La Asociación Judicial Bonaerense seccional Mar del Plata emitió un comunicado donde salieron al cruce de las declaraciones públicas del presidente de la Nación Mauricio Macri caracterizando al poder judicial como un sector privilegiado del empleo público en particular y del ámbito laboral en general.

Desde la entidad sindical señalaron que esas expresiones se sustentaron en datos “que no se ajustan a la realidad tiene una clara intencionalidad política de montar un escenario que luego justifique flexibilizar las condiciones de trabajo de funcionarios/as, empleados/as y peritos de dicho poder en pos de achicar el gasto público”.

“En el caso de la provincia de Buenos Aires hay un factor estructural que afecta la calidad y los tiempos de la justicia, que es el insuficiente presupuesto asignado para el poder judicial cuya consecuencia inmediata es la imposibilidad material de cumplir su rol constitucional de garantizar la tutela judicial efectiva”, indicó el secretario general de la AJB, Mariano Fernández.

En ese sentido, detalló que la disminución que experimentó en el 2.016 y 2.017 el presupuesto del poder judicial representó una pérdida de $3.549.229.238 aproximadamente, lo que se traduce en la falta de personal suficiente y en la carencia de elementos necesarios para el normal funcionamiento de la administración de justicia y ministerio público.

“Para suplir la falta de personal la Corte y la Procuración echan mano al trabajo precario mediante el uso de la figura de la pasantía gratuita que desde el 2.013 al 2016 implicó que unos 458 estudiantes de derechos hayan trabajado sin salario alguno y con las mismas tareas que trabajadores de planta permanente, solo en el Departamento Judicial de Mar del Plata”, consignó.

Respecto a la falencias que presentan las sede judiciales, señaló que desde la declaración de emergencia edilicia en el año 2008 con sus sucesivas prórrogas, el poder judicial tiene como única solución el alquiler de edificios no aptos para la función judicial, donde los/as funcionarios/as, peritos y empleados/as generalmente prestan servicios hacinados, con ascensores sin funcionar o funcionando con problemas permanentes, sin ventilación ni luz natural, con filtraciones, con desprendimientos de cielorrasos, humedad, y escasas medidas preventivas de seguridad; donde también se alternan cortes de suministro de agua potable, de gas y de luz, y en algunos departamentos judiciales se convive con murciélagos y/o palomas y/o ratas y/o cucarachas y/o pulgas.

“El presidente Macri dice que los ordenanzas tienen remuneraciones de $100.000 por servir café y trasladar expedientes de una dependencia a otra, lo cual es falso. Un trabajador maestranza en el poder judicial tiene un sueldo básico de $12.969,87 y está encargado de realizar esas dos tareas junto a la limpieza de la dependencias donde prestan servicios y en muchos casos llevando a cabo tareas del agrupamiento administrativo. En Mar del Plata en algún caso la ordenanza acompañaba al magistrado a cargo de un juzgado de ejecución a realizar visitas de cárceles; otros/as se han accidentado en moto llevando oficios a otras reparticiones o distribuyendo expedientes en bicicleta o al descender en caída libre en el interior de los ascensores; y algunos de ellos sufriendo secuelas permanentes que los han obligado a jubilarse o a estar afectado a tareas pasivas”, resaltó.

En otro tramo del comunicado, planteó que “tampoco es verdad que la actividad judicial queda paralizada durante la feria judicial sino que siguen funcionando los juzgados, fiscalías y defensorías de turno durante esos lapsos, y en las restantes dependencias hay personal de guardia que aprovecha para adelantar trabajo que quedó pendiente sin realizar por la gran cantidad de expedientes en trámite”.

Finalmente, dejó en claro que “las condiciones de labor existente en el poder judicial de la provincia de Buenos Aires están lejos de ser privilegiadas, no se ajustan a las condiciones dignas de labor que nuestra constitución nacional garantiza a todo/as trabajador/a sean públicos o privados cuyo grado de precariedad no admite un pedido de esfuerzo como pide el presidente de la república, y menos de un primer mandatario que en el 2006 como diputado fue el legislador que estuvo ausente en 277 votaciones de las 321 que se realizaron y sólo en dos ocasiones hizo uso de la palabra en el recinto sumado a que en el 2013 fue acusado de haber tenido 260 días de vacaciones cuando estaba al frente de la ciudad autónoma de Buenos Aires”.