El diputado provincial Rodolfo Manino Iriart es autor de distintos proyectos de ley vinculados a la temática de la violencia familiar y de género.

Ante un nuevo Día de la Mujer lamentó que no se hayan sancionado con fuerza de ley «las herramientas legislativas propuestas para sancionar a los violentos que violan la restricción de acercamiento a las víctimas y, por otro lado, para ampliar el espectro de los que pueden denunciar estos casos de violencia».

«Necesitamos el compromiso y la responsabilidad de todos los legisladores«, aseguró.

«El Estado tiene la responsabilidad, ya no solo de asistir, proteger y garantizar justicia a las víctimas de violencia familiar y de género, sino que además tiene el deber de responder frente a los aspectos preventivos, educativos, sociales, judiciales y asistenciales vinculados a todos los tipos y modalidades de violencia», dijo.

El diputado ha presentado estas iniciativas con el apoyo de jueces y fiscales, así como también de representantes de distintas entidades dedicadas a la problemática de la violencia machista e intrafamiliar.

Asimismo propuso la creación del Registro de Infractores de Violencia Familiar y de Género, que «permitirá no solo la obtención de datos fehacientes de aquellas personas involucradas en procesos judiciales por infringir las normativas señaladas sino que, además, visibilizará individual y colectivamente las consecuencias personales y patrimoniales que recaerán en ellas».

«El objetivo, lejos de estigmatizar, es desalentar la violencia intrafamiliar y sancionar con la quita de beneficios del Estado a quienes sean autores de estas conductas», indicó el diputado.

Uno de los proyectos, tal vez el que más trascendencia pública tuvo, es el que modifica el artículo 7 bis de la Ley 12.569 de violencia familiar. La iniciativa obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados y luego se frenó en Senadores. Ahora, tras ser aprobado en tres comisiones (Niñez, Adolescencia y Familia; Legislación General; y Asuntos Constitucionales y Acuerdos) se encuentra en la instancia de Despacho Legislativo.

El texto del proyecto dispone que «ante el incumplimiento  de las obligaciones impuestas en esta ley (respecto de la restricción de acercamiento a la víctima), como así también las medidas judiciales dictadas en el ejercicio de las facultades ordenadas en ella, se pondrá en conocimiento del Juzgado o Tribunal, quienes podrán requerir el auxilio de la fuerza pública para asegurar su acatamiento, como así también evaluar la conveniencia de modificarlas,  ampliarlas o dictar otras medidas al efecto».

«Sin perjuicio de ello, el Juzgado, Tribunal o la autoridad que constate la desobediencia a la orden judicial dictada, deberá dar inmediata comunicación al Fiscal de turno y competencia, y por cualquier medio fehaciente, a los efectos de que se tomen las medidas que correspondan», agrega.

Iriart fundamenta que «frente a hechos en los cuales el agresor –denunciado por violencia- incumple la medida judicial en orden a mantener indemne a la víctima y su núcleo familiar, debe intervenir el Fuero Penal, ya que el juez de familia no se encuentra facultado para sancionar o reprimir una conducta prevista en el Código Penal».

«Es necesaria la incorporación de una sanción frente al incumplimiento de una orden judicial  o legal en materia de violencia familiar y de género, por no encontrarse la materia en análisis tipificada en sí misma como un delito autónomo», considera el legislador.

Por otro lado, Manino Iriart presentó un proyecto para modificar el artículo 3  de la Ley 12.569. Se encuentra desde el año pasado en la Comisión de Niñez, Adolescencia, Familia y Mujer de la Cámara de Diputados.

De acuerdo a lo que dicta el texto legal reformado, «se considerará legitimado para radicar una denuncia de violencia familiar, toda persona afectada o que tome conocimiento en forma directa o indirecta de un hecho de violencia. La denuncia podrá realizarse en forma verbal o escrita».

«No obstante ello -agrega-, será obligatorio para toda persona que se desempeñe laboralmente en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomare conocimiento de que una persona padece violencia familiar, constituya o no un delito; considerándose la violencia familiar justa causa a los fines de limitar el secreto profesional».

«Una vez radicada la misma, ésta no podrá ser dejada sin efecto por el denunciante, debiendo el órgano receptor elevarla dentro de las 24hs. a la autoridad judicial competente, se haya solicitado o no medida cautelar al efecto», dice el proyecto.