Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto, disertó en el plenario del Programa Global para la Implementación de la Declaración de Doha, organizado en la Ciudad de Buenos Aires por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Allí expuso sobre Narcocriminalidad y Derechos Humanos. Destacó la necesidad de avanzar en la creación de una agencia única y especializada con el fin de prevenir,  conjurar, investigar y combatir los delitos relativos a la producción, comercio e introducción o suministro de narcóticos, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

“Existen distintos proyectos con estado parlamentario en el congreso nacional. Las iniciativas tienen muchos puntos en común, con lo cual estarían dadas las condiciones para avanzar en la creación de una agencia única y especializada en la Argentina. Si bien el antecedente más importante es la DEA estadounidense, es indispensable que la Agencia especializada de nuestro país esté inspirada en el nuevo paradigma internacional que implica tener una perspectiva de derechos humanos, reducción de daños y prevención”, sostuvo Martello, quien está a cargo del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

En ese sentido, Martello consideró que el nuevo paradigma internacional también debe llegar a la Justicia de nuestro país. “En la provincia de Buenos Aires, una de cada tres instrucciones penales preparatorias vinculadas a la violación a la ley de estupefacientes tiene que ver con consumo personal o tenencia simple. A nivel federal, la situación es aún peor. Es indispensable que el problema de las adicciones se trate como un tema de salud pública, y haya más esfuerzos en combatir el crimen organizado e intentar reducir la oferta”, sostuvo.

El Defensor del Pueblo Adjunto también alertó sobre el impacto que podrían tener los ajustes presupuestarios en los programas de prevención que se vienen instrumentando a nivel nacional, en un contexto donde el consumo de drogas legales e ilegales se viene incrementando producto de la crisis económica.

“Al analizar el presupuesto 2019, surge que la  Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) tendrá $100 millones  menos respecto a lo asignado actualmente. A su vez, afines de diciembre, vence la declaración de emergencia que estableció el gobierno nacional, a través de un decreto, hace dos años. Si no se renueva la emergencia, el Estado podría quedarse sin importantes herramientas en momentos en que se prevé que haya un resurgimiento de drogas más baratas y nocivas. También necesitamos que todas las provincias adhieran a la emergencia,  algo que hasta el momento solo hicieron algunas jurisdicciones”, explicó Martello.

Durante su exposición, el Defensor del Pueblo Adjunto destacó la necesidad de avanzar en las recomendaciones operacionales realizadas por las Naciones Unidas sobre cuestiones intersectoriales: las drogas y derechos humanos, los jóvenes, los niños, las mujeres y las comunidades. Las recomendaciones incluyen:

-Promover políticas, prácticas y directrices nacionales proporcionadas en lo que respecta a la imposición de penas a los delitos relacionados con las drogas, de modo que la severidad de las penas sea proporcional a la gravedad de los delitos y que se tengan en cuenta factores atenuantes.

-Mejorar el acceso de las personas encarceladas al tratamiento de los trastornos relacionados con el consumo de drogas y promover una supervisión efectiva.

-Alentar a que se tengan en cuenta las necesidades específicas y los posibles múltiples factores que hacen vulnerables a las mujeres encarceladas por delitos relacionados con las drogas.

-Promover y aplicar respuestas en materia de justicia penal a los delitos relacionados con las drogas, a fin de llevar a sus autores ante la justicia, que sean eficaces y respeten las garantías legales y procesales propias del proceso penal