Se realizó, este martes, una audiencia pública convocada por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA) en Olavarría.

El objetivo fue el de informar sobre el impacto tarifazo de luz autorizado por el ministerio de Energía y Minería de la nación.

Una de las oradoras resultó ser la secretaria de la Liga de Amas de Casa filial Mar del Plata, Marisa Sánchez, la única representante de la ciudad que estuvo presente para defender los intereses de los usuarios de uno de los servicios esenciales como es la luz.

Sánchez expresó que “vinimos a exponer en esta audiencia pública que la realidad social muestra que los usuarios no logran cubrir las necesidades básicas y elementales para la vida cotidiana”.

La referente de los consumidores planteó que “desde el gobierno no se está llevando a cabo una campaña acorde para difundir sobre las diferentes tarifas y plan estímulo de ahorro donde el cliente residencial puede llegar a ahorrar hasta un 80 por ciento promedio con respecto al mismo periodo del año pasado”.

También hizo referencia al precio estacional mayorista (PEN) que es lo que reciben las generadoras de electricidad “y es lo que no se está teniendo en cuenta para fijar estas tarifas residenciales”.

La secretaria de la Liga de Amas de Casa Mar del Plata remarcó que “el gobierno no tiene una adaptación activa de la realidad y necesitamos en estas audiencias, más allá de que sean informativas y no vinculantes, ser escuchados porque mientras ellos hacen números fríos en el medio está la gente que hace malabares para llegar a fin de mes, por eso a la hora de hacer números que afinen el lápiz y tengan en cuenta los derechos de la gente”, sentenció.

La audiencia se da luego de que el gobierno nacional dispusiera un incremento de hasta el 70 por ciento que abonarán en forma desdoblada –en diciembre y febrero- los usuarios de la zona metropolitana (Ciudad Autónoma y Conurbano).

Pero en el interior provincial y La Plata el aumento aún no rige, ya que no se terminó de realizar el proceso previo que dispone la ley para que el gobierno pueda autorizar a aumentar a las distribuidoras comerciales y cooperativas que dan el servicio.

Básicamente, lo que falta es la Audiencia Pública. Se trata de un paso obligatorio pero no vinculante, por lo que más allá de lo que surja del debate –expondrán funcionarios y ONG- el gobierno quedará habilitado a definir la suba.