El gobierno nacional fijó nuevas condiciones para el cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte de un trabajador, que deben abonar las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), a través del decreto 669/2019 publicado en el Boletín Oficial.
La norma establece taxativamente que para establecer ese cálculo del monto indemnizatorio se deberán seguir una serie de criterios, los cuales fueron rechazados desde la Fundación CEPES de Mar del Plata.
“La decisión adoptada por el Presidente Macri a través del Decreto 669 de Necesidad y Urgencia (DNU), modificando el cálculo base para el pago de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador, es anticonstitucional ya que no existe circunstancia excepcional y ni siquiera los considerandos del decreto explican los fundamentos por los cuales se habilitó el dictado; es antijurídico ya que en forma absolutamente arbitraria dispone la aplicación retroactiva de la norma y es totalmente regresiva ya que reduce objetivamente el monto a percibir por el trabajador”, señalaron el presidente del Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana, Daniel Rodríguez y el candidato a Diputado Provincial, Daniel Di Bártolo, ambos integrantes de la Fundación CEPES.
El decreto DNU en cuestión elimina la tasa del Banco Nación como referencia y la reemplaza por un interés equivalente a la tasa de variación de las Remineraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE), afectando de este modo los derechos de los trabajadores.
“En particular, si la norma no es declarada inconstitucional cuando llegue el reclamo de la familia del trabajador que murió hace una semana en la obra del Aeropuerto de Ezeiza, se le va a aplicar esta baja en la indemnización. Es aberrante pensar en ese trabajador y tantos otros que tienen incapacidad laboral definitiva o muerte y se les aplique en forma retroactiva una norma”, señalaron.
Para los integrantes de la Fundación CEPES, el decreto está redactado a la medida de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, cuidando sus intereses económicos – financieros y la letra del mismo evidencia que el objetivo no tiene nada que ver con el derecho protectivo sino con la ecuación económica.
“Rechazamos esta nueva medida arbitraria del Presidente Macri que, en pleno proceso electoral, vuelva a modificar una legislación volcando la balanza en detrimento de los trabajadores y de los que menos tienen”, manifestaron.
“Nuestro proyecto de ciudad enlazado al proyecto de Provincia y al proyecto de Nación está centrado en el TRABAJO, en la defensa de los derechos de los trabajadores y en el cuidado y la protección hacia los que menos tienen, entendiendo que justamente el rol del Estado pasa por regular para una mejor convivencia social y no decidir siempre a favor de un sector”, plantearon Daniel Rodríguez y Daniel Di Bártolo al comentar los efectos nocivos del decreto de Macri.
