La crisis del PAMI dejó de ser solamente un conflicto por los honorarios médicos y el financiamiento de las prestaciones para convertirse en una amenaza sobre el funcionamiento del sistema sanitario en su conjunto. Así lo advirtió el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, que emitió un nuevo comunicado denunciando el desfinanciamiento del organismo, alertó sobre las consecuencias de la interrupción de servicios y reclamó una respuesta urgente de las autoridades nacionales.
La entidad colegiada volvió a cuestionar el proceso de deterioro de la cobertura sanitaria de los jubilados y pensionados y rechazó que las medidas adoptadas puedan justificarse como parte de un reordenamiento fiscal. En ese sentido, sostuvo que se trata de una “política deliberada de asfixia programada sobre la red prestacional”, con consecuencias que exceden a los prestadores directamente afectados.
Uno de los puntos centrales que se destaca es el traslado de pacientes hacia el sistema público cuando se interrumpen convenios o los sanatorios dejan de atender por las condiciones económicas de los contratos. “La interrupción de convenios y la negativa de atención en sanatorios no hace desaparecer la enfermedad”, señalaron, detallando que “esa demanda recae de manera inmediata sobre hospitales provinciales y municipales, cuyas guardias y salas de internación ya funcionan bajo una fuerte presión asistencial”.
El pronunciamiento también puso el foco en la situación de los profesionales y las instituciones que sostienen la atención cotidiana. Según denunció la entidad, el congelamiento y el retraso de los aranceles, las cápitas y los módulos quirúrgicos, junto con las deudas acumuladas, comprometen la continuidad de las prestaciones y deterioran las condiciones de trabajo médico.
“Los profesionales de la salud no somos variables de ajuste ni escudos de contención del desamparo estatal”, enfatizaron desde el Colegio, vinculando a la problemática general con el deterioro de los honorarios y la sobrecarga asistencial con la pérdida de dignidad profesional y la exposición de los médicos a dilemas éticos y responsabilidades legales ante la falta de insumos básicos.
Además, el comunicado hizo hincapié en las consecuencias que esta situación representa para los adultos mayores, un sector especialmente vulnerable frente a las demoras, la interrupción de tratamientos y las dificultades para acceder a medicamentos, consultas y cirugías. “La salud es un derecho humano fundamental garantizado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, no una mercancía prescindible ni una ‘carga’ presupuestaria”, recordaron.
En este contexto, el Colegio cuestionó la falta de respuestas institucionales y el bloqueo de los canales de diálogo con las autoridades sanitarias nacionales. En esta línea, la entidad reclamó que el conflicto sea abordado como un problema de salud pública y no exclusivamente como una cuestión administrativa o presupuestaria.
Como medidas urgentes, se exigió la convocatoria a una mesa de diálogo resolutiva entre el Ministerio de Salud de la Nación, el PAMI y las entidades prestadoras; la adecuación inmediata de los aranceles y las cápitas a los costos operativos reales; la cancelación de la deuda acumulada con instituciones y profesionales; y garantías estatales para asegurar la continuidad y la calidad de las prestaciones.
Finalmente, el comunicado concluyó que la defensa de los afiliados, de quienes brindan atención y de las instituciones que integran la red prestacional, requiere respuestas concretas y no más dilaciones. “Defender al PAMI, a sus prestadores y a los profesionales médicos es defender la vida de nuestros mayores y el derecho inalienable del pueblo a una atención digna y oportuna”, sostuvo la entidad.