La Asociación de Defensa de los Derechos de los Consumidores (ADDUC) aclaró que la sentencia judicial contra Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) por el incremento tarifario aplicado en diciembre de 2023 no pone en riesgo la continuidad de la empresa ni la prestación de los servicios sanitarios en Mar del Plata y Batán.
La entidad se pronunció luego de las manifestaciones públicas realizadas por OSSE en relación con el fallo, en el marco de la demanda colectiva que ADDUC impulsa contra el aumento del 142,7%, cuestionado por haberse dispuesto sin la participación previa de los usuarios.
Desde la Asociación remarcaron que tanto la demanda como las sentencias dictadas en primera y segunda instancia no implican un riesgo para la continuidad del servicio público ni para la ejecución de las obras necesarias para la ciudad.
En ese sentido, ADDUC destacó que la propia condena judicial contempla la posibilidad de que las sumas cobradas ilegítimamente sean restituidas a los usuarios mediante un plan de reintegro en cuotas, justamente con el objetivo de compatibilizar el cumplimiento de la sentencia con la sustentabilidad económica de la empresa.
La organización también lamentó que, durante los años en los que se tramitó el proceso judicial, no haya sido posible establecer mecanismos de diálogo y concertación entre las partes que permitieran alcanzar una salida consensuada.
Según ADDUC, esa falta de entendimiento derivó en la prolongación del conflicto y finalmente en el dictado de dos sentencias que reconocieron la vulneración de los derechos de los usuarios y consumidores.
No obstante, la Asociación aclaró que el fallo todavía no se encuentra firme y que existen recursos pendientes de eventual interposición. En ese marco, aseguró que respetará las vías recursivas que correspondan y continuará con la defensa de los consumidores en las distintas instancias judiciales que sean necesarias.
ADDUC reiteró además su disposición a mantener un diálogo institucional con las autoridades municipales y con OSSE para intentar alcanzar una solución de consenso.
El objetivo, según planteó la entidad, es encontrar un mecanismo que permita garantizar la prestación y sustentabilidad del servicio público, pero que al mismo tiempo asegure la devolución a los usuarios de las sumas que, de acuerdo con las sentencias dictadas, fueron indebidamente cobradas.
“La defensa de los usuarios y la preservación de una empresa pública esencial para la ciudad no son objetivos incompatibles”, sostuvo la Asociación, que consideró que el desafío pasa por encontrar una solución que permita cumplir ambos objetivos dentro del marco de la legalidad.
El pronunciamiento lleva la firma de Gabriel Martínez Medrano, director de Asuntos Legales de ADDUC.