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   La jueza en lo Comercial Marta Cirulli ordenó hoy la intervención plena del Correo Argentino, una firma de la familia Macri que está bajo la mira debido a que paralelamente se investiga a funcionarios por la deuda que el Estado Nacional mantiene con la empresa.

Fuentes judiciales informaron que la magistrada dispuso el desplazamiento total de la sociedad concursada hasta tanto concluya el procedimiento de salvataje de la empresa.

Días atrás, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, pidió la intervención del Correo Argentino y el desplazamiento de todos sus administradores hasta que termine el proceso de salvataje o denominado «cramdown», la antesala de la quiebra.

Zannini adhirió a un planteo presentado ya por la fiscal de Cámara Gabriela Boquin, para que se controlen las cuentas de la empresa, ya que surgieron dudas sobre su situación patrimonial en cuanto a deudas que esta tiene con la AFIP, de 600 millones de pesos, con empresas y hasta un supuesto desvío de dinero por 35 millones de pesos justificado en «anticipos de directorio».

La fiscal Boquin ya viene entablando sospechas sobre los manejos del Correo Argentino y durante el Gobierno de Mauricio Macri denunció que la firma y el Estado habían acordado una fórmula para que la empresa saldara su deuda, cuando en realidad la licuaba casi en su totalidad.

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Incluso, la fiscal denunció que durante 15 años el Correo Argentino S.A., empresa de la familia Macri, realizó «actos de gravedad ligados al vaciamiento», por lo que había reclamado la intervención judicial a raíz de esa situación.

Para la fiscal, la empresa «se ha conducido de forma tal que este procedimiento fue una herramienta para defraudar la ley y los derechos de los acreedores».

Boquin ya había pedido rechazar por abusivo el acuerdo entre el Correo y el Estado alcanzado durante la gestión anterior, al sostener que la homologación de la propuesta llevaría a una quita de 70.000 millones de pesos al 2033, todo en perjuicio del Estado Nacional.

«Luego de más de 15 años en que debiera haberse encauzado el procedimiento del ‘cramdown’ -según lo ordenara la Cámara 27 de octubre de 2004- nos encontramos frente a un escenario en el cual durante el extenso lapso de tiempo transcurrido, la concursada perpetró actos de gravedad -que he denunciado- ligados al vaciamiento de la empresa y/o fueron efectuados violando lo dispuesto en la Ley de Concursos», evaluó la fiscal.

Incluso, advirtió que se incrementó el pasivo concursal durante ese lapso de tiempo. «En esta nueva etapa procesal podrían producirse otros actos que continúen agravando la situación patrimonial de la concursada, disminuyendo su activo y perjudicando a los acreedores», consideró la fiscal.

En la causa penal federal que tiene a cargo el juez Ariel Lijo ya fueron indagados el exministro Oscar Aguad, su director de Jurídicos, Juan Mocoroa, el abogado Kleidermacher y el presidente del Correo, Jaime Cibils Robirosa. (NA)