Por: Roberto Garrone
La perplejidad con que las patas de la mesa chica tangonera congeladora recibieron la novedad que el SOMU había implosionado la instancia de negociación en la audiencia de la Secretaría de Trabajo antes de sentarse frente a la computadora y animar el zoom, tenía cierta similitud con la que atravesaron algunos armadores fresqueros cuando el lunes a mitad de mañana se enteraron de la demora de zarpada en los muelles marplatenses decretada por SICONARA.
El sentido común salió del grupo “industria pesquera” hace rato y nada debería sorprender a esta altura del partido, pero la jugada de Durdos, de priorizar –o al menos intentar- la vigencia de su mandato el frente del gremio, que el acuerdo salarial que aguardan los marineros que embarcan en la flota, es una movida que nadie esperaba.
Allegados al dirigente descartaron que la estrategia buscara ese fin y que la dilación obedeció a la instrucción de la abogada Sandra Fojo, la institutriz de la Junta Electoral Central en las impugnadas elecciones. Cuesta pensar que aplazar la audiencia a tres días antes que venza la nueva prórroga de los mandatos no tenga que ver con la búsqueda de un nuevo blindaje.
La jugada del gremio descolocó a la patronal. Para el 6 de mayo muchas empresas pesqueras se imaginaban en precalentamiento de la zafra de aguas nacionales, con los tangones desplegados en el área norte. Si hasta instruyeron a López Cazorla para que convocara a la primera prospección el 15 de mayo.
El SOMU parece pasar por alto que las empresas ya no necesitan firmar el acuerdo paritario para poder salir a pescar. La suspensión de la cautelar a la reforma laboral impulsada por la CGT permite que los acuerdos individuales caminen en terreno más firme.
Si el año pasado la zafra comenzó cuando la patronal entendió que era el momento de “pescar menos para pescar mejor”, ahora ni siquiera necesitan que Durdos y Navarro pongan la firma para liberar a los tangoneros.
Los más de dos mil solicitudes de embarque que recibió la casilla de mail de Conarpesa marcan que en las bases hay más urgencias por trabajar que para respaldar una medida de fuerza forzada por la cúpula sindical.
Y si la conducción del SOMU cree que el gobierno puede intervenir para evitar un conflicto a cambio de prolongar el blindaje de su representatividad, la gestión libertaria tiene sobrados ejemplos que atestiguan el abandono hacia el sector.
En las últimas horas un informe de ALFA insistió con un rosario de demandas para que la cadena del fresco gane oxígeno. Un gobierno que no pagó un peso de reintegros a la industria en marzo para mantener a raya el equilibrio fiscal difícilmente avale una quita del IVA al combustible, los derechos de exportación, el IVA a la primera venta, mucho menos acelerar el pago de los impuestos retenidos.
“Hoy perdemos más o menos plata dependiendo la duración de la marea. Es imposible sostenerse cuando tu mayor aspiración es salir empatados”, reconoció un pescador al filo de la asamblea del SICONARA. “No podemos vivir con una inflación del 30% en dólares en siete meses”, dijo un industrial exportador en tierra.
Otros armadores piensan que el gobierno podría tirarles un salvavidas en el mar de operaciones. Como avanzar con cambios estructurales, por caso, la dotación de explotación a bordo de la flota pesquera, de modo que sean ellos quienes deciden la cantidad de tripulantes a bordo y no el gremio.
La puja entre el SOMU y Gaad Group terminó con un fallo a favor del sindicato que apuntaba al convenio colectivo para subir a 10 marineros en el “Marlene del Carmen”, aunque fue apelado por la empresa armadora que llegó a subir 6.
Citan el ejemplo ante cada autoridad con la que comparten mesa de un barco fresquero de 26 metros de eslora y flamante construcción. En Irlanda lo manejan 5 tripulantes; en Argentina, 16. “No aspiramos a copiar ese modelo pero podríamos bajar a 13”, se ilusionan sin mucho énfasis. Tal vez porque saben que este gobierno no hará nada para evitar que se fundan con 16.
Donde no sobrevuela tampoco el entusiasmo es entre los capitanes de pesca. El nuevo convenio firmado por Frías con CAPIP y CaPECA tiene algunas singularidades que evidencian el interés del Secretario General por conservar su nicho en áreas sensibles como Capacitación y Acción Social.
Hasta el nuevo acuerdo las empresas pagaban 32,50 dólares por marea y ahora pasarán a pagar 225 dólares por buque en el caso de la Capacitación y la misma cifra, pero por capitán, en Contribución Social.
Lo que los capitanes ganaron por un lado lo cedieron por el otro. Se incrementó el porcentaje piso de la producción que pasó del 2,5% al 3,8%, que solo paga Iberconsa; el resto abona por arriba del 4%, pero hubo una fuerte reducción en los valores de referencia y no solo del langostino.
Por caso, el filet de merluza en los arrastreros congeladores asociados a las cámaras patagónicas se liquidaba desde el 2015 en mil dólares la tonelada. Ahora la pagarán 600 dólares. El calamar también tuvo recortes: Se pagaba 800 dólares. Ahora el de mayor tamaño, 380 y el de hasta 100 gramos, 280.
Frías modificó los términos de quienes no aportan la contribución solidaria del 2% a la Asociación para los no afiliados al gremio. Hasta la rúbrica estaban eximidos quienes denunciaran una entidad similar. Ahora solo los afiliados a Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante.
Los afiliados al Centro de Patrones ya pagan 4% a su entidad y con esta decisión de Frías quedan incluidos en el pago adicional del 2% a la Asociación. En recibos de sueldo abultados, son cifras importantes.
El cambio no es casual: Frías busca erosionar la lista de afiliados del Centro de Patrones, desde donde el año pasado pidieron una compulsa con el objetivo de recuperar la representación colectiva al momento de discutir paritarias. Hoy solo es signatario de convenio la Asociación.
El expediente se mueve lento, pero avanza en el Ministerio de Capital Humano. Los patrones están convencidos que tienen muchos más afiliados que la Asociación. Si la medida de Frías buscaba achicar la diferencia llegó un poco tarde. El período en que se compararán ambos listados es marzo-octubre 2025.
El nuevo convenio con CAPIP y CaPECA no expone otro desvelo de Frías: Manejar fondos destinados a su centro de formación y a la obra social. El año pasado la poda del 22% tuvo su recompensa: las empresas tangoneras pagaron 10 mil dólares por barco para cada uno de los ítems. Se hizo público porque CEPA lo expuso en su convenio.
Ahora ese aporte solidario todavía no está cerrado. Las partes negocian bajo las mismas condiciones se absoluta confidencialidad. Frías pide otros 10 mil dólares por barco. Los viajes a las ferias internacionales como Barcelona con comitiva y todo, no se pagan solos.
Otro millón de dólares que podría recibir y gastar con absoluta discrecionalidad. “Se ha alcanzado una madurez”, subrayó Frías para ponderar la firma con CaPECA en medio de la feria. La madurez tiene su precio.
Buen domingo