El nuevo intento del Gobierno nacional de modificar el régimen de Zona Fría y que ya cuenta con media sanción en Diputados, volvió a encender alarmas en Mar del Plata.
En las últimas horas, la administración Milei puso en duda la continuidad del beneficio al afirmar que la ciudad “es una zona templada” y se cuestionó que haya sido incorporada durante años al esquema de subsidios al gas.
Las declaraciones profundizaron la preocupación entre usuarios, comerciantes y distintos sectores económicos de la ciudad. Sin embargo, a diferencia de otras oportunidades, el Ejecutivo municipal mantiene un llamativo silencio frente a una medida que podría impactar de manera directa en miles de familias marplatenses.
La discusión reapareció en el Congreso en medio de un contexto económico marcado por la caída del consumo, el aumento de tarifas y el comienzo del invierno. El proyecto impulsado por la Nación busca recortar o modificar el esquema actual y amenaza con dejar afuera a usuarios que hoy acceden a descuentos de entre el 30% y el 50% en sus facturas de gas.
El argumento oficial sostiene que localidades como Mar del Plata no deberían estar comprendidas dentro del régimen por tratarse de “zonas templadas”, una definición que generó rechazo en distintos sectores locales, especialmente por el fuerte consumo energético que históricamente tiene la ciudad durante los meses de bajas temperaturas.
La ausencia de posicionamientos públicos contrasta además con declaraciones anteriores del entonces intendente Guillermo Montenegro, quien durante 2024 había defendido abiertamente el régimen. En aquel momento aseguró que “Mar del Plata es Zona Fría. No puede depender del Gobierno de turno” y sostuvo que el beneficio “no es un capricho”, remarcando que el gas “es vital para los hogares”.
También había advertido que “no se pueden tomar decisiones solo desde la lógica del AMBA” y prometido defender “a cada marplatense” ante cualquier intento de eliminación del esquema.
Incluso, cuando el Congreso decidió mantener el beneficio durante el tratamiento de la Ley Bases, Montenegro celebró públicamente la decisión y afirmó que “nuestra voz fue escuchada”.
Sin embargo, frente al nuevo escenario y a las recientes declaraciones del Gobierno nacional cuestionando la inclusión de Mar del Plata dentro del régimen, ni el actual senador ni el Intendente Agustín Neme o funcionarios de peso del gabinete municipal realizaron declaraciones públicas en defensa del beneficio.
El silencio político adquiere mayor relevancia en una ciudad donde el impacto del costo energético tiene un peso determinante durante el invierno.
Diversos sectores económicos y sociales vienen advirtiendo que una eventual quita de subsidios implicaría un fuerte golpe para las economías familiares y también para el circuito comercial local.
De hecho, entidades como la UCIP habían calculado que la pérdida del beneficio podría representar una transferencia mensual superior a los mil millones de pesos fuera del consumo interno marplatense, afectando directamente a comercios y pymes.
La discusión sobre Zona Fría atraviesa además un momento especialmente sensible: la llegada de las bajas temperaturas y una creciente dificultad de muchos hogares para afrontar los servicios públicos. En ese contexto, la falta de pronunciamientos desde el Municipio comienza a generar interrogantes políticos sobre la postura del oficialismo local frente a una medida que históricamente acompañó.
Mientras el debate avanza en el Congreso y desde Nación se insiste en relativizar la condición climática de Mar del Plata para justificar cambios en el esquema de subsidios, en el Palacio Municipal predomina, por ahora, el silencio.
