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La Justicia Federal marplatense desbarató una organización acusada de ingresar estupefacientes para su venta a internos de los penales de Batán y La Plata utilizando el servicio de lavandería de ambas cárceles y con la presunta connivencia de integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), informaron fuentes judiciales.

De acuerdo a la investigación realizada por la fiscal Laura Mazzaferri y el juez Santiago Inchausti, al menos desde 2008 y hasta abril de 2017 el principal acusado aprovechó su pasado como agente del SPB para firmar un convenio en el marco del Programa de Reinserción «Incluirse».

La empresa utilizaba de manera exclusiva las instalaciones de los penales, por lo que no tuvo que realizar una inversión de capital propio y, al mismo tiempo, aprovechaba la mano de obra precaria brindada por los internos que lavaban la ropa blanca quirúrgica a clínicas y sanatorios privados de Mar del Plata y de La Plata.

El acceso al área de lavandería -que por cuestiones funcionales exigía el ingreso de rodados con bolsones de ropa- habría sido el medio idóneo para que los sospechosos pudieran ingresar de manera oculta a la unidad penal estupefacientes que luego serían vendidos a los internos.

Según informó en su web el Ministerio Público Fiscal (MPF), por la gran cantidad de trabajo que desplegaba el área de lavadero, la firma comenzó a obtener alto rendimiento económico.

El rol del principal acusado fue clave: su labor dentro del SPB -desde 1990 hasta 2006, cuando fue declarado prescindible- le permitió obtener, mediante una contratación directa firmada por su madre, el beneficio de la explotación de las máquinas del área de lavandería de las Unidades X de Melchor Romero y XV de Batán y una vez posicionado en el lugar, organizar una sociedad delictiva.

Otra persona ejecutaría dentro de la cárcel de Batán las órdenes que el líder daba desde La Plata, encargándose incluso de gestionar los pagos de los reclusos.

En algunas oportunidades debía recurrir a otro implicado, quien a través de su financiera descontaba cheques de la empresa en cuestión y obtenía una ganancia propia al cobrar un 2 % del valor total de la suma a percibir.

Con este accionar beneficiaba a quien lideraba la asociación en el ocultamiento de su dinero.

Por otro lado, otro hombre ejecutaba de manera directa las órdenes pero en la cárcel de Melchor Romero, y habría sido también el contacto mediante el cual el SPB puso en conocimiento del líder de la banda que la firma de lavandería industrial estaba siendo investigada.

Por último, otra persona facilitó a través de su cooperativa el cobro de cheques que recibió la firma, sin tener que pagar los impuestos que son exigidos dentro del sistema financiero formal.

Las pertenencia del principal acusado al SPB le habría permitido quedar bajo el amparo de una connivencia por parte de algunos funcionarios que permanecieron en el organismo, y así poder ingresar a explotar el área de lavandería sin control alguno de cumplimiento de cargas sociales, jornadas laborales ni medidas de seguridad e higiene.

La Fiscalía encuadró los hechos en los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero –con el narcotráfico entre los delitos precedentes- e infracciones a la ley penal tributaria.

A raíz de esto, en los últimos días el juez Inchausti ordenó la declaración indagatoria de un funcionario del SPB y de un ex director jubilado de la unidad de Batán y de un empleado civil de la firma de lavandería, acusados de los mencionados delitos y ahora debe resolver las situaciones procesales de los involucrados. (Télam)