Hay una pregunta que el gobierno municipal debería responder sin rodeos: ¿la empresa que hoy tiene la concesión del Estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas es la misma que ganó la licitación hace menos de un año? Formalmente sí. En los hechos, cada vez menos.
La concesionaria renovó sus autoridades. Eduardo Spinosa dejó la presidencia y fue reemplazado por Rubén Montes, un ejecutivo ligado al Grupo Fénix. La vicepresidencia quedó en manos de Mariano Miguens. Al mismo tiempo, abandonaron el directorio los representantes vinculados a la firma brasileña Revee, mientras ProEnter mantuvo su participación.
No se trata de un cambio administrativo menor. Es la confirmación de que el empresario Marcelo Figoli pasó a controlar la estructura de la concesionaria. Aunque evitó poner su nombre de manera directa en la sociedad, desde hace semanas era un secreto a voces que terminaría quedándose con el manejo de Minella Stadium.
La pregunta, entonces, es mucho más profunda que un simple cambio de autoridades. Si seis meses después de adjudicada la concesión cambia el liderazgo empresario, se modifican los socios estratégicos y aparece un actor que no formó parte de la oferta original, ¿qué queda de la propuesta que fue evaluada y declarada ganadora?
Porque las licitaciones públicas no son un trámite para quedarse con un negocio y después redefinir quién lo administrará. El Estado evalúa antecedentes, solvencia económica, capacidad técnica y estructura empresaria. Si esos elementos cambian apenas iniciado el contrato, también cambia una de las bases sobre las que se tomó la decisión política de adjudicar la concesión.
Y todo esto ocurre después de que la realidad expusiera el fracaso del proyecto inicial. Las obras prometidas prácticamente no comenzaron. Las deudas se acumularon hasta un extremo inaceptable y el corte del suministro eléctrico terminó simbolizando el descalabro de una concesión que había sido presentada como el inicio de la recuperación de dos íconos del deporte marplatense.
En cualquier administración que hiciera del control una prioridad, semejante escenario habría obligado a revisar el contrato, exigir responsabilidades e incluso analizar su rescisión. En Mar del Plata, en cambio, la salida parece haber sido cambiar los nombres del directorio y seguir adelante como si nada hubiera ocurrido.
Eso es lo verdaderamente alarmante.
No solamente porque una licitación cuestionada desde su origen terminó mutando en otra cosa completamente distinta, sino porque esa transformación ocurre con una naturalidad pasmosa. Sin explicaciones públicas. Sin autocrítica política. Sin que nadie responda por los incumplimientos.
El mensaje es devastador para cualquier ciudadano y para cualquier empresario que participe de una licitación pública. Pareciera que las condiciones exigidas para ganar son flexibles, que la integración empresaria puede modificarse una vez firmado el contrato y que los incumplimientos son apenas obstáculos que se resuelven incorporando un nuevo inversor.
Así se degrada el valor de las licitaciones públicas. Así se vacía de contenido el principio de igualdad entre oferentes. Y así también se debilita la confianza en un Estado que parece más dispuesto a acomodar los problemas que a hacer cumplir las reglas.
El Estadio Minella y el Polideportivo Islas Malvinas no son un negocio privado. Son patrimonio de todos los marplatenses. Por eso, el debate ya no pasa por si Marcelo Figoli, Rubén Montes o cualquier otro empresario tiene capacidad para sacar adelante el proyecto. El verdadero debate es por qué una concesión obtenida bajo fuertes cuestionamientos hoy cambia de protagonistas sin que el Municipio considere necesario dar explicaciones.
Porque cuando las reglas pueden reescribirse después de adjudicado un contrato, deja de estar en discusión una concesión. Lo que queda bajo sospecha es la fortaleza institucional del Estado que debía controlarla.
