Asociaciones de martilleros y de cámaras inmobiliarias del interior del país plantearon la necesidad de reformar el plazo y la actualización de los contratos establecidos en la ley de alquileres, mientras que los inquilinos se pronunciaron a favor de mantener la ley vigente que rige para el sector, al participar en un encuentro convocado por la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados.

En la apertura de la reunión, que se desarrolló en el anexo C de la Cámara baja, que se realizó bajo un formato mixto, virtual y presencial, la titular de la comisión, Cecilia Moreau, puso de relieve la importancia del debate y destacó «la necesidad de escuchar a las provincias que son parte de la problemática».

La reunión estuvo conducida por Moreau y por la vicepresidenta de la comisión, la diputada de Evolución Radical, Carla Carrizo, y la legisladora de la UCR, Karina Banfi.

En la primera reunión informativa celebrada este martes, la mayoría de los 42 expositores correspondieron al Colegio de Martilleros y a las cámaras inmobiliarias que representan a los propietarios, quienes plantearon la necesidad de modificar el plazo de los contratos para que se reduzcan de tres a dos años, y que la actualización de los alquileres se realice cada seis meses, en el marco de una reforma de la ley vigente en la actualidad.

Si bien en esta oportunidad solo expusieron nueve asociaciones de inquilinos, los representantes de éstas entidades plantearon que no se debe acelerar la reforma de la ley. También propusieron analizar «en detalle» la iniciativa para poder proteger a las familias que deben alquilar una propiedad.

La Comisión de Legislación General continuará con las rondas informativas con los sectores involucrados el martes 19 y miércoles 20 de abril, en la que podría estar presente el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi.

En tanto, el debate de los diputados para consensuar un dictamen entre el oficialismo y la oposición se hará el 25 y 26 de abril, con el objetivo de que la reforma sea sancionada en el recinto en la primera quincena de mayo, en base al cronograma acordado.

De esta manera, se cumpliría con el plazo que la Cámara se autoimpuso hace diez días, cuando las autoridades del cuerpo y de los principales bloques acordaron que el debate se debía agotar en 30 días hábiles contados desde el 5 de abril, es decir antes del 18 de mayo.


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