los recursos económicos necesarios para efectivizar el trámite”, fundamentó Portos.
