Vecinos de Chapadmalal y de barrios aledaños recurrieron a la Justicia para intentar frenar el avance del emprendimiento inmobiliario “Pueblo Chapa”, al que acusan de impulsar una urbanización cerrada mediante la comercialización de lotes y la ejecución de obras presuntamente ilegales y clandestinas.
A través de un comunicado, los habitantes de la zona, con el acompañamiento de la ong Casa del Trabajador, cuestionaron la falta de respuestas de las autoridades provinciales y municipales y reclamaron que se garantice el derecho a vivir en un ambiente sano, sin riesgos de inundaciones ni contaminación.
También plantearon la necesidad de preservar el patrimonio territorial, histórico y natural de Chapadmalal frente al avance de la especulación inmobiliaria.
Uno de los principales argumentos de la presentación es que el emprendimiento no habría cumplido con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental ni contaría con la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, requisitos que, según sostienen, deben obtenerse antes del inicio de las obras. En ese sentido, advirtieron que los trabajos ejecutados podrían quedar sujetos a medidas judiciales que incluso dispongan su demolición.
Además, alertaron a profesionales, empresas contratistas y personas que hayan adquirido o pretendan comprar lotes sobre la posibilidad de que deban responder solidariamente por eventuales daños.
Preocupación por el avance de los barrios privados
El conflicto por “Pueblo Chapa” se inscribe en un proceso de expansión urbana que atraviesa el sur del partido de General Pueyrredon, donde en los últimos años se multiplicaron los proyectos inmobiliarios privados y las urbanizaciones cerradas.
Los vecinos advierten que este modelo de crecimiento puede profundizar la fragmentación territorial, limitar el acceso a los espacios públicos y desplazar actividades productivas tradicionales. También señalan que el desarrollo de nuevos barrios residenciales no está acompañado por la infraestructura necesaria, en una zona que carece de servicios de agua potable y cloacas.
En ese contexto, recuerdan que la Ordenanza 25.117, aprobada en 2021, modificó el uso del suelo en áreas complementarias del litoral marítimo para admitir urbanizaciones cerradas, bajo determinadas condiciones y requisitos normativos.
La preocupación de la comunidad también alcanza a la gestión de las Unidades Turísticas Fiscales (UTF) del sector costero. Según el planteo vecinal, mientras avanzan nuevos desarrollos inmobiliarios, se impulsan concesiones comerciales en playas y áreas naturales que podrían reducir considerablemente la superficie de uso público.
Las playas públicas, otro foco de conflicto
El comunicado señala que en las inmediaciones de “Pueblo Chapa” se encuentran otras dos urbanizaciones privadas en desarrollo: “La Paloma” y “Olas Chapadmalal”. Sobre este último emprendimiento, el documento menciona la comercialización de 300 lotes, una cifra que, de concretarse, incrementaría la presión sobre los servicios y la infraestructura de la localidad.
Los vecinos ponen el foco, además, en las UTF La Redonda y Santa Isabel. De acuerdo con su denuncia, los proyectos de concesión previstos para esos sectores habilitarían distintas actividades comerciales en terrenos que actualmente son públicos, con posibles consecuencias sobre el paisaje costero, los acantilados y las áreas de reserva forestal.
En el caso de La Redonda, sostienen que un pliego contempla estacionamiento, publicidad y gastronomía sobre una superficie de aproximadamente cuatro hectáreas y media, lo que reduciría significativamente el espacio de acceso público. Para Santa Isabel, advierten sobre la posibilidad de desarrollar actividades comerciales de mayor impacto en un área que incluye reserva forestal y sectores de playa.
La comunidad afirma que de las siete unidades turísticas fiscales que existían en el sector, cuatro ya fueron concesionadas y que los habitantes de los barrios tradicionales enfrentan crecientes dificultades para acceder a la costa, tanto por la erosión como por los cambios en el uso de esos espacios.
Reclamo por una planificación integral
Los vecinos sostienen que la suma de nuevos barrios privados y emprendimientos comerciales puede generar consecuencias ambientales y sociales difíciles de revertir si no existe una planificación territorial integral.
Entre sus principales preocupaciones figuran la presión sobre los recursos naturales, la falta de infraestructura sanitaria, la contaminación y la pérdida de espacios de uso común.
Frente a este escenario, reclaman que el crecimiento de Chapadmalal contemple el acceso justo al hábitat, la protección de los ambientes naturales, la producción rural y el desarrollo de un turismo sustentable, con participación de la comunidad.
“Nos oponemos a una lógica que subordina el patrimonio territorial, histórico y natural a la especulación inmobiliaria”, expresaron en el comunicado, en el que también reivindicaron el derecho a una convivencia respetuosa con la tierra y las aguas de Chapadmalal.
La presentación judicial busca que se evalúe la legalidad del emprendimiento y se adopten medidas para evitar daños ambientales, en medio de una controversia más amplia sobre el modelo de desarrollo urbano y turístico que se proyecta para el sur de Mar del Plata.