Por: Roberto Garrone

No hay recuerdos de dos actos simultáneos, en la misma semana, bueno, donde la industria naval marplatense pueda mostrar pruebas tangibles del impacto del Decreto 145/19 que establece las condiciones para la renovación de la flota pesquera y los beneficios adicionales si ese proceso se lleva adelante en gradas nacionales.

En SPI Astilleros se colocaron dos quillas de lo que serán los futuros nuevos costeros de la empresa española Conarpesa, ahora en alianza con la multinacional WOFCO. La fecha de entrega en principio es el año que viene pero la intención es tenerlos terminados antes que comience la zafra provincial, en principio para noviembre próximo.

Con menos de 48 horas de diferencia, en gradas de Contessi el grupo Veraz, del que el astillero es socio minoritario, recibió al “Americano”, un barco que en realidad era para otra empresa armadora pero que como demoró el plan de pago de su contrato de construcción, aceptó ceder el buque para achicar la deuda.

En sus instalaciones ampliadas se están construyendo siete barcos al mismo tiempo. Ninguno tiene un precio final de obra porque más allá de algunas variables que tienen a corregirse, el costo de producir un buque se incrementó más del 50% en dólares en los últimos años.

La empresa deudora es “Arbumsa Pesca Austral”, de capitales chinos, quien ya recibió cuatro de los seis “Huafeng” programados en el astillero. La firma reconoció el desfasaje de costos, no como otras, pero que una empresa propiedad del estado chino, o con activa participación en su conformación societaria, deba recurrir a este fallo salomónico para salir del brete, debería ser un llamado de atención severo sobre la rentabilidad real del negocio.

Si los chinos no pueden competir en este contexto de incrementos de costos laborales, caída de precios internacionales, derechos de exportación e inflación en dólares, que queda para el empresariado nacional.

Incluso Veraz el año pasado se desprendió del “Valiente I y II”, sus dos tangoneros congeladores más chicos. Los compró Estrella Patagónica. Pescar en Malvinas para Pescapuerta siempre ha sido un negocio tan excelente como impune.

Por estos días Cabo Vírgenes negocia su salida de la pesca del langostino en Chubut. Por eso liquidó la marea de sus marineros tal como lo pedía el SOMU y rechaza el 70% de la flota costera y artesanal de Rawson.

La planta se la quedaría su socio español, Pedro Mielgo. Su representante argentino ya hace ruido en Rawson. El galeno “Oso” Quiroga no ha dejado un tendal de malos recuerdos en todos los casilleros por donde pasó. La flota se la repartirían entre el capitán del Sofía B, Red Chamber se quedaría con el anormal “Espartano” y Conarpesa podría quedarse con el “Malo I”, si sortea la traba judicial que por ahora impide su transferencia.

La alarma de la falta de rentabilidad debiera ser escuchada no solo para los propios actores del negocio sino también por las autoridades. Lamentablemente ninguna de peso acudió a ambas ceremonias. Intendente, concejales, funcionarios de pesca, industria. NI municipales, provinciales y nacionales. Absolutamente nadie.

La apatía de parte del poder de turno por conocer la realidad del sector económico más importante de la ciudad es evidente. Salvo en vísperas de elecciones donde ahí todos muestran un interés ficticio, solo para redes sociales o pasan la gorra para los gastos de campaña. Salvo cuando las papas queman como este verano, el desinterés del sector pesquero por mostrar lo que hacen y generan, es recíproco.

Hay varios asteriscos que vale aclarar de la sentencia que contiene el primer párrafo de la columna pero no deja de ser trascendente la apuesta a la inversión privada en bienes de capital y la utilización de mano de obra calificada argentina en la transformación de toneladas de chapa naval en buques pesqueros que a su vez mejorarán la seguridad y habitabilidad de las tripulaciones.

El primero es que Conarpesa podría haber iniciado el camino de la renovación de la flota costera de Rawson bastante antes. Sólo la pelea de su CEO, Fernando Álvarez Castellano, con la gestión que encabezó Carlos Liberman y Julián Suárez, explica la demora.

El proyecto de renovación de estos dos costeros se aprobará seguramente cuando vuelva a funcionar el CFP. Ahora dicen esta semana, veremos. Incluso el “Quequèn Salado” ganó musculatura en bodega cuando recibió los permisos del “Mabel”; “Neptunia II” y “Es posible”. Eso fue bajo la administración Liberman, en el verano del 2022 y fue autorizado a pescar 170 toneladas anuales de langostino. ¿Cuántas pescó el año pasado?: 896,8 toneladas. Siga, siga…

A pesar de este reverdecer naval hay algunas sombras que ganan el horizonte. Así como hubo nuevas órdenes de construcción, también hubo reiterados pedidos ante la Secretaría de Industria para autorizar la importación de buques usados.

El gobierno de Carlos Menem es el faro a seguir por Milei y su gobierno libertario. Todo lo que ha cambiado la política pesquera en estos 150 días de la nueva administración ha sido para mal. Avance cortra la ley federal de pesca, benevolencia y sumario expres para el armador del TAI AN, desactivación del Consejo Federal Pesquero, desmantelamiento del INIDEP y la estructura de control y fiscalización.

Que la autorización para importar barcos viejos usada no sea el boleto para regresar al menemismo, volver a poner en riesgo la sustentabilidad de los principales recursos y marchitar el brote verde que exhibe la industria naval.

Buen domingo


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