La gigantesca movilización del 29 de Noviembre al Congreso, junto a las movilizaciones en diferentes puntos del interior del país, no sólo expresaron en su voluntad manifiesta de lucha el inmenso rechazo de los trabajadores y trabajadoras a los tres proyectos de ley de un ajuste salvaje que el gobierno de Macri impulsa en el Congreso, con el aval de los gobernadores (salvo el de San Luis) y de una parte de la CGT en el caso del proyecto de flexibilización laboral, sino también pusieron en marcha un camino de unidad que incluye a la Corriente Federal de los Trabajadores, a las dos CTA´s y a la Secretaría Gremial de la CGT que conduce Pablo Moyano contra el ajuste macrista.

Esta experiencia fue el puntapié inicial de una plan de lucha que aspira, por un lado, a aglutinar a vastos sectores populares, y por otro, a detener la ofensiva del ajuste neoliberal del gobierno de Macri. Es claro que el logro de estos objetivos va implicar un largo plan de lucha y una amplia convergencia de fuerzas y de contenidos. Pero hoy ya podemos visualizar algunos impactos como el desarrollo de contradicciones al interior de los Bloques parlamentarios, lo que avizora un tratamiento con dificultades y no una aprobación exprés como aspiraba el actual gobierno.

En el proyecto de ley de reforma previsional que ya votó el Senado con el apoyo de los gobernadores por vía de sus senadores, se realiza un escandaloso saqueo a los jubilados a través del cambio de la fórmula de actualización. Un guadañazo de 100.000 millones de pesos de los cuales 65.000 millones irán al fondo del Conurbano para la “acción política electoral” de María Eugenia Vidal.

Acompañando esto han aparecido los discursos justificadores de que el sistema jubilatorio nuestro es insustentable. Como es natural, detrás de esto viene el aumento de la edad jubilatoria y después alguna variante de privatización. No es de sorprender que estén pensando que la gestión del ANSES estaría mucho mejor a través de una institución privada. Una especie de subcontratación.

Este robo escandaloso a los jubilados como parte de un plan de ajuste aspiran complementarlo con una profundización de los despidos de estatales, además de congelar sus salarios. Esto tanto nacional como provincialmente ya que es a lo que se han comprometido los gobernadores ante la presión macrista de que sólo salarios estatales bajos en las provincias promueve salarios bajos en el ámbito privado.

Sobre la ley de precarización de los derechos laborales ya ha circulado suficiente información sobre sus contenidos y las consecuencias para los trabajadores y trabajadoras. En este caso somos profundamente críticos del triunvirato de la CGT que, además de oponerle una débil resistencia en un primer momento, mutó esta actitud a un aval a la misma previo haberle hacho algunas modificaciones menores que no modifican la esencia de la misma. Como dijimos anteriormente, la postergación del tratamiento lo debemos atribuir a la fuerza de la movilización del 29, lo que nos da un poco más de tiempo para pujar con fuerza y evitar su votación.

Lo que no hay que perder de vista es que el eje estratégico de la política macrista es la baja de salarios como condición necesaria para que se desarrolle una corriente de inversiones del capital monopólico y en particular extranjero. Eso se complementa con la brutal transferencia de ingresos a los exportadores agropecuarios y mineros, con la bestial suba de tarifas y con el endeudamiento externo creciente para cubrir el déficits estatal. Los gurúes de la derecha (Broda, Melconian y otros) le reclaman que están atrasados en el ajuste del Estado. “Endeudamiento creciente sin contrapartida de ajuste estatal”

                                                                    Pablo Micheli – José Rigane

es explosivo, dicen. Esto nos da cuenta de la dura pelea que les espera a los trabajadores y trabajadoras del Estado nacional y provinciales. Para esta pelea la unidad y la solidaridad es imprescindible.

Acompañando estos objetivos de superexplotación de los trabajadores, desde el gobierno se realizan claras acciones contra la libertad y la democracia sindical. La primera de ellas es el anuncio de bajar 450 personerías gremiales. Detrás de este objetivo está la concentración de la representación y el fortalecimiento del unicato sindical. La otra es la denuncia de varias organizaciones sindicales de que el Ministerio de Trabajo, con argumentos burocráticos, no entrega la certificación de autoridades impidiendo el funcionamiento económico de las mismas. Unicato y autoritarismo son valores afines al macrismo.

A la par de la ofensiva del ajuste neoliberal de Macri es importante denunciar el creciente escalamiento de la política represiva. A la muerte de Santiago Maldonado, en el marco de la brutal actuación por parte de la Gendarmería Nacional, tenemos que agregar ahora el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, compañero de la etnia Mapuche, por parte de la Prefectura en una operación de “cacería” ante la toma de un terreno en la Villa Mascardi.

Recientemente, tenemos que agregar que un diputado provincial del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) de Neuquén resultó herido durante un desalojo que hizo la Policía de esa provincia en una maderera ocupada por sus trabajadores en rechazo al cierre del establecimiento.

Esta escalada represiva y de recorte de los derechos democráticos, sociales y sindicales tiene expresión en el decreto de la gobernadora Bertone que exonera al compañero Horacio Catena, Secretario general  del SUTEF y CTA-A de Tierra del Fuego, en la suspensión de su cargo como docente a Alejandro Gómez, también del SUTEF. En este marco, seguiremos exigiendo la libertad inmediata de Milagro Sala, presa política.

El escalamiento represivo de Macri se extendió al plano internacional. Está comenzando la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que en esta oportunidad se llevará a cabo en nuestro país.

El gobierno entiende que esta iniciativa y la llegada del G20 el año que viene es un gran logro en su iniciativa de abrir las puertas a las grandes multinacionales que “vendrían con inversiones”.

Las organizaciones populares en una apretada agenda y amplia convocatoria desarrollaran innumerables acciones, protestas y debates (seminarios, paneles diversos etc.) donde la CTA Autónoma es parte integrante fundamental. Se trata de una iniciativa global contra los tratados de libre comercio.

Sin embargo el gobierno de Macri, demostrando  también en este plano internacional su veta antidemocrática, blindó dicha cumbre e impidió el acceso de más 60 activistas globales, en especial a representantes de la ONG europeas.

A esto tenemos que sumar un agravante que cuestiona el estado de Derecho. El Poder Judicial en indudable alianza con el Poder Ejecutivo hace uso de la prisión preventiva a los procesados con el argumento de que se pueden escapar. El argumento de “violar la ley” se va pareciendo al de “subversivo”.

Lo notable es que estas detenciones han recaído sólo sobre dirigentes políticos y sociales opositores. Se parece bastante a la puesta a disposición del P.E en Estado de Sitio. “Te meten preso por las dudas” y te extorsionan políticamente.

A partir de lo que hemos planteado más arriba es claro que la política del gobierno de Macri, cuenta con el apoyo de buena parte de las clases dominantes nativas y del capital financiero internacional.

Pero también tiene a su favor que la clase trabajadora  y los movimientos sociales están atravesado por muchas contradicciones que promueven su dispersión e impiden hacer visible los elementos que le dan fuerza al proyecto macrista. El gran valor de la movilización del 29 de noviembre es que puso como cuestión principal detener la ofensiva antipopular macrista para luego poder organizar la contraofensiva que lo derrote. Ampliar esta unidad en todas las direcciones posibles, que incluyan a trabajadores y movimientos sociales es el camino.

En este sentido somos críticos de aquellas propuestas y dirigentes que, más allá de tener un discurso duramente crítico de la política macrista y de todos aquellos dirigentes sindicales (caso del triunvirato de la CGT) y sociales que aceptan el paquete de leyes de este ajuste, finalmente sólo buscan diferenciarse con el argumento de que ellos son la única “garantía de continuidad” en la lucha. Por este camino pierden de vista que la organización de amplios sectores populares es la condición necesaria para detener el proyecto macrista y también, la única garantía de continuidad en la lucha.

En el caso de nuestra CTA Autónoma hemos mostrado en la práctica, y no solamente contra este gobierno, que cuando el horizonte de acción exige la unidad de la clase trabajadora en lucha contra las políticas anti-trabajadoras, la unidad en la acción no es solamente una cuestión discursiva que sólo busca algún posicionamiento político de algún dirigente, sino que requiere de un activo trabajo político e ideológico, sin ningún tipo de sectarismo y sólo teniendo en claro los objetivos que se persiguen.

Este ha sido el discurso de nuestro Secretario General en cuanta tribuna se ha presentado la posibilidad de plantearlo.  Ya son varios los años que si hay un rasgo que caracteriza la política de nuestra Central, es la unidad de acción teniendo como norte estratégico la unidad de la clase trabajadora.

Sin embargo, tenemos otro desafío importante desde nuestra CTA Autónoma que es la imperiosa necesidad de fortalecer tanto organizativa como territorialmente la Central en cada provincia, en cada localidad, donde los trabajadores y trabajadoras de nuestro país encuentren una herramienta consolidada para dar pelea por sus derechos.

Hemos dado un paso grande con la movilización del 29 de noviembre organizada desde un marco de unidad de los trabajadores y movimientos sociales.

Este plan de lucha lo continuaremos con otras acciones, movilizaciones y medidas de fuerza buscando en la coyuntura impedir la aprobación del paquete de leyes de ajuste macrista. Una tarea central es trabajar en la ampliación de esta unidad con amplitud y sin sectarismos.

CABA, 12 de Diciembre de 2017.