La Asociación Trabajadores del Estado denunció que, producto del desfinanciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad, las autoridades de la Unidad de Gestión Provincial renunciaron a sus cargos.
«Hace años que el Estado provincial y nacional no brindan respuestas ni mucho menos soluciones a las casi 250.000 familias que hoy dependen del ex PROFE, a los y las 360 trabajadoras del sector, ni a los proveedores», destacó el dirigente Facundo Villalba.
Debido a las deudas constantes y con un diálogo prácticamente inexistente, los tratamientos, las cirugías y la entrega de medicamentos se ven constantemente interrumpidos.
«Exigimos una inmediata solución y restauración del programa Incluir Salud», sentenció.
