En la Casa de la memoria de Mar del Plata, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó una conferencia de prensa para presentar ante la comunidad las nuevas pruebas que vinculan a Fabián Fernández Garello en crímenes cometidos durante la última dictadura militar, cuando el actual fiscal general se desempeñaba como agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Esas dos nuevas denuncias se suman a una causa por la cual, en el día de ayer, fue procesado por la privación ilegal de la libertad y apremios ilegales de tres militantes del Partido Comunista en 1981 y 1982.

A raíz de estas denuncias que comprometen aún más la situación procesal de Fernández Garello, la semana pasada la CPM y organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales y víctimas del terrorismo de Estado presentaron un nuevo pedido de juicio político. La reciente decisión de la justicia federal de San Martín de procesar al fiscal debe ser un impulso más para que esta causa avance en el Consejo de la Magistratura.

«No puede haber democracia sobre la base de esta impunidad; son personajes que se han legitimado durante años en la sociedad a pesar del rol nefasto que tuvieron durante la dictadura militar. Por eso exigimos la inmediata suspensión de Fernández Garello como fiscal general de Mar del Plata», señaló Yamila Zavala Rodríguez, hija de detenidos-desaparecidos e integrante de la CPM, durante la conferencia de prensa.

La actividad fue acompañada por Abuelas de Plaza de Mayo e HIJOS Mar del Plata, la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre (APDH), Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, la Comisión familiares, amigos y compañeros de Ana María Martínez, el colectivo Faro de la Memoria, la Asociación Judicial Bonaerense y la Central de Trabajadores de la Argentina. Estas presencias dan cuenta del amplio espacio que impulsa este nuevo juicio político.

«El procesamiento dictado por la jueza Vence empieza a resquebrajar el muro de impunidad en torno a Fernández Garello. El fiscal fue sostenido por el poder judicial, por la Corte de la Provincia, por el Procurador y también por la clase política que se expresó en el archivo del jury sin investigación alguna. La jueza lo procesó por una denuncia que la CPM hizo hace más de dos años; ahora estamos denunciándolo por dos nuevos hechos, donde su participación está documentada con documentos del archivo de la DIPPBA que, incluso, llevan su firma», destacó el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García.

Las nuevas pruebas del archivo de la DIPPBA, acervo documental que la CPM tiene bajo custodia desde el año 2001, vinculan a Fernández Garello en dos nuevos delitos perpetrados durante la última dictadura militar. El primer hecho da cuenta del accionar represivo sobre el ciudadano paraguayo Mario Ramírez Medina, secuestrado por personal de la Policía Bonaerense el 9 de febrero de 1979 y trasladado al centro clandestino de detención que funcionó en la comisaría 1° de Tres de Febrero. Ese mismo día la delegación San Martín de la (DIPPBA) elaboró un informe sobre su militancia en el Partido Comunista de Paraguay a partir de información recogida tras el operativo. Ese memorando de inteligencia lleva la firma del entonces oficial ayudante Fabián Uriel Fernández Garello. Mario Ramírez Medina continúa desaparecido.

El segundo hecho ocurrió entre 1978 y 1981; en esos años, la delegación San Martín de la DIPPBA coordinó y ejecutó acciones de espionaje e infiltración sobre exiliados. Estas tareas de inteligencia fueron reconocidas por el propio fiscal Fernández Garello ante la justicia. Aunque en sus declaraciones minimizó estas actividades como un “simple censo”, este trabajo —que además le valió el reconocimiento de sus superiores— integra un legajo sobre acciones de la DIPPBA en la identificación de ciudadanos chilenos “peligrosos para la seguridad nacional”. Luego de estas tareas, varios de ellos fueron secuestrados.

«Como muestra para entender la dimensión operativa de estas acciones de inteligencia, la delegación San Martín de la DIPPBA trabajaba para Campo de Mayo, área militar 490; a ellos les reportaba Fernández Garello: no estaba operando en los márgenes, no podía desconocer el sistema represivo para el cual producía información de inteligencia ni la magnitud de los crímenes cometidos en esa región y en ese centro clandestino de detención», remarcó la directora general de la CPM, Sandra Raggio. Y agregó: «Era imposible, por los informes encontrados en el archivo de la DIPPBA, que él no supiera lo que estaba informando. Para nosotros, no hay duda de que Fernández Garello es responsable de los delitos de lesa humanidad y que no puede seguir siendo parte de las instituciones democráticas».

Tras la conferencia de prensa, la CPM acompañó la asamblea que trabajadores judiciales, nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), realizaron en el hall central de los tribunales marplatenses para exigir la destitución del fiscal. Tanto la AJB como la Federación Judicial Argentina acompañaron la presentación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para la reapertura del juicio político.

Anteriormente, y a pesar de la gravedad de los crímenes que se le imputan y de las pruebas que constaban en el expediente, el fiscal pudo sortear un proceso de jury y seguir en funciones; en ese momento, el jurado de enjuiciamiento decidió directamente archivar la causa sin abrir la investigación. El procesamiento dictado por la justicia de San Martín y las renovadas muestras de apoyo que reclaman su apartamiento del cargo deben servir para revertir esta situación.

Mientras tanto, el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires y la Suprema Corte provincial deben responder el pedido de la CPM para que Fernández Garello sea suspendido inmediatamente en su cargo.