conflicto

Grupos que se identificaron como integrantes del SOMU decidieron el corte de los accesos a las plantas procesadoras de langostinos en la ciudad de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut.

   De acuerdo a la estimación empresarial, hasta esta mañana se encontraban bloqueados 34 camiones con un total de 800 cajones de 18 kilogramos cada uno, lo que totalizaban 490.000 kilos de langostinos que corrían el riesgo de ser «desperdiciados y tirado a la basura» si no pueden ser procesados.

   El sector del langostino es especialmente importante para localidades y puertos de las provincias con litoral marítimo argentino como Mar del Plata, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Rawson, Trelew, Puerto Deseado, Caleta Olivia, Caleta Paula, Ushuaia.

En ese sentido, se realizó una protesta en los accesos a las terminales portuarias de Mar del Plata que derivó en momentos de tensión con otros actores de la pesca como el SOIP que ven con preocupación que se impida la descarga de pescado.

La situación en torno al sector del langostino se enmarca en un conflicto más amplio dado por el paro general iniciado el lunes en la actividad pesquera en rechazo del «desconocimiento o eliminación de los convenios colectivos de trabajo y de una reducción de los salarios del 40 %».

   Frente a esta situación, según señalaron las cámaras de empresarias pesqueras, el Gobierno nacional intentó establecer una mesa de diálogo, donde circularon distintas propuestas para evitar la profundización del conflicto y que se pierdan los 500 millones de dólares que ingresan al año por exportación de langostino.

   Sin embargo, «las autoridades del gremio respondieron con un paro general y ahora con bloqueo a las plantas procesadoras», agregaron desde las cámaras empresarias.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) dio por finalizado el paro del transporte público de pasajeros anunciado en la víspera, tras confirmarse el pago de los haberes de junio y de manera parcial del medio aguinaldo.

Sin embargo, la reanudación del servicio sigue imposibilitado de concretarse debido a que la agrupación Juan Manuel Palacios mantiene bloqueado el acceso de la cabecera de la empresa 25 de Mayo, que concentra la mayor cantidad de líneas de colectivos en Mar del Plata.

Desde la UTA manifestaron mediante un comunicado que «ante el cumplimiento del pago total del
mes de Junio y el SAC de 167 compañeros, y el
cumplimiento del pago del 50 % del SAC de 733
compañeros se da por finalizada la retención de tareas
anunciada».

No obstante, desde el gremio se aclaró que se mantiene la retención de tareas de 22 a 6 hs «hasta que haya un compromiso firmado que ningún compañero será suspendido.»

Al cumplirse el quinto día seguido sin transporte público de pasajeros en Mar del Plata, Batán y Sierra de los Padres, por una protesta sindical, el intendente Guillermo Montenegro realizó una presentación judicial tendiente a que se restablezca el servicio.

Desde hace más de 20 dias el servicio en General Pueyrredon se ve afectado por diferentes medidas de fuerza de la UTA, con el aval del sector empresario, por demoras en el pago de haberes y del aguinaldo.

Esta situación se vio agravada desde el sábado pasado cuando un sector disidente al gremio resolvió bloquear el acceso a la cabecera de la empresa 25 de Mayo, paralizando por completo el servicio desde entonces.

El lunes a la madrugada se vivieron momentos de tensión y violencia tras un choque de facciones que dejó como saldo varios heridos, uno de ellos de bala.

Las negociaciones entre el sector empresario encabezado por Juan Inza con las dos partes no han logrado destrabar el conflicto y en las últimas horas la conducción de la UTA anunció un paro total del servicio.

Por este motivo, el jefe comunal realizó una presentación ante la justicia destacando que el Servicio Público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros que se realiza dentro de los límites territoriales del Partido de General Pueyrredon «se encuentra concesionado por el municipio al que represento y las empresas concesionarias de dicho servicio concentran la mayoría de sus unidades que brindan dicho servicio público, en la cabecera ubicada en Av. Constitución 10.250, Mar del Plata».

«Es así que, por cuestiones que deberán investigarse, en dicha cabecera los concesionarios se encuentran impedidos de poner en servicio las unidades, ya que la salida se encuentra bloqueada por un grupo de personas», expresó en la presentación.

Montenegro remarcó que el servicio que brindan dichas empresas «resulta primordial para el normal desenvolvimiento de las actividades esenciales que se encuentran autorizadas en el Partido de General Pueyrredon dentro de la emergencia sanitaria que afecta a gran parte del mundo entero, tales como médicos, enfermeros, fuerzas de seguridad, entre otros, y que no se esté prestando trae aparejado un enorme perjuicio a toda la sociedad misma».

Teniendo en cuenta que la Unión Transporte Automotor (UTA) ha dispuesto la realización de un paro nacional para el día de la fecha, el intendente solicitó que una vez que se haya dispuesto su levantamiento, «que en caso de persistir el bloqueo al que me he referido precedentemente, en uso de las facultades ordenatorias e instructorias que le fueran otorgadas constitucionalmente, tenga a bien arbitrar los medios necesarios para desbloquear la salida de las unidades de la cabecera ubicada en Av. Constitución 10.250, para que dichas empresas puedan brindar el servicio público que les corresponde».

El Foro del Transporte del Partido de Gral. Pueyrredon se refirió al conflicto que afecta al servicio en Mar del Plata y Batán desde hace más de dos semanas, aunque las deficiencias arrastran décadas.

Los integrantes del Foro expresaron en un comunicado que»al igual que toda crisis que haya atravesado la humanidad, se proyectan al paroxismo todos sus fundamentos de base, sus contenidos morales, sus virtudes, defectos y por sobre todo sus aspectos corruptos se proyectan hasta un punto grotesco, en donde las miserias se exhiben sin pudor alguno».

En tal sentido, uno de sus integrantes, Pablo Aceto, puso como ejemplo lo acontecido con el usuario del Transporte Público, «el ciudadano que delega el patrimonio público, el de todos, en manos de aquellos que se postulan para su administración».

«El Transporte Público en nuestro distrito, que muy lejos de estar administrado en beneficio del desarrollo de nuestra ciudad y en función de las necesidades de los usuarios, terminó sin funcionar cuando más se lo precisa y a merced de sectores que disputan el servicio, como los perros de la calle que pelean por las bolsas de basura», graficó.

Aceto recordó que hace 33 años, por unanimidad, el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza 6979/87 que estableció crear la «Sociedad Transporte Colectivo de Pasajeros Mar del Plata Sociedad de Estado«, destinada a elaborar las propuestas políticas respecto del transporte público, planificar la implementación del servicio, proyección urbanística, etc.

Esta Ordenanza promulgada por el aquel entonces Intendente Ángel Roig por propuesta del ex intendente Jorge Lombardo, estaba orientada a poner el servicio de Transporte Público como esencial y estratégico para garantizar el desarrollo armónico del distrito, la Sociedad de Estado del Transporte pone como único objetivo el bien común, dar también la posibilidad de abrir el servicio para que todos puedan usar de él, trabajar con él o invertir en él.

«Pero el camino recorrido en estos 33 años, en el que la Ordenanza 6979/87 quedó cajoneada y oculta, otorgando a privados el monopolio del servicio, las consecuencias están a la vista», señaló.

Desde el Foro lamentaron que en todos estos años «nunca se integró el territorio, nunca se puso como prioridad a las personas con discapacidad y vecinos alejados, nunca tuvo como objetivo la necesidad de transporte que acompañe a la economía, al trabajo, a la salud, a la educación y el esparcimiento«.

En otro tramo del comunicado, manifestaron que «lejos de las aspiraciones de Don Ángel Roig y Don Jorge Lombardo, los caminos impuestos por sus sucesores dejaron al servicio público en manos de aquellos que tienen como único interés ganar dinero a como sea, envolviendo al sector en escándalos judiciales y sectores que disputan su control, pero esto es culpa de la conducción política que deliberadamente dejó a merced de negocios funestos, lo que es público«.

 Por lo expuesto, consideraron que el Intendente Guillermo Montenegro «tiene la oportunidad de cambiar el rumbo, de hecho, la Ordenanza 6979/87 está sancionada hace 33 años y tan solo de él depende decidir el camino de decadencia y corrupción o retomar el sendero que Roig y Lombardo habían comenzado con la profunda vocación por el bien general».