Un importante operativo contra la presunta explotación laboral se llevó adelante en las últimas horas en un establecimiento del cordón frutihortícola de Mar del Plata, donde fueron identificadas 148 personas y se secuestraron bienes y valores por más de 51 millones de pesos.
El procedimiento fue encabezado por efectivos de la Prefectura Naval Argentina, a partir de una investigación desarrollada por la propia fuerza y con intervención de la Justicia Federal. La causa se encuentra vinculada a una presunta infracción a la Ley 26.364, que contempla los delitos relacionados con la trata de personas.
Durante el megaoperativo se realizaron tareas de identificación y entrevistas a los trabajadores presentes en el establecimiento, además de controles destinados a verificar el cumplimiento de las normas laborales, migratorias y las condiciones de seguridad y salubridad.
Dinero, municiones y equipos tecnológicos
Como resultado del procedimiento, los efectivos secuestraron distintos elementos que, en conjunto, fueron valuados en más de $51 millones.
Entre los bienes incautados se encuentran dinero, municiones, equipos tecnológicos y otros elementos de interés para la investigación. Todo lo secuestrado fue trasladado posteriormente a la sede de Prefectura Naval Mar del Plata y quedó a disposición del Juzgado Federal que interviene en la causa.
La investigación apunta a determinar si en el establecimiento se desarrollaban situaciones compatibles con trata de personas con fines de explotación laboral y si existen responsabilidades penales por las condiciones en las que se encontraban trabajando las personas relevadas.
El operativo contó además con la participación de distintos organismos vinculados al control laboral y migratorio. El objetivo fue avanzar en un relevamiento integral de la situación de quienes se encontraban en el lugar y aportar elementos a la investigación judicial.
Ahora, la Justicia Federal deberá analizar la documentación y los elementos secuestrados, además de las entrevistas realizadas durante el operativo, para establecer si existió efectivamente un delito de trata y explotación laboral.
Por el momento, la investigación continúa abierta y no se descarta que a partir del análisis de las pruebas reunidas puedan surgir nuevas medidas judiciales.