El Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas y la Cámara de la Industria Pesquera Argentina plantearon una vez más su rechazo al nuevo intento de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon de exigirles a las empresas exportadoras el pago de la Tasa de Seguridad e Higiene como resultado de las ventas de sus bienes y servicios en el mercado internacional.
Ambas cámaras fijaron su postura contraria a esta iniciativa a través de una carta dirigida al intendente Carlos Arroyo, cuyo contenido fue presentado también ante todos los concejales pertenecientes a todas las fuerzas políticas así como ante la secretaria de Comercio Exterior de la Nación, Marisa Bircher, el subsecretario de Pesca de la Nación, Juan Bosch y el ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís.
En la nota CEPA y CAIPA, además de requerir una audiencia con el intendente Arroyo para exponer su postura de manera personal, plantearon -tal como lo hicieron hace exactamente un año- los argumentos por los que “no corresponde” que la Municipalidad les exija a las empresas exportadoras el pago de este tributo tal y como pretenden hacerlo las autoridades locales.
En primer lugar ambas cámaras advirtieron sobre el carácter “inconstitucional” de esta propuesta, la cual viola de manera palmaria y manifiesta los artículos 4, 9, 25 y 176 de la Constitución Nacional, los cuales establecen que el Estado Nacional es el único autorizado para imponer derechos de importación y exportación a través de leyes dictadas por el Congreso de la Nación y prohíben la existencia de aduanas internas.
Por otra parte en la nota se hizo referencia al hecho de que la República Argentina se ha sometido a diferentes acuerdos y reglas internacionales, entre ellas las de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), de las cuales emana el principio rector de no exportar impuestos y cuya observancia resulta contraria a la pretensión del gobierno local de gravar las exportaciones con una tasa municipal.
Asimismo ambas cámaras subrayaron que no resulta coherente que algunos representantes del Estado municipal promuevan y sostengan decisiones que se contraponen tanto contra los intereses de sus conciudadanos, como contra los esfuerzos del presidente de la Nación, Mauricio Macri y de la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, por generar herramientas de promoción para el sector pesquero.
Todos esos esfuerzos están siendo llevados adelante en el entendimiento de que la industria pesquera radicada en Mar del Plata es considerada como uno de los principales pilares de la actividad económica del país, de la provincia de Buenos Aires y especialmente del Partido de General Pueyrredon, lo que amerita el diseño e implementación de medidas que contribuyan a reducir sus costos e incrementar su competitividad.
Por esa razón CEPA y CAIPA remarcaron que no resulta coherente que mientras que desde el máximo nivel político nacional y provincial se interprete que, en su carácter de economía regional, la pesca debe ser ayudada el gobierno municipal adopte determinaciones en sentido claramente inverso.
Por otra parte en su nota ambas cámaras explicaron que en ningún caso existe alguna clase de servicio y/o contralor municipal vinculado con las operaciones de comercio exterior que justifiquen la imposición del pago de alguna clase de gravamen por parte de la Municipalidad puesto que todos esos servicios y/o controles son ejercicios por organismos de jurisdicción nacional tales como la Subsecretaría de Pesca de la Nación y el Senasa.
Finalmente CEPA y CAIPA remarcaron que las operaciones de comercio exterior que se desarrollan en el Partido de General Pueyrredon involucran a distintas ramas de la actividad económica y advirtieron que todas ellas resultarán perjudicadas por la imposición de un tributo que no corresponde aplicar.Es claro que una medida de esta naturaleza no hará más que provocar un aumento de los costos de producción y pérdida de puestos de trabajo, razón por la cual las autoridades gubernamentales de una ciudad con índices de desocupación alarmantes deben procurar promover el incremento de la actividad económica y no su retracción.
