Defensoras y Defensores del Pueblo del país, nucleados en la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina –ADPRA- solicitaron al Congreso de la Nación la pronta designación del Defensor del Pueblo de la Nación, cuyo cargo se encuentra vacante desde 2009, es decir hace 14 años.
El petitorio fue realizado en el Plenario Anual mantenido días atrás en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del que participó entre otros el defensor del pueblo marplatense Fernando Rizzi.
“Desde hace 14 años está vacante la Defensoría del Pueblo de la Nación lo que configura el incumplimiento del artículo 86 de la Constitución Nacional, establecida en la reforma constitucional de 1994 para proteger los derechos fundamentales individuales y colectivos de los habitantes, reconocidos no sólo en la Constitución y el derecho interno, sino también en las convenciones internacionales”.
“Considerando la importancia de los intereses a los que jurídicamente tutela esta institución, la omisión del Poder Legislativo en designar al Defensor o Defensora del Pueblo importa no sólo el desconocimiento de una norma de grado superior, sino también el desamparo de personas y colectivos a los que no queda otro medio de hacer valer sus derechos si no es por la vía jurisdiccional que, por su insuficiencia, fue una de las razones por las que se instituyó esta figura”.
“El hecho de que esta institución este en sus funciones reducida a la mínima expresión, priva a la población, arbitraria e injustificadamente, de una adecuada protección de sus derechos fundamentales y substrae de todas las hipótesis de conflicto social, a su más importante y válido intermediario”.
“Este estado de cosas revela además de desidia, incomprensión acerca de la importancia de la Defensoría del Pueblo, que no está para hacer compensaciones políticas sino para contribuir con sus intervenciones, acciones y recomendaciones a la defensa integral de los derechos de las personas ante hechos y procedimientos irregulares de la administración nacional y los prestadores de servicios públicos, que en forma individual o colectiva, se vean perjudicados”.