La Asociación Civil Mirada Ciudadana solicitó el control de legalidad de la resolución de la Fiscalía General que confirmó el rechazo de la denuncia por presuntas irregularidades en la concesión de los principales escenarios deportivos municipales a la firma Minella Stadium S.A. En una presentación firmada por su representante, César Ventimiglia, con el patrocinio del abogado César Raúl Sivo, reclamó que se deje sin efecto la desestimación y se ordene la continuidad de la investigación penal.
El planteo fue presentado ante el Juzgado de Garantías N° 6 y apunta contra la decisión del fiscal general, Fabián Fernández Garello, del 25 de septiembre de 2026, que ratificó la resolución adoptada el 14 de agosto por los fiscales Luis Alberto Ferreyra y Carlos David Bruna, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 10. La asociación también pidió que se fije una audiencia para exponer sus argumentos y que se arbitren medidas para que la investigación quede a cargo de funcionarios que, según sostuvo, sean ajenos a eventuales presiones políticas.
Las objeciones al cierre de la causa
Mirada Ciudadana cuestionó que el Ministerio Público Fiscal haya considerado que los hechos denunciados correspondían, fundamentalmente, al ámbito administrativo y contractual, sin profundizar en las posibles implicancias penales del procedimiento de licitación, la adjudicación y la posterior ejecución de la concesión.
Según la presentación, la investigación se cerró sin producir pruebas que considera necesarias para esclarecer las distintas hipótesis planteadas. La entidad sostuvo que la existencia de controles administrativos y la intervención del Concejo Deliberante no descartan, por sí solas, la eventual comisión de delitos por parte de particulares o funcionarios públicos.
El expediente se originó a partir de una denuncia del fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani. Posteriormente, Mirada Ciudadana se incorporó como particular damnificado, amplió la denuncia y aportó documentación obtenida a partir de relevamientos realizados en Mar del Plata y en San Pablo, Brasil.
En ese marco, la asociación cuestionó tanto las condiciones de la Licitación Pública N° 03/25 como la evaluación de la oferta de Minella Stadium S.A., la capacidad económica de la firma, sus antecedentes societarios y los mecanismos de financiamiento presentados para respaldar el proyecto.
Seis hipótesis delictivas bajo cuestionamiento
Uno de los ejes centrales de la presentación es la enumeración de seis hipótesis delictivas que, a criterio de la entidad, deberían investigarse. Entre ellas figuran presuntas maniobras de estafa, defraudación contra la Administración Pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos y libramiento de cheques sin provisión de fondos.
La asociación señaló que Minella Stadium S.A. fue constituida el 11 de diciembre de 2024, pocos días antes de la aprobación del pliego de la licitación, y cuestionó que la empresa hubiera obtenido la máxima calificación en el procedimiento pese a los interrogantes que, según afirmó, existían sobre su solvencia y antecedentes.
También puso en duda la documentación presentada para acreditar un supuesto aporte irrevocable de 40 millones de dólares por parte de REVEE Real Estate, firma brasileña vinculada a la estructura societaria de la concesionaria. De acuerdo con el escrito, existen inconsistencias entre las fechas de la documentación contable y los registros de transferencia de acciones que deberían ser esclarecidas.
Otro de los puntos señalados es la presunta flexibilización de requisitos del pliego durante el proceso de evaluación, incluida la posibilidad de subsanar documentación con posterioridad a su presentación. Para Mirada Ciudadana, esas circunstancias ameritaban una investigación sobre la actuación de la Comisión de Preadjudicación y de los funcionarios municipales que intervinieron en el procedimiento.
La presentación también incorpora cuestionamientos sobre las condiciones del contrato finalmente firmado, el plazo de concesión, las prórrogas, las facultades otorgadas a la empresa y la inclusión de una cláusula de jurisdicción arbitral internacional ante el CIADI.
Los fondos, las obras y los cheques rechazados
La asociación reclamó, además, que se investigue el destino de los ingresos generados por los espectáculos realizados en el Polideportivo y el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la concesionaria.
En ese sentido, el escrito menciona recaudaciones que superarían los 3.000 millones de pesos y denuncia que no se habría verificado un correlato entre esos ingresos y las inversiones comprometidas para el mantenimiento de las instalaciones municipales.
También hace referencia a interrupciones del suministro eléctrico por deudas con EDEA, presuntos incumplimientos con proveedores y registros de cheques rechazados por falta de fondos que, según la documentación citada por la entidad, superarían los 700 millones de pesos.
A esos cuestionamientos se suma la falta de un inventario completo de los bienes existentes en el predio. La presentación menciona particularmente una obra del artista Pérez Celis, cuya identificación y resguardo patrimonial considera que debieron recibir especial atención.
Mirada Ciudadana sostiene que estos elementos, considerados en conjunto, justificaban profundizar la pesquisa y determinar si existieron responsabilidades penales. Las afirmaciones forman parte de la denuncia y deberán ser verificadas en el marco de una eventual investigación.
Cuestionamientos a la actuación de los fiscales
Otro capítulo del escrito apunta directamente contra el desempeño de Ferreyra, Bruna y Fernández Garello. La asociación cuestionó que el informe de la Policía Judicial se haya elaborado sobre la base de documentación administrativa que, según afirmó, no estaba completa, y que no se hayan analizado debidamente los elementos aportados por la entidad.
Además, denunció que una presentación realizada el 13 de agosto fue omitida al momento de dictarse la resolución que desestimó la denuncia, el día siguiente. Según relató, la omisión fue advertida posteriormente y dio lugar a nuevas actuaciones, aunque los fiscales mantuvieron su decisión.
La entidad también objetó que se rechazaran distintas medidas de prueba y que el fiscal general no hiciera lugar a su pedido de audiencia. A su entender, esas decisiones afectaron sus derechos como particular damnificado y como representante de intereses colectivos, contemplados en la Ley Provincial de Víctimas N° 15.232.
En otro tramo, planteó interrogantes sobre las declaraciones públicas del intendente Guillermo Montenegro en relación con el cierre de la causa y la posibilidad de avanzar con un traspaso accionario de la concesionaria. La asociación preguntó cómo habría accedido el jefe comunal a información sobre el estado de las actuaciones antes de que, según su planteo, se lo hubiera notificado por las vías procesales correspondientes.
A partir de estos cuestionamientos, pidió que se dé intervención a la Procuración para que se arbitren medidas destinadas a apartar a los fiscales intervinientes y garantizar que una eventual continuación de la investigación quede a cargo de funcionarios ajenos a las presiones que denuncia.
El pedido ante la Justicia
En su presentación, Mirada Ciudadana sostuvo que la investigación no debe cerrarse por considerar que los hechos pertenecen al ámbito administrativo, sino que deben producirse las medidas probatorias necesarias para determinar si existieron delitos o si el procedimiento se desarrolló conforme a derecho.
La entidad aclaró que no pretende que la Justicia penal sustituya a las autoridades municipales en decisiones de gestión, sino que examine la eventual responsabilidad de quienes participaron en la licitación y en el control de la concesión.
Finalmente, solicitó que la jueza de Garantías ejerza el control de legalidad sobre la resolución de la Fiscalía General del 25 de septiembre, convoque a una audiencia para escuchar a sus representantes y, oportunamente, deje sin efecto la desestimación de la denuncia y disponga la continuidad de la investigación penal preparatoria.
El planteo abre una nueva instancia de discusión judicial sobre el tratamiento de la denuncia vinculada con la concesión de los principales escenarios deportivos de Mar del Plata. La decisión sobre la continuidad de la investigación y los pedidos formulados por la asociación quedará sujeta a lo que resuelva el juzgado interviniente.