El crimen de Cristian Javier Velázquez, el kiosquero de 50 años asesinado durante un asalto en su comercio de Mar del Plata, tuvo una resolución judicial. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 condenó a Cristian Néstor Monje a 23 años de prisión y a Ignacio Sebastián Busto Nieto a 13 años y seis meses, por su participación en el homicidio ocurrido el 3 de febrero de 2025 en el barrio Peralta Ramos Oeste.
La sentencia fue dictada por el juez Juan Facundo Gómez Urso, quien homologó un acuerdo de juicio abreviado presentado por la Fiscalía y aceptado por los acusados y sus respectivas defensas. Monje, señalado como el autor material del disparo, recibió inicialmente 15 años de prisión por el homicidio, pero la pena fue unificada con una condena anterior de ocho años por una serie de robos. Además, fue declarado reincidente.
Su cómplice, en tanto, recibió una pena menor al considerarse su participación en el hecho y la ausencia de antecedentes penales.
El asesinato ocurrió alrededor de las 15.30 en el kiosco ubicado en avenida Jacinto Peralta Ramos al 700. Los delincuentes llegaron en una motocicleta y concretaron el asalto.
Durante el ataque, Velázquez intentó defenderse utilizando un aerosol de gas pimienta que tenía debajo del mostrador. Monje respondió disparándole con un revólver en la zona del ojo derecho. El comerciante murió prácticamente en el acto.
Tras el homicidio, los dos asaltantes escaparon en la motocicleta. La investigación permitió identificarlos a partir de las cámaras de seguridad, testimonios y distintas pruebas recolectadas durante los procedimientos. La causa estuvo a cargo del fiscal Alejandro Pellegrinelli.
El crimen había provocado una fuerte conmoción en la ciudad, no solamente por la violencia del ataque, sino también porque Velázquez ya había sufrido otros robos en su comercio. Incluso, en abril de 2024 había contado públicamente que había estado a punto de ser asesinado durante otro asalto.
Con las condenas a los dos responsables, la Justicia cerró una instancia de un caso que volvió a exponer la vulnerabilidad de los comerciantes frente a hechos de extrema violencia.