La regulación del transporte de pasajeros mediante aplicaciones volvió a generar cuestionamientos al gobierno municipal de Mar del Plata. A más de tres meses de la sanción de la Ordenanza 27.001, que creó un marco regulatorio para las empresas de tecnología de movilidad, todavía no se conoció la reglamentación necesaria para poner en marcha el nuevo esquema.
El concejal de Unión por la Patria Diego García salió a cuestionar la demora y advirtió sobre las consecuencias que genera la falta de precisiones. “Se vencieron los 90 días para reglamentar la ordenanza que habilita el transporte por aplicaciones”, planteó, y resumió su reclamo con una advertencia: “Un caos: no hay reglamentación, no hay reglas claras y nadie sabe quién controla”.
La Ordenanza 27.001 fue sancionada por el Concejo Deliberante el 18 de junio y promulgada por el Ejecutivo municipal al día siguiente. La norma creó el Registro Municipal de Empresas de Tecnología de Movilidad y estableció una serie de requisitos para las plataformas, los conductores y los vehículos que presten el servicio.
Entre otras condiciones, la ordenanza establece que los conductores deberán contar con licencia profesional D1 expedida en General Pueyrredon, certificado de antecedentes penales vigente y ser titulares del vehículo o contar con autorización para utilizarlo. Para los automóviles fija, entre otros requisitos, seguro específico para transporte oneroso de pasajeros, VTV vigente y una antigüedad máxima de 15 años.
La norma también establece que las aplicaciones deberán verificar el cumplimiento de esos requisitos y que serán responsables solidariamente por las consecuencias jurídicas derivadas de la prestación del servicio frente a usuarios y terceros. Como autoridad de aplicación fue designada la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda, a través de la Dirección General de Transporte.
El punto que genera especial incertidumbre es la implementación. El artículo 10 establece un plazo de 90 días para que las empresas de tecnología de movilidad se adecuen a la ordenanza, pero ese plazo comienza a correr desde la reglamentación, por lo que la demora del Ejecutivo mantiene pendiente el inicio de ese período de adecuación.
La falta de reglamentación ya había sido cuestionada durante septiembre por conductores de aplicaciones y por sectores vinculados al servicio de taxis. Desde el sector de los conductores reclamaron que la normativa estuviera definida antes de la temporada de verano y plantearon dudas sobre requisitos como la antigüedad máxima de los vehículos y la licencia profesional.
En ese contexto, García volvió a poner el foco sobre la responsabilidad del Ejecutivo municipal y sostuvo que la demora deja en una situación de incertidumbre a trabajadores, usuarios y vecinos.
“Mientras tanto, trabajadores, usuarios y vecinos quedan en el medio”, señaló el concejal, quien cerró su cuestionamiento con una definición política: “Gobernar también es cumplir las ordenanzas”.