Una investigación judicial permitió desarticular una presunta organización dedicada a realizar estafas telefónicas desde el interior de cárceles bonaerenses, con ramificaciones en Mar del Plata y otras ciudades del país.
La banda operaba bajo la modalidad conocida como “cuento del tío” y, según la pesquisa, también estaría vinculada con robos violentos en viviendas.
Los procedimientos se realizaron el jueves 22 de octubre en la Unidad Penal N° 1 de Lisandro Olmos y en las unidades N° 44 y N° 15 de Batán. Los allanamientos estuvieron a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata, con colaboración de efectivos de La Plata, por orden del fiscal Mariano Moyano, titular de la UFI N° 13.
Como resultado de los operativos, tres internos quedaron detenidos y otros dos fueron aprehendidos inicialmente. Además, se secuestraron ocho teléfonos celulares, tarjetas SIM y documentación que será analizada para profundizar la investigación.
Más de 10.000 llamadas y un falso policía
Uno de los principales sospechosos es un hombre de 62 años alojado en la cárcel de Olmos, señalado como presunto jefe de la organización. Según los investigadores, utilizaba la identidad ficticia del “subcomisario Gutiérrez” para engañar a sus víctimas y realizaba al menos 50 llamadas diarias.
Los registros telefónicos incorporados a la causa permitieron contabilizar 5.158 comunicaciones entre el 4 de junio y el 8 de julio, y otras 5.283 entre el 4 de agosto y el 8 de octubre. En total, se documentaron 10.441 llamadas durante esos dos períodos.
Las maniobras incluían falsos avisos sobre familiares detenidos o involucrados en accidentes de tránsito, supuestas intervenciones de funcionarios policiales y bancarios, y llamados de personas que se hacían pasar por hijos o sobrinos para solicitar dinero de manera urgente.
En uno de los engaños, el falso policía aseguraba que un familiar había protagonizado un accidente y necesitaba dinero para pagar una supuesta fianza. En otros casos, los estafadores buscaban obtener información personal y patrimonial para conseguir transferencias o entregas de efectivo.
La investigación detectó comunicaciones dirigidas a distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y a ciudades de otras provincias, lo que permitió establecer que la actividad excedía el ámbito local.
La conexión con una violenta entradera
La causa se inició a partir de un intento de estafa ocurrido el 8 de julio en una vivienda de Mar del Plata. Tres hombres se presentaron en el domicilio, dijeron ser policías y solicitaron ingresar. Después cambiaron su versión y afirmaron que debían retirar dinero que el propietario tenía guardado. La sospecha de la víctima frustró la maniobra.
A partir del análisis de cámaras de seguridad, antenas telefónicas y comunicaciones intervenidas, los investigadores identificaron conexiones con otros hechos delictivos.
Uno de ellos fue una violenta entradera ocurrida el 14 de julio en una vivienda de la calle Artigas al 700, donde una mujer de 70 años fue golpeada, atada y amordazada. Según la investigación, los asaltantes también le provocaron cortes en los dedos de un pie y escaparon con unos 600.000 pesos.
La hipótesis de los investigadores sostiene que la organización tenía integrantes con diferentes funciones: algunos obtenían información y contactaban a las potenciales víctimas desde las cárceles, mientras otros podían intervenir fuera de los establecimientos penitenciarios para concretar engaños o cometer robos.
El fiscal pidió prohibir los celulares en las cárceles
A partir de los resultados de la pesquisa, el fiscal Mariano Moyano volvió a reclamar ante las autoridades provinciales que se prohíba el uso de teléfonos celulares por parte de las personas alojadas en establecimientos penitenciarios bonaerenses.
El planteo apunta a evitar que los dispositivos sean utilizados para planificar y ejecutar estafas, extorsiones y robos desde el interior de las unidades.
La investigación continúa con el análisis de los teléfonos y la documentación secuestrados para determinar el alcance de las maniobras, establecer las responsabilidades de cada uno de los sospechosos e identificar a posibles nuevas víctimas.
Mientras tanto, el caso vuelve a poner en discusión los mecanismos de control sobre las comunicaciones en las cárceles y la capacidad de las organizaciones delictivas para coordinar actividades fuera de los establecimientos penitenciarios.