La gobernadora María Eugenia Vidal y un par de legisladores han enviado dos proyectos de ley respecto a la modificación de la ley que rige a los colegios profesionales de martilleros y que implican un cambio en los honorarios percibidos.

La propuesta del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires es ir más allá de ese único tema y proponer una alternativa superadora e integral del tema habitacional.

“La problemática de los alquileres merece un debate mucho más profundo en el camino de buscar propuestas superadoras que permitan a los inquilinos acercarse a la posibilidad concreta de acceder a ese derecho constitucional que es aspirar al techo propio. Poner el acento en los honorarios de los corredores inmobiliarios puede llevarnos al error de simplificar la situación y alejarnos de las soluciones de fondo”, aseguró el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Donsanto.

En ese contexto el representante de los inmobiliarios bonaerenses adelantó que la institución que preside está trabajando en una propuesta integral que presentarán a las autoridades en los próximos días.

“Resumir el problema en que los profesionales inmobiliarios no deban cobrarle más a los inquilinos y cargar sus honorarios sobre los propietarios, puede ser que se desaliente la inversión en la construcción con destino a renta, lo que implica reducir la oferta y en consecuencia aumentar los costos de los alquileres. En síntesis, un inquilino ahorrará un cuatro por ciento sobre el total del contrato de dos años de duración y a cambio pagará mucho más el canon locativo. Lo que en términos populares se conoce como que el remedio es peor que la enfermedad”, enfatizó Donsanto.

En ese sentido explicó que los profesionales inmobiliarios están en el marco de una legislación que les marca qué pueden hacer y los Colegios tienen facultades delegadas por el propio Estado establecidas por ley. Cuando un profesional ejerce mala praxis cobrando lo que no tiene que cobrar, el afectado tiene resortes a donde recurrir que es a los propios Colegios Departamentales para efectuar la correspondiente denuncia, amén de hacer lo propio ante otros organismos como la Defensoría del Pueblo”.

“No defendimos ni defenderemos nunca a ningún profesional que se aparte de lo que establece la ley y verdaderamente creemos que el honorario del cuatro por ciento por un contrato de veinticuatro meses de duración guarda razonabilidad con el servicio, garantía, responsabilidad, asesoramiento y acompañamiento que presta el corredor inmobiliario al inquilino, a quien debe atender durante la vigencia de la relación”, señaló el titular de los martilleros y corredores provinciales.

“Con ese cuatro por ciento –agregó- el colegiado se hace cargo desde la estructura que le permitió al potencial inquilino visitar la propiedad hasta, una vez convertido en locatario- atenderlo durante veinticuatro meses cobrándole en la oficina el monto locativo y estar a su lado para dar solución a cuanto inconveniente surja en la propiedad locada. Se trata de un servicio integral, no de un acto aislado e individual”, remarcó el entrevistado.

Agregó que cuando hay abusos denunciados ante los colegios, automáticamente se dispara la causa disciplinaria que tramita, en una especie de juicio, cada colegio departamental.

“Nos ajustamos a derecho y nos convertimos en una suerte de juez para mantener la equidad en la relación locador-locatario. Y como Colegio actuamos con sentido legal. Los Colegios no son un órgano gremial en defensa de un legítimo derecho sectorial, somos órganos de ley que actuamos en defensa de la sociedad para que no se vulneren sus garantías”, indicó Donsanto al tiempo que adelantó que se trabaja en un documento con estadísticas y propuestas para presentar a las autoridades.